Según cifras presentadas por las diversas organizaciones campesinas, esta “embestida” de la Comisión de Seguridad Agraria ha dejado la criminalización de 180 personas defensoras, 40 desalojos, 10 asesinatos -sólo en 2023-, alrededor 3,000 familias que se han quedado sin sus viviendas y 5,000 manzanas de tierra cultivada totalmente arrasada
Tegucigalpa, Honduras. -Representantes del Bloque Popular Campesino e Indígena han denunciado el fracaso de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, misma que “se ha dedicado a tramitar desalojos” que han sido ordenados por las empresas agroindustriales.
A la denuncia se sumaron diversas organizaciones como: la Plataforma Agraria Regional del Aguan, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), Movimiento Campesino de Hombres y Mujeres sin Tierra de Yoro, el Capítulo de la CNTC- progreso, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) representantes del Pueblo Tolupán y el Bufete Estudios Para la Dignidad.
El descontento de las y los campesinas fue visible, durante la conferencia de prensa brindada en las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA), quienes cuestionaron la ausencia de Francisco Funes, director del INA, y de Rafael Alegría, subdirector.
“Nos hemos convocado aquí, frente a las instalaciones del Instituto Nacional Agrario, para denunciar, una vez más, ante el pueblo hondureño, las organizaciones defensoras derechos humanos y a la comunidad internacional, la violenta embestida que está sufriendo el sector campesino e indígena por parte del Gobierno de la República y las empresas agroindustriales”, expreso Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria.
Según las cifras presentadas por las diversas organizaciones campesinas, esta “embestida” de la Comisión de Seguridad Agraria ha dejado la criminalización de 180 personas defensoras, 40 desalojos, 10 asesinatos -sólo en 2023-, alrededor 3,000 familias que se han quedado sin sus viviendas, al menos y 5,000 manzanas de tierra cultivada totalmente arrasada.
Rivas detalló que toda esta violencia y destrucción se ha dado, contradictoriamente, en el marco del diálogo con la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a Tierra, que “hasta el momento solo ha servido para tramitar desalojos que son ilegales a favor de las empresas agroindustriales”.
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Para Lilian Borjas, coordinadora general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)- Progreso, es reprochable el papel que ha jugado la Comisión de Seguridad Agraria, la que a su criterio se ha plegado a los intereses de las empresas agroindustriales y el capital transnacional.
Además, lamentó las declaraciones brindadas semanas atrás en un medio de comunicación por el director del INA, Francisco Funez, al mencionar que durante un desalojo se movilizó a varios efectivos policiales para expulsar de sus tierras a un grupo de campesinos.
“Para nosotros fue doloroso, porque confiamos en él -Francisco Funes- y nos apuñaló por la espalda, ¿por qué? Porque él es el coordinador de la Comisión de Seguridad Agraria, pero parece que esta comisión se creó para favorecer al empresariado, no para proteger o defender al campesinado”, dijo la entrevistada.
En conversación con Criterio.hn Borjas precisó que la Comisión de Seguridad es quien ha promovido los atropellos en contra de las y los campesinos. En ese sentido, los responsabiliza de cualquier asesinato, atentado y desalojo en las diferentes comunidades.
“A nosotros los campesinos nos dicen que somos invasores, pero no lo somos invasores. Nosotros nos sólo queremos recuperar nuestras tierras, los únicos invasores son los que vienen de otros países, transnacionales y agroindustriales que vienen apropiarse de las tierras hondureñas”, puntualizó.
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COMISIÓN DE SEGURIDAD AGRARIA NO CUMPLE SU ROL
Entre tanto, la representante del Movimiento Amplio para la Dignidad y la Justicia (MADJ), Ileana Morales, manifestó que la Comisión de Seguridad Agraria no su rol de investigar la titularidad de las tierras, ya que no ha presentado información de reformas legales, revisar el tema de latifundio o simplemente cumplir con lo que estaba establecido en su marco de creación.
“Pero esa investigación se ha quedado en el olvido, pues solo estamos viendo que únicamente están haciendo trámites de desalojo. Los números y la evidencia en el campo es contundente, o sea, desde la Comisión se ordena los desalojos a capricho de las empresas agroindustriales”, comento en entrevista con este medio digital.
Morales señaló que el Gobierno está perdiendo una oportunidad de oro, al no cumplir con lo que fue una de sus promesas de campaña, el tema de brindar tierra al sector campesino. “Fue un eslogan fuerte y un compromiso con el sector campesino, pero lo que hemos visto es que el Gobierno ha creado esta comisión, ha realizado convenios bilaterales y firmado con ciertos sectores u organizaciones campesinas, pero que no pasa del discurso al hecho”, cuestionó.
Agregó que es evidente la complacencia que está teniendo el Gobierno de la presidenta, Xiomara Castro, con los sectores agroindustriales “en la falsa interpretación” del tema de inversión.
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ORIGEN DE LA COMISIÓN
La Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra fue creada en junio de 2023, originada del cuestionado Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), lo anterior sin la participación de las organizaciones campesinas e indígenas.
Durante una cadena nacional la presidenta, Xiomara Castro, anunció la creación de la Comisión de Seguridad Agraria, cuya finalidad es revisar el estamento jurídico de las propiedades y adjudicarlas a quienes corresponda legalmente.
Del mismo modo, se encargaría de erradicar el tema de la usurpación que mantiene atemorizada a la población e impide el desarrollo económico en el sector agrario.
Dicha comisión está integrada por el director del Instituto Nacional Agrario (INA), junto al presidente de la junta directiva del Instituto de la Propiedad (IP), el titular del despacho de Desarrollo Económico, y cada miembro del CNDS delegará a un representante ante esta instancia.
