Foto portada: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – Con la llegada de las lluvias, en algunos lugares del país los brotes de las matas de maíz ya empezaron a salir, los pequeños elotes empiezan a robustecer sus mazorcas, mientras en Tegucigalpa, capital de Honduras, un grupo de campesinas y campesinos dejaron sus parcelas para exigir a las autoridades que retomen la agenda agraria como una prioridad.
“Queremos encontrar una respuesta y solución a la problemática campesina, al hambre, a la pobreza, a la discriminación, a la vulnerabilidad que principalmente viven las mujeres y los niños en el campo”, expresó a Criterio.hn Yasmín López, coordinadora general del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA).
Bajo una leve lluvia que caía sobre Tegucigalpa, los campesinos y campesinas de la zona sur, norte y occidente se dieron cita a las 10:00 de la mañana en los bajos del Congreso Nacional. para demandar a este poder del Estado, la derogación del PCM 030-2020 que contiene la reconfiguración del sector agrario a través de un mayor control y presencia del sector agroindustrial y agroexportador, y su reforma en el PCM 041-2023, además la derogación a los artículos 224, 248, 325, 378. Y 379 del Código Procesal Penal.
“La lluvia no nos va a detener, porque es necesario escuchar las voces de los compañeros y compañeras de los territorios, es necesario que conozcan la realidad que vivimos en el campo”.
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DESALOJOS PONEN EN RIESGO SOBERANÍA ALIMENTARIA
Desde las bases de la lucha campesina en reiteradas ocasiones han propuesto la creación de un gabinete agrario, sin embargo, el pasado 6 de junio la presidenta Xiomara Castro, anunció la creación de la Comisión de Seguridad Agraria, aparentemente con la finalidad de revisar el estamento jurídico de las propiedades y adjudicarlas a quienes corresponda legalmente.
La realidad para los campesinos y campesinas, es otra –en lugar de sentirse seguros con la implementación de esta comisión— han sido víctimas de desalojos violentos que los ha dejado a intemperie.
Yasmín López señaló “estos desalojos han puesto en vulnerabilidad la vida humana de nuestros compañeros y compañeras en nuestros territorios. Tener militares en el campo significa inseguridad porque no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas”.
Con los desalojos que se ha generado, el Estado de Honduras ha incurrido en violaciones a derechos a humanos por no adoptar medidas para una reubicación de los campesinos y campesinas que han sido desalojados como lo manda el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) –del cual Honduras es parte—.
PIDESC señala, “cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”.
Sandra Zulema Ochoa, líder campesina de El Triunfo, Choluteca, al sur de Honduras, reafirmó que los campesinas y campesinas siguen siendo víctimas del Estado, de los terratenientes y empresarios agroindustriales, “hay mucha criminalización para los campesinos y somos desalojados de nuestras tierras”.
En ese sentido, pidió a las autoridades hondureñas desarrollar el proceso de entrega de títulos de propiedad, además enfatizó la importancia de tener la debida legalización de tierras. “Ahí (la tierra) es donde cultivamos para tener una verdadera soberanía alimentaria”.
Datos de la Vía Campesina señalan que sólo el 14 % de las mujeres que viven en el área rural, es decir unas 280.000, tiene acceso a tierra porque han comprado o heredado de sus familias.
Una de las principales exigencias al gobierno presidido por la primera mujer presidenta, es la puesta en marcha de la Política de Desarrollo agrícola Integral para la Soberanía Alimentaria con enfoque de género.
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COMISIÓN DE SEGuRIDAD AGRARIA TRABAJA SIN PRESENCIA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO
Desde la Vía Campesina denuncian que las decisiones tomadas en materia agraria se han ejecutado sin la presencia de los principales actores: campesinas y campesinas.
“No comprendemos por qué no hemos sido incorporados, por qué no nos han llamado a las reuniones de trabajo. En esa comisión agraria hay una gran ausencia de los lideres y lideresas campesinas que somos los que tenemos una relación directa con la tierra”, denunció Wendy Cruz, coordinadora de la Vía Campesina en Honduras.
En ese sentido, los campesinos y campesinas le solicitan al gobierno que retome la agenda agrícola que también forma parte del Plan Bicentenario de Gobierno 2022 -2026.
Mientras permanecían en los bajos del Congreso Nacional recibieron información que la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, podría prestar una propuesta y plan de trabajo en Casa Presidencial.
Ante esto, Franklin Almendares, secretario de la Central Nacional de Trabajadores del campo (CNTC), señaló que de ser cierta la ´presentación de la agenda agraria “sería terrible porque sería un desconocimiento al campesinado que debe estar presente en la toma de decisiones”.
´Las organizaciones campesinas que se presentaron en el Congreso Nacional están: La Vía Campesina, Central Nacional de Trabajadores del campo (CNTC), Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), Consejo Indígena Lenca de Honduras (CILAH), Unión Campesina e Indígena de Honduras (FRANAJUC), y Articulación de Mujeres para el Buen Vivir.
