Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. En un tono molesto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), pidió al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), urgir a la Secretaria de Trabajo para que publique la información relacionada al número de contratos laborales suspendidos, la cantidad de empresas cerradas y los datos sobre los despidos reportados durante la crisis sanitaria.
El director ejecutivo del COHEP comunicó que, pese a que como empresa privada han exigido a la Secretaría del Trabajo la información, hasta el momento la entidad no se ha molestado en hacer llegar las respuestas.
“Nosotros hemos solicitados a la Secretaría del Trabajo que informe cuántas empresas oficialmente han notificado la suspensión de los contratos”.
Asimismo, la cantidad de trabajadores que han sido suspendidos de sus plazas laborales, pero hasta el momento “desconocemos esos datos porque ni siquiera la página web que tiene esa secretaría da esa información”, informó a la prensa el representante del COHEP.
En ese sentido, anunció que remitieron una notificación oficial al IAIP para que esta entidad ordene a la Secretaría del Trabajo “la incorporación de esos datos de manera exacta fidedigna y actualizada”. “Creemos que es necesario que el IAIP señale esas cosas que en realidad le exijan al ministerio que cumpla esa obligación”, añadió Urtecho.
Hace tres días el Instituto de Acceso a la Información Pública presentó su segundo examen de transparencia durante la crisis sanitaria. En sus hallazgos enumeró a la Secretaría del Trabajo como una de las instituciones que incumplieron con la Ley de Acceso la Información Pública.
A inicios de abril pasado, en el Congreso Nacional se aprobó la ley de auxilio al sector productivo y los trabajadores ante los efectos provocados por el Covid-19, supuestamente para compensar a los trabajadores suspendidos con un bono económico canalizado mediante el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).
Entre otras cosas, el proyecto requiere a la Secretaría del Trabajo, la actualización permanente del número de contratos de trabajo suspendidos como requisito administrativo para que los trabajadores puedan acceder al bono económico.
