El 18 de agosto de 2025, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del COHEP, y Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S. A., (ya capturada), por suponerlos responsables de defraudar al Estado de Honduras.
Durante el juicio del exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional, Roberto Cosenza, extraditado en 2024 hacia Estados Unidos, admitió en la Corte del Distrito Sur de la Florida que junto a Juan Ramón Molina recibieron sobornos a través de empresas fachadas para asegurar contratos millonarios del Estado de Honduras a una compañía estadounidense.
Cifras del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) detallan que durante la actual administración la Tasa de Seguridad recaudó 11,066 millones de lempiras, mientras que entre 2022 y 2025.
Tegucigalpa, Honduras. –La implicación de Juan Ramón Molina, excoordinador del Fideicomiso Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), en un caso de corrupción y lavado de activos derivado de su gestión en el fideicomiso, ha puesto en entredicho el papel del sector privado.
Ante la noticia, el COHEP reaccionó el 21 de agosto con un comunicado oficial en el que se desligó de las acciones de Molina y aseguró que este actuó “por cuenta propia”.
El documento reconoce que, por mandato legal, el Congreso Nacional otorgó al COHEP un asiento en el comité técnico del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, y que fue la institución empresarial la que nombró a Molina como su representante.
Sin embargo, la directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) insistió en que la conducta del excoordinador de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina, corresponde “exclusivamente a su responsabilidad personal” y no puede manchar el trabajo de miles de empresarios que forman parte del gremio.
El comunicado del gremio empresarial incluyó seis puntos clave. En ellos, el COHEP afirma que no puede ser responsable de los actos de Molina, que nunca recibió informes detallados de su gestión y que la mayor parte de la información de la Tasa de Seguridad estuvo blindada por la Ley de Secretos.
También acusó a funcionarios de lanzar una campaña de desprestigio contra el sector privado, asegurando que se trata de un ataque político que ignora los “sólidos argumentos” ya presentados por la organización.
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EL COHEP NO PUEDE ELUDIR LAS ACCIONES DE MOLINA EN “EL TAZÓN”
Pero las explicaciones no convencieron a la opinión pública ni a sectores sociales. Analistas consultados por Criterio.hn señalan que el COHEP no puede eludir su responsabilidad institucional, dado que fue la organización la que designó directamente a Molina en el comité técnico de la Tasa de Seguridad.
Ismael Moreno Coto, exdirector del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y de Radio Progreso, el COHEP tiene inmediata responsabilidad y no puede eludir las acciones de Molina en el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad.
“La Tasa de Seguridad fue, desde el inicio, un instrumento profundamente vinculado con la corrupción, siempre fue pensada y organizada para favorecer a funcionarios públicos y empresarios”, dijo en entrevista con este medio digital.
Explicó que alegar desconocimiento es insostenible, porque el COHEP tenía facultad de exigirle cuentas y de removerlo si no cumplía. En ese sentido, indicó que el hecho de que no lo hicieran “los hace corresponsables del manejo de la Tasa de Seguridad”.
La explicación sobre que la Ley de Secretos Oficiales impedía conocer los detalles de la gestión de Molina al frente del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, tampoco resulta convincente para los críticos. “Esa normativa limitaba el acceso público, pero los miembros del comité técnico sí debían tener información. Lo que hubo fue complicidad y silencio”, opinó Irías en un foro reciente”, sostuvo el analista.
De igual manera, señaló que el Ministerio Público debería investigar no solo a Molina, sino a las juntas directivas del COHEP que lo mantuvieron como representante durante años, a pesar de que no presentaba informes
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PAPEL DEL COHEP EN EL FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD
En julio de 2011, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Seguridad Poblacional y con ello el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional. En un inició se planteó este fideicomiso para financiar el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, que apoya a la lucha contra la delincuencia común y organizada.
“Esta tasa se cobra a través de gravámenes en transacciones financieras, telefonía móvil y otros sectores, y busca fortalecer a los operadores de justicia para garantizar la paz y el orden en el país”, cita el artículo 1 de dicha normativa.
En el artículo 33 se establece la integración del Comité Técnico, mismo que sería conformado por tres personas electos por el presidente de la República, un segundo director en representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y el tercero por el Foro Nacional de Convergencia (FONAC).
Las personas elegidas fueron Reynaldo Sánchez, actual diputado por el Partido Nacional, por parte del presidente de la República; el COHEP designó a Eduardo Facussé y la sociedad civil escogió a Juan Ferrera.
Sin embargo, la decisión del expresidente Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel por delitos relacionados al narcotráfico, de declarar bajo reserva todo lo relacionado a la Tasa de Seguridad Poblacional, provocó la salida de Facussé y Ferrera.
En sustitución de Facussé el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) designó a Juan Ramón Molina [quien se mantuvo hasta que finalizó la administración de Hernández Alvarado] y por sociedad civil se nombró a Belinda Pavón, actual diputada suplente por el Partido Nacional.
Esto significa que su rol no era simbólico, sino parte de una estructura de poder que administró miles de millones de lempiras sin rendir cuentas claras a la ciudadanía.
En paralelo, el CNA recordó que mediante solicitudes de información sí se pudieron obtener cifras de la recaudación, lo que desarma aún más el argumento de desconocimiento total esgrimido por la cúpula empresarial.
El caso reabre el debate sobre los fideicomisos, figuras que han permitido el manejo de enormes sumas de dinero público con poca fiscalización y con participación tanto del Estado como del sector privado.
Para organizaciones sociales, el intento del COHEP de desligarse de Molina refleja la resistencia del gremio a asumir responsabilidades colectivas en esquemas que beneficiaron a ciertos grupos empresariales
“Es un discurso de defensa corporativa. Lo que buscan es proteger la imagen de la institución, pero la sociedad ya sabe que fueron parte de ese entramado”, manifestó el sacerdote jesuita, Ismael Moreno.
El Ministerio Público ahora tiene el reto de probar las acusaciones contra Molina y, eventualmente, determinar si existen responsabilidades más amplias dentro de las instituciones que lo respaldaron.
De momento, el COHEP se mantiene en una línea defensiva, asegurando que no supo nada de lo que hizo su representante y que no puede cargar con culpas individuales.
Pero los hechos históricos, la legislación vigente y los testimonios críticos apuntan a otra conclusión: la participación empresarial en la Tasa de Seguridad fue real, legal y deliberada, y desligarse de sus consecuencias no será tan sencillo
