El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) lleva ante el Congreso Nacional la iniciativa de ley para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas de desapariciones forzadas durante la década de los 80, en un esfuerzo por enfrentar décadas de impunidad y asegurar los derechos humanos en el país centroamericano
Tegucigalpa, Honduras. — El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), presentó ante el pleno del Congreso Nacional (CN), la propuesta de Ley de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos ocurridas en Honduras en la década de los 80, como producto de la implementación de la doctrina de la Seguridad Nacional.
Por medio de la referida propuesta de ley, se busca alcanzar el derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria y a la reparación o como lo expresó Bertha Oliva, coordinadora general del Cofadeh, la reivindicación de los derechos violentados a una decena de hondureños y hondureñas.
Bertha Oliva confesó que la elaboración de la propuesta de ley no ha sido fácil. “Hay que desprenderse de los intereses personales y asumir el rol histórico como familiares de víctimas”.
En ese sentido, Bertha Oliva expresó “el Estado de Honduras tiene una deuda enorme pendiente”, ante ello, la coordinadora de Cofadeh consideró que este era el momento propicio para presentar la iniciativa de ley. Iniciativa que, a criterio de Oliva, se trabajó con recelo por el contexto de impunidad que existen en el país centroamericano, principalmente en el tema de conocer la verdad y la aplicación de justicia.
De acuerdo con la data del Cofadeh, en la década de los 80, durante la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, se registraron al menos 184 casos de desapariciones forzadas a manos de policías y militares.
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CONFORMAN COMISIÓN
Luego de conocer la propuesta de Ley, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, conformó la comisión de dictamen que estará a cargo del diputado Jari Dixon Herrera,
Dicha comisión legislativa denominada: “Comisión de la Verdad para las víctimas de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional de Honduras”, está conformada además por los diputados: Ligia Ramos (independiente), Silvia Ayala, Bartolo Fuentes, Néstor Yanes del partido Libertad y Refundación; Kritza Pérez y Karla Euceda del Partido Liberal; Edgardo Loucel del Partido Nacional), y Víctor Munguía del Partido Salvador de Honduras.
En ese sentido, Luis Redondo, refirió que a través de la comisión se le dará celeridad para que el proyecto legislativo esté aprobado antes del 30 de agosto, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACNUDH), a través de su cuenta de X reiteró la importancia de la ley, misma que servirá para para avanzar en la garantía de la verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición.
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“NO HA SIDO FACIL”
La desaparición forzada es considerada como una grave violación de los derechos humanos que no sólo afecta a las propias víctimas, sino también a sus amigos y familiares.
En Honduras, la política pública clandestina impuesta entre finales de las décadas de los 70 e inicios de los 90, bajo la doctrina de seguridad nacional fue la responsable de la desaparición de 184 personas por los entes armados del Estado y que hasta la fecha siguen en impunidad.
“No ha sido fácil, elevar y trabajar una propuesta como esta; primero hay que desprenderse de los intereses personales y asumir el rol histórico como familiares de víctimas y como buscadoras ansiosamente de conciliar este país”, expresó Bertha Oliva, fundadora del Cofadeh después que, en junio de 1981 su esposo Tomás Nativí, dirigente de la Unión Revolucionaria del Pueblo (URP), fue sacado de su casa por las fuerzas estatales.
La defensora de derechos humanos, además, manifestó que la única forma de conciliación en Honduras es no “tener miedo a la verdad y ningún temor en aplicar justicia”.
Las desapariciones forzadas forman parte de la memoria histórica de Honduras. El Estado ha sido condenado en al menos tres ocasiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte -IDH) por las desapariciones forzadas de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez en septiembre de 1981, Saúl Godínez Cruz en julio de 1982 y Juan Humberto Sánchez en julio de 1992.
