Hall, López y el suplente Cardona oficializan los resultados más cuestionados en la historia reciente de Honduras, en un proceso marcado por denuncias de injerencia, irregularidades y falta de transparencia
El CNE alega que actuó “sin dolo ni culpa” y que la declaratoria era una obligación constitucional impostergable, pero la falta de escrutinio especial, la no publicación en La Gaceta y las denuncias de injerencia política profundizan las dudas sobre la transparencia del proceso.
Tegucigalpa, Honduras. – ¿Puede hablarse de legalidad y transparencia cuando la declaratoria surge sin recuento total de votos y entre señalamientos de fraude? A treinta días de las elecciones generales y en el límite del plazo que marca la Constitución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó los resultados electorales aún rodeados de denuncias, inconsistencias y acusaciones de manipulación y fraude.
El CNE emitió la noche de este martes 30 de diciembre la declaratoria oficial de las elecciones generales, sin haber concluido el recuento de votos en los niveles de diputaciones y alcaldías.
La decisión fue tomada por las consejeras Ana Paola Hall (presidenta, Partido Liberal), Cossette López (fiscal, Partido Nacional) y el consejero suplente Carlos Cardona, en ausencia del consejero propietario Marlon Ochoa, quien denunció a través de sus redes sociales que no fue convocado a ninguna sesión para la discusión del acta de escrutinio general.
En su argumentación, las consejeras del CNE sostuvieron que las múltiples fallas registradas durante el proceso no se debieron a dolo ni negligencia institucional, y defendieron la declaratoria de los resultados oficiales como una obligación constitucional ineludible. Afirmaron que este acto es esencial para la conformación de los diferentes niveles de gobierno y para garantizar la alternancia en el poder, principio base de la democracia hondureña.
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DECLARATORIA APRESURADA Y TRANSMITIDA POR ZOOM
Sin una cadena nacional y a través de una transmisión vía Zoom, Hall, López –quienes parecieron juntas— y Cardona oficializaron los resultados más controversiales desde el retorno a la democracia hondureña, que a criterio de críticos y analistas supera el fraude electoral de 2017 cuando se impuso Juan Orlando Hernández en el poder. La sesión se realizó pocas horas antes de vencer el plazo legal de emisión, que expiraba a medianoche del 30 de diciembre.
Las funcionarias justificaron su decisión alegando que los escrutinios especiales quedaron inconclusos debido a la interrupción de las Juntas Especiales de Recuento de Votos (JERV). Según explicaron, aunque los escrutinios especiales no concluyeron por razones materiales, primó el deber de emitir la declaratoria para evitar “daños graves e irreparables” al país. Asimismo, aseguraron haber actuado en condiciones de libertad y sin coacción alguna.
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RESULTADOS SIN PUBLICACIÓN OFICIAL
En un hecho inusual, las consejeras informaron que los resultados no serán publicados en el Diario Oficial La Gaceta, argumentando que el contexto no ofrece “condiciones adecuadas”. En su lugar, los datos serán difundidos en el sitio web del CNE y en los principales diarios impresos, replicando el modelo aplicado a la declaratoria presidencial emitida la tarde del 23 de diciembre.
Al defender la validez de la medida, Cossette López sostuvo que la omisión en La Gaceta “no afecta la legalidad del acto”, ya que los resultados “son públicos y verificables”.
Según la declaratoria, la composición del nuevo Congreso Nacional será la siguiente: Partido Nacional: 49 diputados; Partido Liberal: 41; Partido Libre: 35; PINU: 2; Democracia Cristiana: 1 diputado
En el nivel de corporaciones municipales, oficializó la victoria del Partido Nacional en 151 alcaldías, del Partido Liberal en 76, de Libre en 69, del PINU en 1 y de una candidatura independiente en 1 municipio, configurando un mapa local dominado por el bipartidismo tradicional.
El CNE reconoció la existencia de 430 actas con inconsistencias, además de 66 impugnaciones en el nivel de alcaldías y tres en diputaciones —en los departamentos de El Paraíso, Intibucá y Lempira—, que deberán ser resueltas por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), integrado por Mario Flores Urrutia, quien funge como magistrado presidente, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez y Mario Morazán. En los meses previos a las elecciones generales, este órgano enfrentó una fuerte crisis interna y jurídica: el Ministerio Público promovió un antejuicio y presentó requerimiento fiscal contra Flores y Barahona por el presunto delito de prevaricato judicial, al acusarlos de emitir resoluciones contrarias a la ley e inscribir candidaturas sin la integración completa del pleno.
Una vez dada a conocer la cuestionada declaratoria, el titular del TJE, Flores, anunció que solicitará el acompañamiento de organizaciones de sociedad civil, iglesias y alcaldías para el recuento jurisdiccional de votos.
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MARLON OCHOA: «NO PUEDE HABER DECLARATORIA SIN CONTAR TODAS LAS ACTAS«
La mañana de este martes el consejero Marlon Ochoa, solicitó formalmente a la presidenta Ana Paola Hall y a la consejera Cossette López la ampliación excepcional del plazo para la declaratoria de las elecciones generales 2025 en los niveles de diputados y corporaciones municipales, al advertir que aún existe un volumen significativo de actas pendientes de escrutinio. Ochoa advirtió que, en estas condiciones, no era posible emitir una declaratoria definitiva que cumpla con los principios de certeza, transparencia y respeto a la voluntad popular, y sostuvo que una decisión apresurada seguiría dañando la legitimidad del proceso electoral.
A 10 horas que venciera el plazo constitucional, el consejero insistió en que todavía había oportunidad de ofrecer una declaratoria “limpia y transparente”, siempre y cuando se procediera al escrutinio de todas las actas y a la resolución de la totalidad de impugnaciones.
En declaraciones directas, Ochoa acusó a las consejeras de actuar con la “complicidad criminal” del consejero suplente Carlos Enrique Cardona al hacer la declaratoria en el nivel presidencial sin contabilizar la totalidad de las actas, asegurando que en ese caso quedaron 306 sin procesar.
Señaló que “no existe un solo nivel electivo que hoy pueda declararse” sin haber concluido el procesamiento completo de las actas ni haber resuelto todos los recursos, y comparó la situación con el fraude de 2017, al afirmar que este nivel de “usurpación de la voluntad popular” no se había visto ni siquiera en la época de David Matamoros Batson, considerado símbolo de elecciones fraudulentas en el país.
Ochoa advirtió que, si se repetía el patrón aplicado en el nivel presidencial y se emitía una nueva declaratoria sin agotar el escrutinio especial y las impugnaciones, presentaría una denuncia ante el Ministerio Público para que se impulsen requerimientos fiscales contra quienes, a su criterio, pretenden “asaltar” la soberanía popular.
Al margen de las fuertes tensiones internas en el CNE, el consejero dejó claro que no avalará ni prestará su firma a una declaratoria que, según sus palabras, consagre un fraude por omisión del conteo total de votos, profundizando así la crisis de confianza en torno a los resultados de las elecciones de 2025.
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DENUNCIAS DE GOLPE ELECTORAL
Analistas políticos calificaron el proceso como “las elecciones más sucias”, con denuncias de manipulación de resultados, inconsistencias en actas y la injerencia directa del presidente estadounidense Donald Trump, quien pidió el voto a la ciudadanía por Nasry Asfura prometiendo ayuda para el país y la liberación de Juan Orlando Hernández, misma que se oficializó un día después de las elecciones del 30 de noviembre.
La candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, reaccionó a la declaratoria electoral, calificando el acto como un “golpe electoral consumado”. En un mensaje a través de sus redes sociales, Moncada denunció la “usurpación de la soberanía popular” y acusó a Donald Trump, al Partido Nacional y al crimen organizado de haber mancillado el orden democrático de Honduras.
Señaló que la declaratoria, emitida sin contar todas las actas y votos, representa una violación directa a la Constitución y la Ley Electoral. Con un llamado a la movilización ciudadana, aseguró que el pueblo hondureño enfrenta una nueva etapa de “lucha popular en defensa de la verdad y la democracia”, advirtiendo que los “asaltantes del poder” cargarán para siempre con el estigma del fraude.
Por su parte, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, señaló que la declaratoria era “un acto fallido” y aseguró que no reconocerá a Tito Asfura como presidente.
Aunque el CNE insiste en que su actuación salvaguarda la democracia y la alternancia en el poder, la ausencia de recuento completo de votos, la no publicación en La Gaceta y la emisión de la declaratoria por vías digitales alternativas intensifican la desconfianza ciudadana y la percepción de que el proceso fue cerrado de forma precipitada. Con este acto, las autoridades electorales dan por concluidos los comicios más polémicos en la historia reciente de Honduras, dejando abierto el debate sobre la legitimidad del resultado y el respeto a la voluntad soberana del pueblo.
El fiscal general, Johel Zelaya anunció, tras la declaratoria oficial, que el Ministerio Público iniciará acciones judiciales para investigar las anomalías del proceso electoral, luego de haber permanecido al margen durante su desarrollo para no influir en la voluntad popular. Señaló que estas acciones buscan garantizar transparencia y rendición de cuentas, y advirtió que ningún acto contra la soberanía popular quedará impune
