Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó denuncia por malversación de caudales públicos contra alta exfuncionaria de Casa Presidencial en el periodo de gobierno 2010-2014.
La Unidad de Investigación del CNA después de haber conocido los hechos, abrió una línea de investigación en donde identificó que el 28 de junio del 2011 la exfuncionaria denunciada abrió una cuenta de cheques en una institución bancada a nombre de la oficina que ella representaba.
En un comunicado del CNA se informa que se constató que la Secretaría de la Presidencia transfería mensualmente fondos a esa cuenta, con el objeto de que esos fueran utilizados para los gastos administrativos en los que incurría esa oficina, para el sostenimiento de la misma; de igual manera se identificó que esa cuenta también era alimentada por transferencia de fondos de otras instituciones también dedicadas a proyectos sociales.
En seguimiento a la investigación sostenida por el CNA se logró verificar que, en la administración de esa cuenta, la exfuncionaria era la única persona autorizada para la emisión de cheques y retiro de fondos; en razón de lo anterior una de las acciones denunciadas es la transacción financiera atípica que se realizó el 22 de enero del año 2014, cinco días antes que la exfuncionaria vacara en su cargo.
Posteriormente la denunciada se personó a la ventanilla de la institución bancaria a fin de retirar la cantidad de DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (L 12,272,051.42), y luego depositarlos a su cuenta personal en el mismo banco. Consecuentemente, el CNA considera de manera técnica y jurídica, que el ilícito se perfecciona con el incumplimiento de las disposiciones reglamentarias establecidas por la Secretaría de Finanzas, en donde prohíbe la apertura de cuentas para la administración de fondos públicos en la banca privada.
En este proceso investigativo, el CNA remitió al Ministerio Público (MP) un expediente que contiene elementos fehacientes e irrefutables que determinan la responsabilidad penal de la denunciada, por tal razón se imputa la supuesta comisión del delito de Malversación de Caudales Públicos por Apropiación, consistiendo en que “El funcionario o empleado público que se apropie de caudales, bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa”, según lo prescrito en el artículo 370 del Código Penal hondureño.
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Por todo lo anterior y en uso del derecho a la libertad de expresión consignado en la Constitución de la República, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el derecho de petición, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó ante la Secretaría General del Ministerio Público la denuncia correspondiente, en virtud que el perjuicio ocasionado al Estado, es de alto impacto y sobre todo promoviendo un delito que históricamente, los entes encargados de impulsar la acción penal pública difícilmente han podido probar, debido a la complejidad para acreditar que los funcionarios se apropian del dinero para su beneficio personal.
