Tegucigalpa, Honduras.- Un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) revela que 47 aspirantes a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia han cometido acciones irregulares o han tenido vinculaciones con actos de corrupción.
El informe en cuestión, que elaboró la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), lo remitió la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, a la Junta Nominadora el 13 de diciembre de 2022. El informe consta de 35 páginas y, a partir de la novena página, se aprecia el perfil de 105 postulantes a ser candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia entre 2023 y 2030.
El 28 de noviembre de 2022, la Junta Nominadora solicitó al CNA, mediante oficio S-JN-060-11-2022, que les proporcionara “informes de casos y situaciones que han llegado a su conocimiento sobre casos de corrupción con indicios suficientes y directos, por parte de alguna de las personas postulantes en el proceso de selección de candidatos (as) a magistrados (as) de la Corte Suprema de Justicia, u otra información que pueda ser del interés de la Junta Nominadora en su proceso de evaluación y que pueda limitar la idoneidad para el ejercicio del cargo a magistrado o magistrada a la Corte Suprema de Justicia de las personas postulantes”.
Aunque la solicitud de la información se efectuó durante la fase de investigación socioeconómica, fue hasta en la actual fase, la que contempla denuncias y tachas, que el informe del CNA cobró relevancia. El 27 de diciembre de 2022, concluirá el período de recepción de denuncias y tachas por parte de la Junta Nominadora, según establece el artículo 31 del reglamento de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora.
La denuncia sirve como un insumo de información que le permite a la Junta Nominadora determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales por parte de alguna de las personas postulantes. Algunos de los ejemplos incluyen violaciones de derechos humanos, violencia doméstica, incumplimiento familiar, acoso o explotación laboral, violencia contra la mujer y comisión de cualquier delito doloso e imprudente.
Mientras tanto, las tachas están destinadas a determinar si las personas postulantes cuentan con incumplimiento de requisitos, existencia de inhabilidades o falta de idoneidad, integridad, ética y honorabilidad.
Dentro del informe, que según el CNA plantea como objetivo “presentar los hallazgos de importancia de los candidatos a la nueva Corte Suprema de Justicia mediante una investigación y análisis especializados donde se muestren acciones irregulares, o relacionadas con cualquier tipo de acto de corrupción con la finalidad que sirva de insumo para la Junta Nominadora”, se identifican al menos 18 personas cuyos actos están reñidos con la ley.
El CNA también perfiló a José Adalid Rodríguez Rosa, César Antonio Pinto, Sergio Daniel Rivera Sagastume y Rosa Helena Bonilla Galindo, pero todos estos postulantes fueron desechados después de que concluyó la fase de investigación socioeconómica.
GRAVES SEÑALAMIENTOS
Una de ellas es Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, actual magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, por haber sido fichada y detenida por delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Asimismo, el exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), José Tomás Guillén Williams, contra quien se declaró auto de formal prisión por el delito de fraude en perjuicio del Estado hondureño. Sin embargo, finalmente fue sobreseído definitivamente.
Hasta el 23 de diciembre de 2022, un total de 101 postulantes continuaban en carrera por llegar a la Corte Suprema de Justicia durante el período 2023-2030.
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Otra persona señalada es Ingrid Ebelinda Monzón López, quien estuvo señalada por pretender influir favorablemente a favor de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla, cuando ella se desempeñó como la jueza natural que conoció el caso. Además, se le acusó de sostener una relación amorosa, en paralelo con el juicio, junto a Julio César Ramírez Mejía, quien se desempeñaba como defensor privado de Bonilla.
El exfiscal general adjunto, Yuri Fernando Melara Berlioz, es otro de los postulantes que aparece perfilado como poco idóneo para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El CNA hizo referencia a que en 2004 el Gobierno estadounidense le retiro su visa, por considerarlo una persona corrupta. Se le vinculó con delitos de falsificación de documentos públicos.
Mario Alejandro Calderón Maldonado, amigo y socio del presidente del Partido Nacional, David Chávez, también fue perfilado por su implicación en el desfalco al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) a través de la empresa Grupo Visión, de la cual fungió como gerente.
Edin Yobany de la O Ramos figura por la denuncia que presentó el CNA en su contra, por el delito de prevaricación en perjuicio del buen funcionamiento de la administración pública, y Emilio Cabrera, por haber recibido pagos indebidos por haberse desempeñado, sin licencia alguna, como diputado del Congreso Nacional y como asesor de la Secretaría de Educación simultáneamente, percibiendo sueldos en ambos lugares.
Otra persona que figura en lista del CNA es Rebeca Lizeth Ráquel Obando por relaciones profesionales con Alberto Muccioli Ordóñez, quien cuenta con medidas de aseguramiento y orden de captura por parte de Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por vínculos con el narcotráfico.
Los actuales magistrados, María Fernanda Castro Mendoza, Edwin Francisco Ortez Cruz y Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, también son recordados por haber sido los responsables de haber otorgado libertad a los 22 implicados en el caso de corrupción a gran escala conocido como Caso Pandora.
Otro magistrado señalado es Rafael Bustillo Romero, quien liberó a sus correligionarios del Partido Nacional, Tomás Zambrano y Román Villeda, quienes habían sido implicados en el Caso Pacto de Impunidad. Zambrano actualmente es jefe de la bancada nacionalista en el Congreso Nacional.
De los seis magistrados que buscan la reelección únicamente el liberal Edgardo Cáceres Castellanos no figura relacionado con actos de corrupción, mientras que, a Jorge Abilio Serrano Villanueva, también liberal, se le señala por haber sido identificado como un magistrado que impulsó la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE).
Fredis Cerrato, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), se le menciona entre los funcionarios del Poder Ciudadano, presidido por Manuel Zelaya Rosales, por haber recibido fondos del proyecto de la Cuarta Urna.
El excanciller de la República, Milton Jiménez Puerto, aparece señalado por haber poseído vínculos con Luis Alonso Deras, socio de Inversiones Acrópolis y testaferro del Cártel Los Cachiros. Deras le otorgó a Jiménez Puerto un poder general para pleitos en 2018.
Norma Iris Coto Santos figura en el listado porque, mientras fungió como magistrada de la Corte Apelaciones de San Pedro Sula, el Ministerio Público solicitó un antejuicio en su contra por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Además, se señala a Aída Estela Romero, esposa del exmagistrado penal, Jacobo Antonio Cálix Hernández, y cuñada del narcotraficante Mario José Cálix Hernández, que está prófugo de la justicia hondureña y estadounidense.
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De igual modo, Nelson Omar Madrid, contra quien el Ministerio Público presentó en 2016 una solicitud de antejuicio por varios delitos de corrupción, y Conan Argueta Bourdett, quien es sospechoso por delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, según denuncias de 2015. +
RESTO DEL PROCESO
Después de que termine la etapa de denuncias y tachas, los nominadores procederán a realizar las entrevistas públicas a las personas postulantes que continúen activas en el proceso y a aplicar la matriz de evaluación técnica. A raíz de ello, se elaborará un listado mínimo de 45 candidatas y candidatos, que se remitirá al Congreso Nacional a más tardar el 23 de enero de 2023.
Allí en el Legislativo, con al menos 86 votos, los diputados y las diputadas seleccionarán a las 15 personas que desempeñarán en las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia entre 2023 y 2030. A designación de quien resulte presidente de la Corte, la Sala Constitucional estará conformada por cinco magistradas y magistrados, mientras que el resto de los tribunales, Penal, Civil y Contencioso Administrativo, se integrarán por tres togadas y togados, cada uno.
POSTULANTES CON HALLAZGOS POR PARTE DEL CNA
- Miriam Suyapa Barahona Rodríguez
- Miguel Fernando Ruiz Rápalo
- José Adalid Rodríguez Rosa
- Nancy Carolina Sandoval Escoto
- Luis Fernando Padilla Castellanos
- José Tomás Guillén Williams
- Ingrid Ebelinda Monzón López
- Wagner Vallecillo Paredes
- Jorge Abilio Serrano Villanueva
- José Raúl Pineda Alvarado
- Yuri Fernando Melara Berlioz
- Mario Alejandro Calderón Maldonado
- José Joaquín Lizano Casco
- Edin Yobany de la O Ramos
- Anny Belinda Ochoa Medrano
- Emilio Cabrera Cabrera
- César Antonio Pinto Pacheco
- Marvin Oswaldo Ferrera Alvarenga
- Rebeca Lizeth Ráquel Obando
- Ismael Molina Rodríguez
- Gaudy Alejandra Bustillo Martínez
- Gerardo Enrique Gómez Cobos
- Danelia Ferrera Turcios
- Luis Alonso Discua Cerrato
- Isbela Bustillo Hernández
- María Fernanda Castro Mendoza
- Edwin Francisco Ortez Cruz
- Nery Mauricio Miranda Sanabria
- Fredis Alonso Cerrato Valladares
- Rafael Bustillo Romero
- Jorge Alberto Zelaya Zaldaña
- Sergio Daniel Rivera Sagastume
- Roxana Liceth Morales Toro
- Norma Iris Coto Santos
- Sonia Marlina Dubón Villeda
- Milton Danilo Jiménez Puerto
- Carlos Alberto Gómez Moreno
- Oliver Gerardo Erazo Gómez
- Rosa Helena Bonilla Galindo
- Odalis Aleyda Nájera Medina
- Marco Tulio Barahona Valle
- Damián Gilberto Pineda Reyes
- Lester Ilich Mejía Flores
- Hermes Omar Moncada
- Aída Estela Romero Reyes
- José María Díaz Ávila
- Nelson Omar Madrid Chinchilla
- Conan Rafael Argueta Bourdett
- Edwin Alberto Anemis López
