Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. – Mediante un pronunciamiento público el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), plantea la necesidad que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad del Código Penal que entró en vigencia el 25 de junio de 2020.
La petición se formula en aras de que se reviertan los excesos que la normativa ha cometido en el combate a la corrupción en Honduras.
El CNA espera que, a poco más de un mes para que se cumpla un año de la presentación del recurso de inconstitucionalidad del Decreto n.º 130-2017 que dio vida al nuevo Código Penal de la Impunidad, el Poder Judicial tome el camino correcto y declare que la normativa mencionada debe dejar de tener vigencia en el país.
Consideran que la danza de la impunidad, protagonizada por señalados de delitos contra la Administración pública y criminalidad organizada, es la prueba más fehaciente de que quienes vendieron ese instrumento jurídico, le mintieron a la sociedad y adornaron con palabras lo que al final sería el premio por actuar de manera deshonesta en el manejo de los fondos del erario.
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Para el CNA, la excusa del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, referente a conocer sobre los recursos interpuestos, debe ser la antesala a la declaración de inconstitucionalidad, pues la aprobación de esa ley estuvo plagada de vicios que desde mediados de 2020 fueron señalados.
Contener penas que son lesivas para la dignidad humana, violatorias a derechos fundamentales y otras que desprotegen a sectores de la sociedad hondureña, no puede ser ignorado por los togados que decidirán el destino de la legislación penal en una decisión que debe apegarse a lo aprendido en las cátedras de Derecho que los instruyó y no en presiones de carácter político, rozando lo criminal.
Desde el CNA esperan que la decisión sea consecuente con la declaración de inviabilidad del código y la posterior rectificación de lo legislado, pues un grupúsculo de mafiosos no puede ni tiene el derecho de imponerse sobre una sociedad que sufre, lucha por salir adelante y no merece la calidad de funcionarios que la rigen, finaliza diciendo el pronunciamiento.
