CNA divulga nombres de corruptos que han dilapidado el erario público con millones de lempiras

David Chávez, Roberto Martínez Lozano, Rosa Elena Bonilla de Lobo, Rolando Dubón Bueso, entre los señalados

Entre los años 2014 al 2017, el CNA ha presentado 67 líneas de investigación ante los órganos persecutores del delito, que han generado un perjuicio al erario público de 2,945 millones de lempiras.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este jueves ante la opinión pública cinco líneas de investigación de casos de corrupción, cuyas denuncias vienen siendo presentadas ante el Ministerio Público desde el 2014, sin que hasta la fecha hayan sido investigadas.

El informe fue presentado en un concurrido acto en un hotel capitalino bajo la coordinación de la directora del CNA, Gabriela Castellanos, quien junto a su equipo técnico de investigación presentó las pruebas que destapan escandalosos actos de corrupción en el Programa de Asignación Familiar (Praf) y en el Despacho de la Primera Dama, que involucran al ex primera dama de nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014); en el Instituto Nacional de Formación  Profesional (Infop) durante la gestión del actual diputado al Congreso Nacional por el Partido Nacional, David Chávez Madison (2010-2013), quien habría ocasionado un perjuicio en contra del Estado  por L. 21,912,430.11. En esta línea de investigación se involucra además al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Olivio Rodríguez.

Asimismo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) durante la gestión del gerente, Roberto Martínez Lozano (2011) señalado por firmar contratos con Los Cachiros y las empresas de éstos; en la Secretaría de Salud 2010-2015 y 2008-2014.

También se presentó el caso “Calderas” del Instituto Hondureño de Seguridad Social, sin profundizar en otras irregularidades de este insigne caso de corrupción que fue el detonante para la firma del convenio entre el gobierno de Honduras con la Organización de Estados Americanos (OEA) para la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Descargue aquí: Casos corrupción CNA

ACCIONES DEL CNA

Entre los años 2014 al 2017, el CNA ha presentado 67 líneas de investigación ante los órganos persecutores del delito, que han generado un perjuicio al erario público de 2,945 millones de lempiras.

El CNA estima que con el perjuicio causado, el Estado de Honduras hubiera realizado cualquiera de las siguientes acciones:

• Construido la carretera al sur (Tegucigalpa-Choluteca)
• Pagado un mes de salario de todo el sector público (190,000 burócratas).
• Comprado 4,200 patrullas, evitándose el alquiler

Costeado el tratamiento anual de 5,112 pacientes renales

CONOZCA CADA UNO DE LOS CASOS:

CASO EX PRIMERA DAMA (2010-2014)

El 27 de febrero 2017, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) recibió denuncia anónima, mediante el mecanismo de plataforma de denuncia, que hacía referencia a supuestos actos de corrupción, cometidos por la ex primera dama de la nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien se apropió de caudales del Estado que se encontraban depositados en una cuenta de la banca privada, a nombre de Casa Presidencial Despacho de la Primera Dama.

 El 12 de mayo del 2017, la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), en ejercicio de lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitó a una institución financiera la información referente a los movimientos bancarios de fondos públicos depositados en la cuenta No. 001-102-50790 a nombre de Casa Presidencial Despacho de la Primera Dama, durante los años 2010 al 2014.

 La institución financiera responde a la solicitud de información realizada por el CNA anexando los movimientos bancarios y adicionalmente manifiestan que la cuenta bancaria fue aperturada el 28 de junio del 2011 y cancelada el 28 de febrero del 2014. Una vez analizada la información se identificó una transacción atípica por la cantidad de L 12, 272,051.42, realizada el 22 de enero del 2014, en la agencia principal de dicho banco, a tan solo seis días antes de concluir el periodo presidencial, mediante la cual dejan en cero la cuenta bancaria.

El 18 de julio del 2017, se solicita nuevamente en base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante oficio CNA-498-2017 a la institución financiera, información sobre las personas que tenían firma autorizada para disponer de los fondos públicos asignados a la cuenta No. 001-102-50790 a nombre de Casa Presidencial Despacho de la Primera Dama y específicamente sobre la transacción de pago mediante el cheque realizada seis días antes de concluir el periodo presidencial.

En respuesta a la solicitud, la institución bancaria requerida manifiesta que la cuenta bancaria únicamente tuvo registrada la firma de la ex primer dama, y en cuanto al cheque No. 526, el mismo fue pagado en ventanilla por la cantidad de L. 12, 272,051.42, el día miércoles 22 de enero de 2014 a las 3:46 p.m. y se depositó en la cuenta personal de cheques en lempiras, a nombre de la denunciada.

ANÁLISIS FINANCIERO DEL CASO

Mediante análisis financiero de documentación solicitada a la institución bancaria se corroboró que los fondos a nombre de dicha oficina estatal, fueron trasladados a la cuenta personal de dicha ex funcionaria del Poder Ejecutivo y se identificó un perjuicio del 100% de los fondos afectados en la transacción realizada con el cheque número quinientos veintiséis (526), ya que se confirmó que existió apropiación de fondos públicos por un monto de L. 12, 272,051.42.

ESTRUCTURA 1, SECRETARÍA DE SALUD

Los comités de compras designados por la Secretaría de Salud, durante el periodo 2010 al 2015, fueron denunciados por el CNA, por la adjudicación de irregular de L.314, 109,509.39, compra que fue distribuida en seis empresas.

El 21 % de las compras se efectuaron en el departamento de Francisco Morazán, seguidas de los departamentos de Choluteca, Colón y Cortés. Dentro de las propuestas de oferta se identificó una evidente colusión de oferentes, ya que en las escrituras de constitución de las empresas que participaron en los procesos de licitación se evidenció la relación de parentesco y capital social que existe entre los socios de las seis empresas, constituyendo un grupo familiar con el objetivo de garantizar la contratación de suministros, permitiéndoles participar de forma exclusiva en quinientos sesenta y tres  órdenes de compra, sobrevalorando precios de los bienes y servicios que ofrecieron.

MODUS OPERANDI

Se encontró que las seis empresas sobrevaloraron los precios en un 49% del total cotizado en el mercado actual. Como muestra el CNA tomó una muestra de la tableta azitromicina de 500 miligramos, la cual fue vendida a un precio unitario de 101.95 lempiras, cuando su costo cotizado en la misma casa comercial era de 12 lempiras, reflejando una diferencia de 89.95 lempiras.

Como resultado del análisis y procesamiento de la documentación de 1,352 órdenes de compra, donde se realizó un análisis comparativo de precios de mercado, utilizando como referencia el periodo de enero 2015 a abril de 2017 para medicamentos, material médico quirúrgico y material odontológico, se pudo determinar la sobrevaloración de precios de un 49% del monto total cotizado, mismo que representa un perjuicio para el Estado de 85, 059,722.44 lempiras.

ESTRUCTURA 2, SECRETARÍA DE SALUD

El CNA logró además identificar irregularidades en las diferentes regiones departamentales y hospitales de la Secretaría de Salud durante los periodos 2008 al 2014, que hacían referencia a la adjudicación de 195 órdenes de compra a seis empresas privadas que vendieron material médico quirúrgico, textil, insumos farmacéuticos y equipos médicos a través de los procedimientos de contratación privada.

También, se constató que las adjudicaciones realizadas a las seis empresas, se autorizaron a través de un comité de compras integrado por: un director de cada hospital y región departamental, los administradores y los jefes de almacén, encargados de velar que las empresas a adjudicar cumplieran con los estándares de precio, cumplimiento, especificaciones técnicas establecidas en las necesidades, así como los principios de eficacia, transparencia, publicidad e igualdad que establece la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Desarrollada la actividad investigativa se analizó el proceso o mecanismo de contratación utilizado por la Secretaría de Salud, comprobándose que las licitaciones privadas fueron fraccionadas, asimismo, los valores de todas las compras no sobrepasaban el techo que establecían las Disposiciones Generales del Presupuesto de la República de los años investigados, y las compras de bienes y servicios no superaban 425,000.00 lempiras.

 Analizada la información por el CNA, se estableció el modo de operar, confirmándose que los socios de las empresas investigadas tienen vínculos familiares; teniendo un interés común y un modelo de comunicación consensuado entre terceros para poder adjudicar, pudiéndose acreditar que los particulares que participaron en representación de las empresas ofertantes son esposos y socios de las sociedades mercantiles que participaron en las adjudicaciones, siendo estas favorecidas por la Secretaría de Salud en los periodos mencionados.

Análisis Financiero

 El procesamiento de la documentación consistió en la digitalización de las órdenes de compra para obtener el monto adjudicado que asciende L. 57, 429,789.29, por los 195 procesos de adquisición de la Secretaría de Salud durante el periodo de 2008 al 2013.

La proyección financiera elaborada por el CNA, consideró 195 procesos de adquisición de insumos médicos, celebrados entre la Secretaría de Salud y seis (6) empresas relacionadas entre sí, que adjudicaron L. 57, 429,789.29. No obstante, con base a las indagaciones en el mercado nacional, se puntualiza un valor real de la provisión que asciende a L. 32, 513,582.72.

CASO ENEE

CONSTRUCCIÓN DEL CAMPAMENTO BASE DEL COMPLEJO ENERGÉTICO VALLE DE AGUÁN

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con la intención de solucionar la problemática de escasez en la producción del suministro eléctrico existente en el país, en el año 2011 crea la Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable y de esta misma ley, nace la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER), quien estaría a cargo de la supervisión y construcción de los proyectos de energía renovable que tenían carácter de apremiante necesidad de construcción.

Entre estos proyectos se encuentra la construcción del Complejo Energético Valle del Aguán, ubicado en el municipio de Arenal, departamento de Yoro. El que tenía la finalidad de generar energía mediante la creación de proyectos de biomasa y energía solar.

El 22 de agosto del 2011, el ex gerente general de la ENEE y el ex director ejecutivo de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER), firmaron en la ciudad de Tegucigalpa el contrato de construcción de las unidades de viviendas, oficinas y obras adicionales para el Complejo Energético Valle del Aguan con la compañía constructora adjudicada por un monto total de L. 22, 732,994.99.

El 19 de abril del 2017, el CNA, presentó denuncia ante el Ministerio Público, por los supuestos actos de corrupción cometidos en el proceso de contratación para la construcción de unidades de viviendas, oficinas, obras adicionales y mantenimiento en el campamento base del Complejo Energético Valle de Aguán, ejecutado por la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) dependencia adscrita a la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE).

El valor pagado asciende a 793,167.70 mensuales durante el periodo de vigencia del contrato. El equipo investigativo logró identificar que la ENEE incurrió en duplicidad de pagos por concepto de vigilancia en el campamento del Complejo Energético Valle del Aguan, ya que por un lado suscribió un contrato por L. 793,167.70 con la empresa constructora para que le prestara los servicios de mantenimiento y vigilancia del campamento, y por otro pagaba en concepto de planilla de vigilancia la cantidad de L. 75,000.00 mensuales al Ingeniero residente en el proyecto.

Como producto de las diligencias realizadas por el equipo investigativo de la UIASC se tuvo la capacidad de establecer a través de avalúos de las obras civiles y el análisis financiero de la documentación que respalda la ejecución de los contratos y ordenes de trabajo en construcción de obras adicionales, una inversión total de L. 39, 554,079.16, identificando una posible sustracción de fondos por concepto de sobrevaloración de costos de la obras civiles y mantenimiento generando un perjuicio en contra de las finanzas del Estado de Honduras por L. 17,822,429.46.

En este caso, el CNA señaló al exgerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano de suscribir los contratos con la grupo criminal de narcotraficante Los Cachiros y luego con su representante legal a través de una empresa su propiedad.

CASO PRAF

Contratos por servicios de capacitación

Estructura 1

El 13 de octubre del 2017 el CNA denunció ante el Ministerio Público actos de corrupción cometidos en el otorgamiento y pago de contratos por servicios de capacitación a dos asociaciones civiles. La Unidad de Investigación, realizó las primeras averiguaciones en las que se logró identificar que mediante el programa de capacitaciones Proyecto Bono Juvenil (BJ), se concedieron los pagos a las asociaciones civiles; por lo que se tomó la decisión de dirigir el rumbo del caso hacia este programa de capacitación en específico.

 El proceso de contratación utilizado por el PRAF en el otorgamiento de los contratos por servicios de capacitación es el de contratación directa, utilizando un total de tres (3) cotizaciones de proveedores no relacionados entre sí para la selección de la mejor oferta, y no excediendo la cantidad L. 180,000.00 establecida en el artículo 36 de las Disposiciones Generales del Prepuesto General de la Republica del año 2011.

De un total de 177 contratos, 94 fueron pagados a la asociación 1 por un valor de L. 16, 551,360.91 y 83 contratos fueron pagados a la asociación 2 por un valor total de L. 14, 918,586.28. Por lo que el monto total pagado asciende a L. 31, 469,947.19.

Anomalías Encontradas en los Contratos

Como parte de la investigación financiera realizada a los contratos proporcionados por el PRAF, se logró identificar que un mismo día se otorgaban un conjunto de contratos en concepto de servicios de capacitación favoreciendo a las asociaciones civiles, con la clara intención de realizar una fragmentación de los montos contratados.

En el transcurso de la investigación financiera se pudo identificar que las asociaciones civiles se auto descalificaban a propósito de procesos de contratación con la intención de favorecer a una de las asociaciones, para que fuera seleccionada y se le adjudicaran contratos.

Por medio de un trabajo analítico financiero realizado a las propuestas económicas de todos los contratos, se logró identificar que existió colusión en dos procesos de contratación donde se le adjudicaron un total de 40 contratos a la asociación civil 1.

En estos dos procesos por ser contrataciones directas y según las bases establecidas por el PRAF debían participar tres cotizantes no relacionados entre sí, y el que presentara la mejor oferta, es a quien se le adjudicaban los contratos. Como parte de la investigación se decidió solicitar información en la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), con la intención de identificar los miembros de las juntas directivas de todas las asociaciones que participaron en los procesos de contratación. Una vez terminado el análisis se logró identificar que en los 40 contratos adjudicados a la asociación civil 1, los tres participantes en la licitación tenían una clara relación entre sí.

Se determinó mediante el estudio económico realizado por el analista financiero otorgar un porcentaje del 40% de diferencia por perjuicio a cada capacitación y asignar un porcentaje del sesenta por ciento 60% de “Valor Según CNA”, con el objetivo de conseguir un monto de proyección estimado a cada capacitación, obteniendo como resultado que existe un perjuicio generado por un monto total de L. 12, 587,978.88.

CASO PRAF ESCRUCTURA 2

En fecha 13 de octubre del 2017, el CNA denunció ante el Ministerio Público, supuestos actos de corrupción cometidos en el otorgamiento y pago de contratos por servicios de capacitación a una empresa determinada.

En las diligencias investigativas realizadas, se logró identificar que los programas de capacitaciones Proyecto Bono Juvenil (BJ) y Proyecto Desarrollo Integral de la Mujer (DI MUJER), son los programas de capacitación que concedieron todos los pagos a una sola empresa. El proceso de licitación utilizado por el PRAF, es el de contratación directa, utilizando un total de tres (3) cotizaciones de proveedores no relacionados entre sí para la selección de la mejor oferta, y no excediendo la cantidad de L. 180,000.00 establecido en el artículo 46 de las Disposiciones Generales del Prepuesto General de la Republica del año 2012.

Posteriormente se determinó incluir únicamente los contratos de servicios de capacitación que fueron firmados y pagados en un periodo de tiempo comprendido entre el año 2010 al 2014. El número total de contratos asciende a 243, en un periodo de tiempo del año 2012 al 2014. Lo que representa un monto total pagado de L. 43, 625,750.00.

IRREGULARIDADES

Como parte de la investigación financiera realizada a los expedientes de los contratos proporcionados por el PRAF, se logró identificar que en un mismo día se otorgó un conjunto de contratos en concepto de servicios de capacitación favoreciendo a la sociedad mercantil, todo este procedimiento se desarrollaba con la clara intención de realizar una fragmentación de los montos contratados.

En el transcurso de la investigación financiera efectuada a las propuestas económicas incluidas en el expediente de cada uno de los contratos proporcionados por el PRAF, se logró identificar que dos distintos cotizantes utilizaron el mismo formato de propuesta económica. Esta coincidencia en las propuestas económicas nos llamó la atención, ya que no es posible que dos cotizantes que no tienen ningún tipo de relación entre si puedan enviar al PRAF una propuesta económica en la que los nueve ítems que la conforman coincidan exactamente, por lo que generó altas sospechas de que las propuestas fueron llenadas de forma premeditada con la intención de burlar los procesos y favorecer a la empresa ganadora de los contratos.

Continuando con el trabajo analítico financiero realizado a las propuestas económicas de todos los expedientes de los contratos proporcionados por el PRAF, se identificó la existencia de colusión en un proceso de contratación donde se adjudicaron 25 contratos a la sociedad mercantil.

En este proceso por ser contratación directa y según las bases establecidas por el PRAF debían participar tres cotizantes no relacionados entre sí, y el que presentara la mejor oferta, es a quien se le adjudicaban los contratos. Al momento que se analizaron los expedientes de los 25 contratos, se identificó en las escrituras públicas de las sociedades mercantiles cotizantes que fueron creadas el 13 de julio del 2006 en las oficinas del mismo notario y ambas sociedades mercantiles tienen como socios a las mismas personas.

Mediante una revisión a las listas de asistencia de cada capacitación, se identificó que algunos de los instructores aparecen en varios lugares simultáneamente. Esta irregularidad se presentó en doce instructores distintos, los que impartieron un total de sesenta y seis (66) capacitaciones en los años 2012 y 2013. En algunos casos se encontró que un solo instructor aparece en cuatro departamentos distintos un mismo día.

Se determinó mediante el estudio económico realizado por el analista financiero otorgar un porcentaje del cuarenta por ciento (40%) de diferencia por perjuicio a cada capacitación y asignar un porcentaje del 60% de “Valor Según CNA”, con el objetivo de conseguir un monto de proyección estimado a cada capacitación, obteniendo como resultado un perjuicio generado por un monto total de L. 17, 450,300.00.

CASO TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE)

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó denuncia ante el Ministerio Público, por actos irregulares en la adjudicación de contratos otorgados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en donde Magistrados del ente declararon situación de emergencia con el fin de realizar la compra de bienes y servicios para la práctica de las elecciones generales que se llevaron a cabo en los años 2009, 2012 y 2013, con la justificación que el presupuesto general de ingresos y egresos de ese año no fue aprobado y no contaban con los recursos necesarios para la adquisición de los servicios, equipo y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones electorales, por lo que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, adoptaron con carácter de urgencia, las medidas para adquirirlos en el menor tiempo.

De estas acciones tomadas por los servidores públicos, se benefició a un grupo de empresas, adjudicándoles contratos para la compra de bienes y servicios. Identificándose una sobrevaloración en los costos de desarrollo de los sistemas Software e infraestructura de red provista al TSE por las empresas mencionadas, así como el costo tasado para las actualizaciones y modificaciones de los mismos, en los periodos electorales del año 2009, 2012 y 2013 en comparación con lo ofertado por otras empresas en el mercado local.

En el caso particular de la Empresa “A”, esta fue contratada aun cuando no cumplía con la experiencia requerida, resultando de dicha inobservancia que el producto finalizado y entregado presentara fallas al momento de su operación. El TSE en el año 2008, implementó con la Empresa “F” un sistema similar al creado por Empresa “A”, razón por lo que resulta inoportuno que el TSE no haya corregido las deficiencias según lo experimentado con “A” para exigir a “F” una óptima calidad y así evitar las fallas criticas observadas en el producto de esta empresa. El costo de las actualizaciones de los programas desarrollados por Empresa “A” supera un 40% con relación al valor pagado en el proyecto de creación original del mismo. Lo que generó un perjuicio por un monto de L. 2, 092,865.00.

Sobrevaloración de Compras de Suministro año 2013

Se logró revisar el monto según contrato de L. 3, 462,666.00. Logrando constatar un valor según cotizaciones del suministro al TSE por un monto de L. 660,268.71. La variación apunta a un sobrecosto de L. 2, 802,397.29.

Conclusión del Análisis Financiero

En la tabla anterior, se refleja el total de sobrevaloración, por los contratos adjudicados a las empresas, por un monto total de L. 14, 205,137.73.

CASO IHSS/CALDERAS

Mediante investigaciones realizadas por Unidad de Investigación, se logró identificar que mediante acuerdo justificativo de declaratoria de emergencia se solicitó ampliación presupuestaria para efectuar contrataciones directas sobre la compra, reparación, habilitación e instalación de equipo eléctrico, tanto para el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa, como el Hospital Regional del Norte de San Pedro Sula y el Almacén Central del IHSS, en el año 2011.

 A través de este acuerdo se creó la necesidad de adjudicar cuatro calderas de vapor de 150 HP, un  interruptor de transferencia automática de 1600 AMP, un tablero de distribución de 2,000 AMP y un trasformador seco de 225 KWA, amparados en los considerandos 18, 19 y 25 del acuerdo; adjudicándose a la empresa “Proveedora A” un valor de L. 21, 874,912.02.

El ex asesor de la gerencia en proyectos de obras civiles del Hospital Regional del Norte, describe que la caldera con que cuenta dicho hospital tiene 25 años de funcionamiento en condiciones de trabajo no adecuadas, lo que reduce la eficiencia de su actividad, acortando su vida útil por falta de mantenimiento preventivo, condiciones de agua dura a falta de suavizadores, falta de tratamiento químico al agua interna, funcionamiento por 17 horas diarias los 365 días del año, por lo que dicho equipo se encontraba funcionando en un 30% de su capacidad, lo cual fue corroborado mediante evaluación técnica del departamento de mantenimiento, que posteriormente recomendó la adquisición de dos calderas más, con capacidad de 150 HP, ya que la que se encontraba en función ya no tenía reparación.

En fecha 30 de junio del 2011, el comité de compras integrado por un representante de la subgerencia, suministros, materiales y compras, dos representantes de la gerencia administrativa y financiera, y un representante técnico, quienes dieron apertura a las cuatro cotizaciones enviadas por las cinco empresas invitadas a cotizar, empresas que participaron en los cuatro procesos de adjudicación; resolviendo adjudicar las cuatro partidas a la empresa “Proveedora A” por ser la de menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

El procesamiento de la documentación consistió en la adjudicación por parte del IHSS, de cuatro órdenes de compra a la empresa “A” por el monto total de L. 21, 874,912.02, para la adquisición de cuatro calderas, un tablero de distribución eléctrica, un  transformador de potencia y un  interruptor de transferencia. Montos que fueron fraccionados para eludir los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Estado.

Como resultado del análisis y procesamiento de la documentación elaborado por el CNA, donde se realizó un análisis comparativo de precios de mercado, utilizando como referencia el período 2017, se pudo determinar la existencia de sobrevaloración de precios de un 50% del monto total cotizado. Parte de los equipos fueron cotizados en la misma empresa investigada que vendió al IHSS en el año 2011.

Representando un perjuicio para el Estado de Honduras de L. 10, 985,352.47