CNA presenta denuncias

CNA denuncia que un solo día Soptravi firmó ocho contratos con empresa del crimen organizado

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció hoy ante el Ministerio Público que durante el periodo 2010-2014 las autoridades de la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi) fraccionaron y firmaron 24 contratos y que se constató que algunos de los socios de las empresas pertenecían a un grupo de la criminalidad organizada, actualmente en proceso judicial en la Corte Federal de un gobierno extranjero.

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La denuncia fue interpuesta por la directora del CNA y el jefe de la Unidad de Investigación de esta organización, Gabriela Castellanos y Odir Fernández, respectivamente.

Aunque las autoridades del CNA no establecieron el nombre de los funcionarios involucrados en el ilícito, se sabe que el titular de Soptravi durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), era Miguel Pastor. Tampoco precisaron el nombre de la empresa y sus propietarios, aunque también este otro dato ya ha sido revelado y se ha establecido que se trata de la familia Rivera Maradiaga (cartel de Los Cachiros).

Los contratos fueron pactados desde la Dirección de Carreteras y el CNA establece mediante un comunicado que constató que de los 24 contratos suscritos, 17 fueron pagados por un monto que asciende L 104, 190,685.00.

Entre los hallazgos relevantes, se determina que el 5 de octubre de 2010, las autoridades de la Soptravi efectuaron la adjudicación de ocho contratos fraccionados a una empresa—cuyo nombre no se establece—para la pavimentación de concreto hidráulico de calles ubicadas en el municipio de Tocoa, Colón.

El CNA refiere que los montos totales de los contratos fraccionados de manera dolosa sumaron en un mismo día 13.4 millones de lempiras. La directora del CNA, Gabriela Castellanos, indicó que para justificar la transacción, los contrato no sobrepasaron los  1.7 millones de lempiras, con la intención de no llegar a 1.8 millones y así evitar las licitaciones.

La investigación del CNA, confirmó además que los proyectos debieron ejecutarse en una misma zona del caso urbano de la ciudad de Tocoa, lo que “muestra una clara práctica de fraccionamiento”. Asimismo, verificó la inexistencia de las obras, con lo que se comprobó de manera irrefutable “el fraude en contra del Estado”.

Castellanos dijo que en el caso hay una evidente planificación para el concierto previo y de mala fe por parte de representantes de la Dirección General de Carreteras que certificaron la falsa ejecución de los contratos de pavimentación con la cooperación del personal de dicha dependencia.

“También se determinó la participación por parte de dos empresas más, quienes desempañaron un papel necesario, prestando su nombre para acreditar la realización de los proyectos que en realidad nunca fueron ejecutados y a pesar de todo si fueron efectivamente pagados con fondos públicos”, señaló.

Indicó que los funcionarios públicos incurrieron en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Asimismo que contaron con la complicidad de empresas mercantiles que se presentaron a  consolidar el andamio de la corrupción forjada en la desaparecida Soptravi.

Al ingresar a las oficinas de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), Gabriela Castellanos, aseguró tener el sustento probatorio de los delitos imputados. Castellanos se presentó a interponer la denuncia junto al director de la Unidad de Investigación del CNA, Odir Fernández.

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6 respuestas

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