Por: Víctor Meza
El gobernante criollo se ha vuelto regalón, sobre todo con los recursos ajenos, los del Estado, los que, al menos en teoría, nos pertenecen a todos. Emocionado hasta la teatralidad y seguramente estimulado por los vientos navideños, el inquilino ilegal de la Casa Presidencial, en posición de firme y disfrutando el clima militar que tanto le gusta, ofreció a los cadetes militares y policiales financiarles con fondos públicos la adquisición de viviendas y vehículos tan pronto como se gradúen en las academias respectivas y obtengan los grados jerárquicos correspondientes. ¡Vaya generosidad con plata ajena!
El ofrecimiento, de dudoso cumplimiento, dicho sea de paso, dado el estado actual de las finanzas públicas, sorprendió a muchos y divirtió a otros. Algunos, ingenuos, creyeron en la inesperada promesa. Otros, más cautelosos, la recibieron con prudente optimismo y no poco escepticismo. Y hasta hubo quienes se burlaron de la misma… en privado, por supuesto.
Sea como sea, la oferta oficial debe entenderse como parte de una estrategia clientelar del gobierno ilegal para obtener el beneficio del respaldo a futuro de los nuevos oficiales, tanto en el seno de las Fuerzas Armadas como al interior de la institución policial. Ese inesperado y generoso ofrecimiento no es ni casual ni improvisado. Es un componente más de la estrategia de cooptación clientelar de parte del régimen. Por lo mismo, va orientado a ganar buena voluntad, colaboración, apoyo activo o tolerancia calculada entre los ciudadanos a quienes los hondureños les hemos confiado el uso de las armas y la aplicación de la violencia legítima del Estado. Casi nada.
Pero, además, la aplicación de tal maniobra clientelista es también una muestra de la creciente debilidad del régimen y el inevitable deterioro gradual de su hegemonía política. Cuando un gobierno autoritario e ilegal, fruto de un fraude electoral tan evidente como escandaloso, apela cada vez más al respaldo de las armas, no es una señal de fuerza y consolidación. Al revés, es una muestra de su propia vulnerabilidad y del escaso respaldo que tiene entre la población.
Al necesitar y buscar el apoyo castrense, el gobierno no se fortalece. Lo hace la otra parte, la institución que recibe la petición de ayuda, es decir la que posee las armas. Y al depender de las bayonetas, el régimen pierde su capacidad de iniciativa y depende cada vez más de una voluntad que no es la propia. Al mismo tiempo, se catapulta hacia el escenario la influencia militar y se consolida el nefasto militarismo, que tanto daño le ha hecho a la ya de por sí, frágil institucionalidad del país y a su evolución democrática. El país pierde y se aleja cada vez más del Estado de derecho y la sana convivencia ciudadana.
Una muestra de ese “neoprotagonismo” indeseable y negativo de los hombres de uniforme, lo hemos podido comprobar en días recientes al escuchar las declaraciones de un general que, en vísperas ya de su partida, ha dado rienda suelta a sus impulsos más conservadores y a su condenable respaldo a la ilegalidad, alabando el reeleccionismo y advirtiendo, desvaríos y locuacidad mediante, sobre la posibilidad de que los uniformados puedan gobernar nuestro país por décadas y décadas de insufrible presencia.
Este bocazas, por fortuna, tiene ya un pie en el estribo del retiro, dando oportunidad para que otro general se encargue de los asuntos castrenses. Ojalá que el recién llegado tenga la prudencia suficiente y el raciocinio necesario para valorar con más cautela y silencio el rol que deben jugar los militares en los nuevos tiempos del siglo XXI y a punto de cumplir los 200 años de nuestra independencia. ¡Ojalá!
