Un clan político de Honduras y su feudo criminal

 

Lea esta  investigación de InSight Crime que nos relata como la poderosa familia Urbina Soto controla la política y en el departamento de Yoro 

Escrito por Steven Dudley y Felipe Puerta

 Jueves, 19 octubre 2017

Era alrededor de medianoche cuando la policía de una zona rural del departamento de Olancho, al norte de Honduras, oyó el zumbido inconfundible de un avión a baja altura. Los oficiales encargados del turno de la noche en tres municipios llamaron al jefe de su división y le avisaron que el avión volaba «sin luces». A la 1:15 de la madrugada, el encargado de la división de la policía en uno de los municipios rurales llamó a su jefe de nuevo, esta vez con la noticia de que el avión se había estrellado. Era el 13 de junio de 2012.

Siguió una carrera por encontrar el avión. La policía envió varias patrullas, pero los habitantes del lugar también informaron sobre la presencia de cuatro camionetas llenas de tipos armados hasta los dientes y cubiertos con pasamontañas dando vueltas por la zona, preguntándole a la gente si habían visto u oído dónde podría haber caído el avión.

La policía finalmente dijo haber encontrado el avión a las 5 de la madrugada. Había chocado contra dos árboles, estaba en llamas y tenía los cuerpos muertos de dos colombianos que, según dijeron más tarde las autoridades, piloteaban el avión. Poco después, la policía detuvo tres vehículos que se ajustaban a las descripciones de los habitantes de la zona, y detuvieron a seis hombres. En las camionetas hallaron armas de fuego y municiones.

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Uno de los capturados era Miguel Ángel Urbina Soto. La familia Urbina Soto ya era conocida por las autoridades. El hermano mayor de Miguel Ángel, Carlos Fernando Urbina Soto, había sido arrestado y condenado por homicidio. Luego huyó de prisión, y eventualmente había arreglado el caso por fuera de los tribunales.

El menor de los hermanos, Mario Urbina Soto, presuntamente participaba en el comercio de drogas en su ciudad natal, el municipio de Yoro, en el departamento del mismo nombre. Su madre, Lilian Soto, también había sido acusada de homicidio, pero posteriormente fue dejada en libertad.

Las probabilidades de que Mario fuera a ser responsabilizado por sus actividades ilegales eran pocas. Su padre había sido alcalde de Yoro a comienzos de los noventa, y su otro hermano, Arnaldo, fue elegido alcalde del mismo municipio en 2009, unos tres años antes de que ocurriera este hecho.

Su hermana, Diana, era aspirante al congreso, y Arnaldo se estaba posicionando para dirigir el Partido Nacional en el departamento de Yoro. Sus tentáculos políticos se extendían hasta los niveles más altos, y ejercían un fuerte control en los temas locales relacionados con la policía y lo judicial en el área.

Carlos y Arnaldo también habían sido relacionados con el narcotráfico en Yoro, según un informe del Ministerio Público publicado días después del incidente. De hecho, se decía que la familia recibía, almacenaba y transportaba drogas que llegaban por avión a Yoro y al vecino departamento de Olancho. Pero no se habían formulado cargos.

Entretanto, Arnaldo había usado su paso por la alcaldía para consolidar el control de la familia en el poder político y criminal de la región. Ese poder se derivaba, en parte, del cargo de Arnaldo, desde el cual podía controlar el organismo de titulación de tierras, y la oficina que regulaba la industria forestal. Podía coordinar los contratos de obras públicas y más adelante pasaría a liderar la campaña del candidato presidencial por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández.  

En el caso de 2012 en Olancho, la policía interrogó a los seis sospechosos, quienes, según se consignó en el informe del Ministerio Público, les dijeron que estaban comprando «gallos de pelea». Y, aun cuando el ministerio encontró que «no es creíble lo manifestado por ellos», fueron dejados en libertad.

En la aeronave supuestamente encontraron 41 kilos de cocaína, una cifra sorprendentemente baja para acometer un aterrizaje tan riesgoso sin luces. En los informes oficiales de la policía y el Ministerio Público, nadie cuestionó esa minúscula cantidad, pero el ministerio notó que la policía informó que había un helicóptero del ejército en la zona cerca del lugar del accidente, pero «se estaba retirando del lugar desconociendo si [quienes estaban en el helicóptero] habían levantado evidencias del lugar siniestrado». En otras palabras, era posible que alguien se hubiera llevado algunas drogas ilegales al huir.

El informe del Ministerio Público sobre el tema terminaba con una recomendación «Por todo esto, [a] estas personas [la familia Urbina Soto] se les debe continuar investigando porque probablemente continuarán con sus actividades ilícitas».

El negocio familiar

Yoro es uno de los municipios más grandes de honduras. Es un terreno en su mayoría montañoso, con una implacable cadena de montañas en el extremo norte, conocida popularmente como «Locomapa». Esta zona sin salida al mar ha vivido por mucho tiempo de su fértil suelo y de la madera, pero es más conocida por un fenómeno natural que se presenta cada primavera en el que literalmente «llueven peces». (Las diversas explicaciones   del fenómeno van desde lo sobrenatural hasta lo natural —al parecer los peces brotan de las fuentes de agua locales—). 

La única vía pavimentada que entra y sale del departamento desde la ciudad industrial de San Pedro Sula, al norte del país, es ocupada en su mayor parte por camiones que transportan caña de azúcar y madera de pino. Hubo un tiempo en el que los tramos de esta vía también eran usados para  el aterrizaje de aviones cargados de cocaína, según comentan investigadores del gobierno y residentes locales. La droga era descargada y vigilada por la policía, que la escoltaba hasta su siguiente parada en la cadena de distribución de la cocaína, donde intervienen múltiples actores, en su camino hacia Guatemala y eventualmente a Estados Unidos. Yoro está en el punto muerto del país, conectado con los dos mayores centros urbanos de Honduras: San Pedro Sula y Tegucigalpa, así como un sinfín de vías secundarias y ciudades a lo largo de la frontera con Guatemala. 

Las autoridades eventualmente obligaron a estos traficantes a desplazarse de la carretera a Locomapa y sus alrededores, que cede el paso a la costa norte, específicamente una vía que se extiende entre La Ceiba, la tercera ciudad más grande del país en el departamento de Atlántida, y Tocoa, capital del departamento vecino de Colón. La Ceiba se conecta con San Pedro Sula, epicentro industrial y criminal del país.

Locomapa es solo una de las áreas donde se cree que se esconde de las autoridades Carlos Urbina Soto, alias «Nando». Carlos es nombrado con frecuencia en los documentos del gobierno como «la cabeza» del clan Urbina Soto. Un investigador que siguió por años el rastro de la familia y habló con InSight Crime a condición de mantener su anonimato afirmó que recibió una declaración de que Carlos alguna vez le disparó a un rival, lo ató a su auto y lo arrastró por toda la ciudad para demostrar que tenía razón.

Pero en la familia hay más que solo un poco de locura. Se dice que el hermano menor, Mario, alias «soldado», es el principal distribuidor de drogas en Yoro. Residentes e investigadores por igual comentan que ejerce disciplina a su amaño en las calles a cualquiera que se cruce en su camino, y roba lo que se le antoja, incluyendo supuestamente las novias de otros. 

Así como sucede con muchas otras historias en torno al clan Urbina Soto, es difícil separar la realidad de la ficción. La familia ha sido durante mucho tiempo parte leyenda, parte realidad en la región. El padre de la manada, Darío Urbina Fernández, se casó con Lilian Soto y a la larga llegó a ser alcalde de Yoro. La familia de ella residía en Olanchito, un montañoso municipio de camino a Colón, donde se dice que tenían una rencilla a muerte con otro clan. Si bien no pudimos dar con la causa de esta vendetta, Urbina Fernández también se casó con ésta, y ésta lo siguió hasta alcaldía de Yoro. En 1992, cuando era alcalde, fue asesinado, presuntamente por uno de los miembros de la familia con quienes su familia política mantenía el conflicto.

La violencia siguió ensañándose con la familia de ahí en adelante. Carlos Fernando presuntamente fue arrestado y llevado preso en Olanchito por un asesinato. Escapó y se dice que posteriormente negoció una suspensión de sentencia. La matriarca de la familia, Lilian Soto, también fue arrestada por homicidio, pero fue liberada. Yoro ahora tiene un barrio que lleva su nombre. Otros miembros de la familia han afrontado acusaciones, pero sin cargos formales. 

A pesar de todo, o quizás por eso mismo, Arnaldo Urbina Soto se lanzó como candidato a la alcaldía. Su apodo es «Moreno» o «Negro», por su piel oscura. Cuando habla, sonríe, y por eso algunos en el pueblo lo llamaron «Smiley». Es abogado, el único de la familia, y ostenta el título cuando le conviene. Es amigable y se dice que se puso al servicio de la comunidad al lanzarse a los cargos públicos. No hay registro público de su campaña a la alcaldía en 2009, pero en su primera participación, Urbina Soto ganó por 11.948 votos, con lo que derrotó a su contendor más cercano por más de 6.000 votos.

Según tres investigadores del gobierno consultados para este informe, el prospecto de tener un alcalde implicado en operaciones de narcotráfico llevó a un acuerdo entre la familia Urbina Soto y el mayor grupo criminal de la zona, Los Cachiros. Al igual que la familia Urbina Soto, Los Cachiros eran una operación criminal familiar que se inició con actividades de poca monta —en su caso, el robo de ganado—. Desde 2005 aproximadamente, Los Cachiros   también comenzaron a recibir y transportar grandes cantidades de cocaína a lo largo de su zona costera, al norte del país.

Así como sucede con muchas otras historias en torno al clan Urbina Soto, es difícil separar la realidad de la ficción

 Ese fue el contexto en el que  Los Cachiros se asociaron con la familia Urbina Soto, según dijeron investigadores del gobierno a InSight Crime. Las dos familias tenían algo en común: los Urbina Soto también se habían iniciado con el robo y la reventa de ganado, y ambos se habían pasado al narcotráfico. Establecieron una alianza: Los Cachiros  pagarían al clan Urbina Soto para recibir aviones cargados de cocaína  en su zona de influencia, almacenar los narcóticos y transportarlos al siguiente punto de entrega. Esto incluía el mantenimiento de las pistas de aterrizaje, la iluminación y los generadores, combustible para los aviones, cuadrillas de seguridad que recibieran y resguardaran la mercancía, así como otros servicios, que incluían la destrucción de evidencia, de ser necesario. 

Los Cachiros estaban acostumbrados a tratar con políticos y miembros de la élite empresarial. Desde el comienzo, habían vendido ganado a los Rosenthal, cuyo patriarca, Jaime Rosenthal Oliva, fue vicepresidente de Honduras a finales de los ochenta; el hijo de Rosenthal, Yani, hizo parte del gabinete del presidente Manuel Zelaya y más adelante se lanzó a la presidencia por el Partido Liberal (perdió en las elecciones preliminares). Los Cachiros también hicieron contacto con políticos y familias poderosas del otro partido político mayoritario en el país, el Partido Nacional, incluyendo al entonces presidente Porfirio Lobo, a quien conocieron cuando era candidato al alto cargo, en 2009; el hijo de Lobo, con quien trabajaron luego de que aquel asumiera la presidencia; un exgobernador y dos legisladores, a quienes Los Cachiros usaban regularmente como intermediarios para hacerse a favores de otros políticos y miembros de las fuerzas de seguridad del país.

En el ámbito local, se dice que Los Cachiros  pagaron durante años la elección de su propio alcalde en Tocoa, así que entendían las ventajas de tener al intermediario de poder local de su lado, quien podía dirigir o incluso controlar la policía, además de disponer de los recursos públicos para apoyar su trabajo o desviar a las fuerzas de seguridad para que fueran tras un rival. Se dice que el alcalde Urbina Soto en Yoro hizo justamente eso, al poner a su servicio los 20 efectivos de su cuerpo de policía con gasolina para sus patrullas y pagando el mantenimiento de los vehículos, entre otros, para que ellos vigilaran sus operaciones ilícitas. Los Urbina Soto hicieron que Los Cachiros se sintieran bien acogidos en Yoro. Organizaron fiestas para ellos, que incluían peleas de gallos, según relató uno de los investigadores de la Fiscalía a InSight Crime. Los Cachiros eran aliados generosos; entregaban dinero por servicios al narcotráfico y para fines políticos.

Hubo algunos contratiempos. En una ocasión, según declaró un testigo a las autoridades, los Urbina Soto robaron una carga de cocaína luego de que un avión se estrellara. Uno de Los Cachiros voló en helicóptero hasta la residencia de Arnaldo y les hizo una advertencia: que devolvieran la cocaína o toda la familia moriría. Los Urbina Soto obedecieron, apuntan los investigadores.

En sus relaciones comerciales y políticas, el clan Urbina Soto entró en contacto con otro poderoso clan narco, de apellidos Valle Valle, quienes les complicaron la vida. El clan de los Valle —que tenía su base de operaciones en el departamento de Copán, a lo largo de la frontera con Guatemala— hacía parte de la cadena de distribución de cocaína. Recibieron cargamentos por medio de Los Cachiros, según los investigadores y el testimonio del jefe de Los Cachiros, pero querían controlar Yoro, pues allí podían recibir y enviar sus propios aviones y ampliar su control en la cadena de distribución, lo que significaría un aumento de sus ganancias.

Las tensiones crecieron, relató un investigador. Estas tensiones eran también políticas, comentó. Al contrario de Los Cachiros, que interactuaban de manera regular con los dirigentes del Partido Nacional, los protectores más fuertes de  los Valle los Valle pertenecían al rival Partido Liberal. El clan Urbina Soto, comentó el investigador, estaba literalmente «entre los dos bandos», en un sentido geográfico, de negocios y  político. Justo el tipo de disputa político-criminal que puede haber preparado el terreno para el desenlace del alcalde Arnaldo Urbina Soto.

Robo de tierras

Esta actividad criminal cobró sus bajas en la región. Según estadísticas del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los homicidios en el departamento de Yoro pasaron de 27 por 100.000 en 2005, a 86 por 100.000 en 2014; en el municipio de Yoro, la tasa era de 104, en segundo lugar después de San Pedro Sula, a la que se llamaba en aquel entonces «la ciudad más violenta del mundo».

Pese al aumento de la actividad criminal y la violencia en la región, el capital político del alcalde de Yoro, Urbina Soto, y de su familia siguió creciendo durante su primer periodo en el cargo. Y en 2013, se postuló a la reelección. Su hermana, Diana, decidió lanzarse como candidata al Congreso. El alcalde también fue designado por el Partido Nacional para manejar la campaña del candidato presidencial en el departamento.

El entonces candidato presidencial Juan Orlando Hernández visitó el municipio durante la campaña. La violencia estaba en su punto más álgido en el país, y la campaña de Hernández usaba el lema de la ley y el orden. El contexto hizo que el mitín en Yoro, donde el candidato a la presidencia y Urbina Soto desfilaron por las calles y dieron un discurso juntos, fueran algo más que un poco irónico.

La visita no estuvo exenta de costos. Según el medio opositor Cholusatsur (Canal 36), más adelante Diana declaró que su familia entregó generosas donaciones a la campaña presidencial, y posteriormente las autoridades hallarían un talonario de cheques en uno de los vehículos de los Urbina Soto con un recibo por un depósito de $4 millones de lempiras (US$171.000) al Partido Nacional. Entretanto, Arnaldo Urbina Soto seguía haciendo campaña, y el 24 de noviembre, ganó la reelección, esta vez con 15.813 votos. Su competidor más cercano obtuvo apenas un poco más de 4.000 votos.

El presidente Hernández puede alegar que no sabía nada, pero las tendencias violentas de la familia eran bien conocidas a lo largo y ancho de la región. Numerosos testimonios rendidos ante el Ministerio Público durante este periodo pintan una imagen violenta y agresiva. Un caso especialmente brutal tiene que ver con sus acciones en una población llamada Río Abajo, ubicada en Locomapa. Testigos dicen que el clan Urbina Soto y su grupo de unos 50 hombres armados aterrorizaron el pueblo entre 2011 y 2013, robando tierras a varias familias de la zona y forzando el desplazamiento de gran parte de la población.

Un testigo declaró que Carlos Fernando Urbina Soto, el llamado «jefe» del clan, mató a Nicolás Puente García en 2011. Más adelante abaleó al primo de Puente y comenzó a perseguir al resto del clan Puente «ya que la familia Puente era la familia más fuerte económicamente de la comunidad, y los quería atemorizar para que se fueran a[y] despojarlos de los bienes», relató el testigo.

En 2013, el testigo informó que Carlos Fernando y un grupo de hombres armados vestidos de policía entraron a una de las casas de los Puente. Luego obligaron a sus ocupantes a tenderse boca abajo en el piso y los torturaron. El testigo narra que Carlos Fernando, Mario y un policía local también quemaron dos casas para atemorizar al resto de la comunidad y hacer que dejaran la zona.

Posteriormente ese mismo año, afirmó el testigo, Carlos Fernando visitó a otro miembro de la familia Puente y le dijo que debía irse porque ahora la tierra era suya. En total, comentó otro testigo a las autoridades, robaron más de 500 hectáreas de las tierras de los Puente. Los residentes denunciaron que Carlos comenzó a llevar «maquinaria pesada» y a sembrar maíz y otros cultivos. Se dice que la maquinaria era propiedad del municipio, suministrada por la Alcaldía.

Pero el proceso de apropiación de tierras recién comenzaba. A mediados de 2013, un testigo diferente declaró que Carlos Fernando y sus hombres robaron docenas de hectáreas de tierra por lo menos a tres personas más. También tomaron el ganado de los vecinos y simplemente lo pusieron en su propiedad robada. Y presuntamente se apropiaron de un generador eléctrico que habría sido donado a la comunidad por un gobierno extranjero. Tener al alcalde facilitó este proceso: cualquier apropiación podía ser legalizada por el catastro local.

También se dice que los Urbina Soto ocuparon la tierra de otro vecino, donde varios testigos dicen que despejaron un área para una pista clandestina de aterrizaje que usaron para recibir drogas. En septiembre, cuando un maestro local amenazó con ir a las autoridades, lo asesinaron, comenta el testigo. En octubre, presuntamente sacaron a rastras de su casa a otro habitante de Yoro por razones desconocidas; apareció muerto a un lado de la carretera. Otro testigo en potencia también fue asesinado, al igual que por lo menos otros cuatro en una emboscada.

La familia Urbina Soto también usó la tierra expropiada para cosechar madera, en algunos casos de manera ilegal, señalan los investigadores. La madera ha sido por largo tiempo uno de los principales productos de Yoro, pero el tráfico está haciendo mella. La que fuera una espesa cobertura de pinos en la montaña se ha reducido notoriamente, hasta el punto en que hay grandes extensiones entre ellos. Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) sobre deforestación en Honduras señalaba que Yoro tenía el mayor número de casos de tala ilegal en el país.

Esta actividad ilegal se debe, en parte, a la pobreza y corrupción de los entes regulatorios de Honduras. Si bien existe un marco legal para combatir esta actividad, la parte operativa del gobierno enfrenta problemas de corrupción y penetración criminal. No cabe duda de que los grupos criminales también desempeñan un rol de peso en este proceso de deforestación. Un informe reciente en la revista Environmental Research Letters señala que entre el 15 y el 30 por ciento de la deforestación ocurrida en la última década en Guatemala, Nicaragua y Honduras   ha sido causada por intereses del narcotráfico. 

La empresa maderera de la familia Urbina Soto parece encajar en este patrón. Los investigadores dijeron a InSight Crime que el alcalde Arnaldo Urbina Soto en persona designó al jefe del Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal (ICF) del área. De esa forma el clan podía controlar dónde se otorgaban las licencias de tala y determinar la magnitud permitida de la tala. La familia también coaccionó a los compradores para que les compraran a ellos y fijó los precios, apuntan los investigadores. Cuando confrontamos al actual director del ICF de la zona sobre estas acusaciones, objetó.

«No sé», dijo. «No sé nada sobre la mafia».

La tierra dio a la familia algo más que zonas en las que llevar a cabo su actividad. Como lo señalan Kendra McSweeney y su colegas en un artículo, publicado en la revista Journal of Latin American Geography, tener tierra también daría a familias como el clan Urbina Soto protección de sus rivales y la capacidad de blanquear ganancias; les daría capital social y político, y les permitiría «neutralizar» a conservacionistas, indígenas y ocupantes ilegales que quisieran reclamar derechos sobre la tierra. 

Pero todo comenzó con la intimidación y el asesinato. Mientras la pila de cadáveres crecía, los habitantes se refugiaron en las montañas, dejando atrás sus hogares y creando lo que muchos nos dijeron era un «pueblo fantasma». Eventualmente esos desplazados —quienes según un habitante sumaban 100 familias— se dirigieron a San Pedro Sula, donde un investigador los halló pidiendo comida en la calle. Los llevó a la oficina para que le contaran su historia, y se abrió una investigación formal.

Armas, peleas de gallos y un hermano desaparecido

A las 6 de la mañana, del 27 de julio de 2014, solo seis meses después de que Arnaldo Urbina Soto asumiera su cargo como alcalde de Yoro por cuatro años más, 30 miembros de la Dirección nacional de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), 170 integrantes de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), y numerosos fiscales que trabajaban bajo el patrocinio del centro de intercambio de información contra el crimen, la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), incursionaron en el municipio.

Las autoridades se dirigieron directamente a la casa del alcalde, pusieron un detonador en la puerta y la echaron abajo. Allí encontraron a Urbina Soto y a su esposa, así como a tres personas más, incluyendo un ciudadano alemán. Ellos quedaron sorprendidos por la dramática entrada. En medio de la confusión, el alcalde aseguró que las personas que había en la casa trabajaban para él.

Más tarde las autoridades describieron que la casa del alcalde tenía «enchape de piedra, portones color café» y que «a un costado tiene un palenque para realizar peleas de gallo». Había un buen número de vehículos estacionados dentro y alrededor de la casa, y tenía una elegante piscina, que las autoridades fotografiaron y compartieron con la prensa.

También había un verdadero arsenal. En una parte de la casa, hallaron un rifle Heckler & Koch HK45, una pistola Glock, un rifle Ruger, una pistola Star .22, una CZ, un  rifle Remington, una Girsan de 9 mm, y una Colt M16 con el número de serie cortado. En otros lugares, recuperaron 20.500 lempiras (US$876) en efectivo, así como docenas de balas para otras armas diferentes, como rifles de asalto AK47 y M16. Curiosamente, también hallaron un expediente oficial relacionado con una investigación de un homicidio ocurrido cerca de Tegucigalpa.

Cuando llegaron a la casa de Miguel Ángel, uno de los hermanos de Arnaldo, lo encontraron durmiendo junto a una Glock y una Colt. En el garaje, Miguel Ángel tenía cuatro autos y una camioneta todo terreno. Y en una habitación, encontraron un recibo por el pago de madera por 120.000 lempiras (US$5.130).

Las autoridades capturaron a Mario en su casa también con una Glock, y arrestaron a seis personas más, incluido el tío de los hermanos Urbina Soto y a un mexicano, que presuntamente estaba a cargo de organizar las peleas de gallos que la familia ofrecía de manera regular. En la casa de Carlos Fernando, las autoridades hallaron un AK47, un chaleco antibalas de uso militar y más de 100 cabezas de ganado. Pero el llamado «jefe» de la pandilla Urbina Soto estaba desaparecido. 

Al día siguiente, los nueve acusados comparecían ante un juez, donde sus abogados sostenían que las autoridades no tenían pruebas y que habían violado sus derechos. Señalaron que Mario y Miguel Ángel Urbina Soto tenían salvoconductos para sus armas, y adujeron que el alcalde era un «servidor público», y no debería ser apartado de su cargo.

Como corresponde, el alcalde Urbina Soto fue el único acusado que decidió ejercer su derecho a hablar en la audiencia.

 «Me siento sumamente indignado y ofendido por atropellar de esta forma mi dignidad humana como persona y la dignidad de mi familia», dijo ante la corte, en referencia a la manera como las autoridades habían irrumpido en su casa. «Todos mis bienes patrimoniales los he obtenido con mi esfuerzo arduo de mi trabajo de los años de forma lícita, así como la obtención por herencia… No es justo que me hayan tratado como cualquier delincuente… Me declaro inocente».

Fuera del juzgado, cientos de personas que habían sido transportadas en cerca de 20 autobuses, protestaban por el arresto del alcalde. «¡Moreno! ¡Moreno!», se dice que gritaban en lo que fue un día de un calor brutal. Luego de que uno de ellos informara equivocadamente que el alcalde había sido liberado, todos se dirigieron rápidamente a los autobuses y regresaron a Yoro.

En los días siguientes, sin embargo, las autoridades continuaron los allanamientos y la recolección de evidencia condenatoria. En varias residencias de Yoro, hallaron 16 armas semiautomáticas, municiones para estas y otras armas, entre ellas cartuchos calibre 0,50, uniformes camuflados, chalecos antibalas, teléfonos satelitales y luces con extensiones, al parecer para usar cuando los los aviones aterrizaban en las montañas.

Los fiscales eventualmente afirmaron que «la banda de los Urbina Soto», como los llamaban, tenían hasta 37 integrantes, y se dedicaba al narcotráfico, el robo de tierras, la venta ilegal de madera y el blanqueo de las ganancias. Citando algo que Urbina Soto presuntamente dijo, implicaron al grupo en 137 homicidios y 45 desapariciones, la mayoría relacionadas con robo de tierras y de ganado. Las autoridades  también vincularon a la familia títulos de 53 propiedades por valor hasta 30 millones de lempiras  (US$1,28 millones), muchos de los cuales estaban en un barrio que llevaba el nombre de su madre.

«Tienen un control absoluto en todo el departamento de Yoro», escribió un investigador. «Es de dominio popular y se rumora que controlan todos los entes gubernamentales, y además que tiene [sic] mucha influencia política, lo cual les ha permitido permanecer en la impunidad».

Tienen un control absoluto en todo el departamento de Yoro

 Los arrestos se dieron en medio de una oleada de acciones de las autoridades contra alcaldes. Según Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en Honduras actualmente hay 16 exalcales acusados por delitos que iban desde homicidio hasta tráfico de armas, corrupción y extorsión. Vienen de municipios pequeños y grandes, y de todo el espectro político. Las autoridades aseguran que usaban su poder político para crear empresas criminales. En un caso, el alcalde tenía relación con el tráfico de armas. En otro caso, se decía que un alcalde trabajaba con la pandilla callejera Mara Salvatrucha (MS13), quienes le habían comprado una retroexcavadora para un contrato de obras públicas.

Al igual que en El Salvador y en Guatemala, en Honduras los alcaldes tienen una participación cada vez mayor en las actividades delictivas. Esto se debe en parte a la descentralización de poder político en el país, en parte a su aislamiento geográfico del resto del país y la corrupción generalizada que penetra desde los niveles nacional al local. Los alcaldes no controlan las finanzas de la policía, pero les proveen recursos importantes, como gasolina y alimento, como se dice que fue el caso de Yoro bajo el mando de Urbina Soto. También pueden desempeñar un papel en el mantenimiento de las residencias de la policía.

Además, los alcaldes controlan importantes recursos del gobierno para la construcción y el mantenimiento de infraestructura, como vías, hospitales y escuelas. Los alcaldes de municipios más grandes, como Yoro, controlan una cantidad desproporcionada de esos recursos, pues es allí donde reside el grueso de la población y por ser un espacio geográfico tan extenso.

Los recursos crean oportunidades. Los alcaldes usan su influencia sobre la distribución de esos recursos para crear bases de poder: quien reciba contratos del gobierno está en deuda con ellos. También se apropian de dinero. Hay pocos que vigilan, y quienes lo hacen, muchas veces no lo hacen bien.

‘No se hizo’

El alcalde Arnaldo Urbina Soto fue enviado a la cárcel en San Pedro Sula en espera de su juicio, donde estuvo recluido hasta el 10 de octubre de 2017, cuando fue transferido a la prisión de El Progreso, Yoro, junto con el exalcalde de San Pedro Sula Óscar Kilgore y otros cientos de reclusos, en medio de una serie de esfuerzos del gobierno para abordar la grave crisis carcelaria del país.

Ubicada en el centro de la ciudad, la cárcel de San Pedro Sula parece más un mercado que un centro penitenciario. Cada día parece de visita, pues docenas de personas entran y salen de la prisión a ver a sus parientes, amigos y patrones. Muchos de ellos han reclamado el derecho a espacios en la prisión, donde pueden vender pequeños artículos, como jabón y pasta dentífrica, o han montado restaurantes u otros negocios de prestación de servicios.

Urbina Soto recibió lo que se llama una habitación «privada». Si procedió como cualquiera de los demás presos en esa parte de la prisión, pagó unos cuantos miles de dólares al administrador de la cárcel y al preso que fuera el jefe nominal de todo el centro carcelario para que algunos otros presos remodelaran una zona de una sección ubicada al lado de un corredor donde se encontraban muchos de esos pequeños negocios. InSight Crime visitó la sección privada cuando el alcalde estaba recluido ahí y uno de los reclusos nos mostró su alojamiento privado, que incluía un baño, cama doble, televisor de plasma y otras comodidades que eran ajenas a la población general de la cárcel.   

Urbina Soto rechazó nuestras propuestas de entrevistarse con nosotros y no habló con nosotros cuando estuvimos allí, pero sí se reunió,  según los fiscales, regularmente con sus viejos agentes políticos. No cabe duda de que el alcalde se mantuvo al tanto de las actividades en el municipio durante los meses que siguieron a su detención, y mantuvo por lo menos una de sus maquinarias ilícitas. En agosto de 2016, los fiscales hicieron un allanamiento sorpresa en su habitación, y hallaron varias copias de cheques del gobierno municipal de Yoro a Lenay Urbina Urbina. (También encontraron algunos relojes Rolex, que dijeron que el alcalde vendía como negocio secundario).

Los fiscales dijeron que antes y después de su captura, Urbina Soto y su grupo base estaban haciendo arreglos para que el municipio alquilara maquinaria pesada bajo el nombre de Lenay Urbina Urbina para proyectos de obras públicas. Urbina Urbina luego cobraba los cheques y pasaba el dinero al alcalde y sus cómplices. Las autoridades dicen que el exalcalde recibió hasta cinco millones de lempiras   (US$214.000) de esa estructura aun después de estar preso.

En diciembre, las autoridades judiciales allanaron la oficina del alcalde en Yoro y arrestaron a cinco personas más por su participación en el fraude, incluida la entonces tesorera, la jefa de contabilidad y presupuesto municipal y la exjefa de presupuesto. Fueron acusados de abuso de autoridad y malversación de recursos públicos. Los fiscales también impusieron 192 cargos adicionales   a Urbina Soto, desde abuso de autoridad hasta uso no autorizado de recursos públicos.

La evidencia parecía acumularse, pero procesar a la familia Urbina Soto era una tarea difícil. El dueño de la maquinaria pesada, Lenay Urbina Urbina, murió antes del juicio; y el testigo anónimo que alertó a la parte acusadora sobre el fraude con las obras públicas fue asesinado luego de declarar.

En el juzgado también se aclararon los otros cargos contra la familia. En un intercambio ilustrador, un abogado defensor interrogó a un investigador del gobierno sobre su evidencia de actividades ilegales, sus fuentes anónimas y su método para establecer si algo era una pista de aterrizaje ilegal para la llegada de aviones de narcotraficantes.

Defensor: «¿Ellos [los testigos] vieron bajar avionetas?»

Investigador: «Ellos mencionaron que tenían información [de] que ellos bajaban avionetas»

Defensor: «Dígame la fecha [en] que bajaron avionetas».

Investigador: Entre el mes de mayo y junio.

Defensor: Dígame. Usted refirió en su declaración que estas personas [la familia Urbina Soto] se dedicaban a asesinatos. Dígame. ¿Sabe usted si estos testigos vieron esos asesinatos?

Investigador: Ellos narran de que tienen información.

Defensor: ¿Vieron el hecho?

Investigador: Uno de ellos que estaba ahí manifestó que había sido objeto su familia.

Defensor: ¿Vieron los hechos?

Investigador: Ellos no. Ellos dicen que solo tenían información.

En el intercambio, el Ministerio Público también tuvo problemas para sostener sus alegatos con pruebas concluyentes.

Defensor: ¿Qué indicios de drogas encontraron?

Investigador: Donde me tocó trabajar a mí no encontré droga.

Para el final del interrogatorio, era evidente que gran parte del caso del gobierno se basaba en habladurías, rumores e insinuaciones.

Defensor: Usted comentó que esas personas lo llevaron a un lugar llamado Río Abajo y que le enseñaron unas propiedades y que les dijeron que la familia Urbina Soto se las habían quitado Usted declaró.

Investigador: Ellos declararon administrativamente.

Defensor: ¿Declararon ellos que vieron a los miembros o algunos miembros de la familia Urbina Soto quitando esas propiedades?

Investigador: Solo los mencionaron.

Defensor: ¿Usted investigó esas propiedades que a usted le mostrara que estaban a nombre de la familia Urbina Soto?

Investigador: No se hizo por la seguridad de la investigación.

Los desatinos de la investigación no pararon ahí. En un allanamiento en Locomapa, a un vehículo de la policía se le reventó un neumático. Para cuando lo habían reparado, tuvieron que regresar por problemas de seguridad. Hasta donde puede verse, nunca regresaron. Cuando la defensa le preguntó si habían verificado los documentos de propiedad para confirmar quién el propietario en cuestión, el investigador simplemente dijo, «no se hizo».

Con el caso aclarándose, la fiscalía pareció desesperada cuando añadió el cargo de extorsión sobre el ahora exalcalde, que pareció imposible de sostener.

Entretanto, la familia Urbina Soto pasó a la ofensiva. Arnaldo Urbina Soto declaró en varias ocasiones que el juicio era «un show mediático». El subtexto era que el caso Urbina Soto era más político que penal. La hermana del exalcalde, la diputada Diana Patricia, también se mostró desafiante, sin remordimientos.

«Si nosotros estuvimos envueltos en una vendetta y por eso es delito defenderse», declaró en un popular programa de televisión. «Aquí estamos como le digo, como nos trate, como sanguinarios, como delincuentes, como todo, pero mi familia se protege».

Dos meses después de iniciado el juicio, el gobierno tuvo que pasar a los hermanos a arresto domiciliario. Y varias semanas después, los juzgados volvieron con un veredicto: se declaró culpable a Arnaldo de lavado de y recibió una sentencia de 36 años de prisión; Mario y Miguel Ángel fueron declarados inocentes y liberados.

Nuevo jefe, misma historia

En marzo, poco después del veredicto, viajamos a Yoro. En el camino, pasamos numerosos camiones que transportaban grandes cantidades de pino que salía de la zona. El terreno se ve agotado en ciertos puntos, incluso a lo largo de Locomapa, la formidable cadena montañosa hacia el norte que conecta a Yoro con el vecino Olancho. 

Nos dirigimos a la alcaldía, un edificio en concreto, de una planta, justo al lado del parque principal, de paredes amarillas. Las heridas dejadas por el exalcalde seguían abiertas, y parte de su caso seguía sin resolver, lo que hacía que la gente vacilara cuando les hacíamos alguna pregunta. Además del veredicto contra Urbina Soto, el pueblo seguía afrontando la redada hecha por las autoridades a la alcaldía y el arresto de las presuntas cómplices del exalcalde en el esquema de fraude en obras públicas.

Más aún, Carlos Fernando, el presunto «jefe» de la pandilla Urbina Soto, seguía fugitivo. Muchos suponían que estaba escondido en algún lugar de Locomapa. Cualquier persona de fuera de Yoro era mirada con sospecha, y algunos de los habitantes parecían cerrar filas en torno a los suyos.

«Eso sorprende al pueblo», nos dijo José Rigoberto Urbina, el actual encargado de la ciudad, y quien afirma que no tiene lazos con la familia, cuando preguntamos por la persistencia de los rumores sobre las actividades criminales de ella.

José y otros comentaron que el exalcalde parecía estar pagando por los errores de sus hermanos, en particular los de Carlos Fernando. Afirmaron que el alcalde había hecho proyectos de infraestructura y era considerado un político «del pueblo». Un centro de salud, inaugurado en 2016, dos años después de su arresto, hasta lleva su nombre.

«Sigue siendo popular», comentó Urbina. «Si regresara, lo elegirían en un minuto».

Y Diana Urbina Soto se está aprovechando de la popularidad de su hermano. Es una de las candidatas a la alcaldía, cuando hicimos la visita, había puesto sus afiches justo debajo de los del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien es candidato a la reelección. Pocos días antes de nuestra llegada, ella había ganado la nominación del Partido Nacional con 8.000 votos, casi el doble de la votación del candidato del partido perdedor en las elecciones anteriores.

El prospecto de otra Urbina Soto en la alcaldía asusta a algunos. Un político de la oposición nos dijo que algunos de sus compañeros habían sido detenidos por hombres armados en Locomapa cuando se dirigían a una reunión, y se les dijo que dieran la vuelta, volvieran al pueblo y no se molestaran en hacer campaña en esa zona. Este político, que no quiso dar su nombre por temor a represalias, dijo que tenía en cuenta la advertencia y añadió que el jefe de su partido había salido de la zona por amenazas.

«No tenemos a nadie [que quiera presentarse como candidato]», aseguró.

*Esta investigación se llevó a cabo con ayuda de Suecia. Hace parte de una serie de tres informes sobre los alcaldes en el Triángulo Norte.