Tegucigalpa, Honduras.– En un país donde las estructuras criminales operan con impunidad, la extorsión sigue siendo una de las principales fechorías que mantienen en zozobra al comercio formal e informal. Este delito, que llevó al actual gobierno a implementar un estado de excepción ampliamente cuestionado por su ineficacia, fue denunciado únicamente 341 veces ante la Secretaría de Seguridad solo en enero de 2025.
El portavoz de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), Mario Fu, informó en medios de comunicación que en enero de 2025 se registraron 341 denuncias por extorsión en Honduras. La cifra duplica los casos reportados en el mismo mes de 2024, cuando se contabilizaron al menos 160 denuncias.
Según Fu, esta poca denuncia durante 2025 no representa un factor negativo, al contrario, refleja una mayor confianza de la ciudadanía en las autoridades, lo que permite obtener resultados más concretos en la lucha contra este delito. No obstante, destacó que lo más relevante ha sido la realización de más de 560 asesorías, dirigidas a orientar a las víctimas de extorsión y prevenir nuevos casos.
En ese sentido, el funcionario policial señaló que, en lo que va del año, ha habido un repunte en la extorsión a través de WhatsApp. Explicó que miembros de estructuras criminales recopilan información en redes sociales, donde muchas personas publican productos en venta u otro tipo de información junto con sus números de contacto.
“Los delincuentes utilizan estos datos para amenazar a las víctimas, enviando mensajes extorsivos o realizando llamadas intimidatorias. En muchos casos, estos mensajes provienen de internos en centros penales, lo que refuerza la importancia de las asesorías brindadas por la Dipampco para evitar que más personas caigan en estos esquemas de extorsión”, mencionó Fu en pláticas con medios de comunicación.
Las autoridades han reiterado la importancia de denunciar estos casos y han instado a la población a evitar compartir información personal en redes sociales, ya que se vuelven blanco fácil. Mientras tanto, el estado de excepción, en vigor desde 2022 como una estrategia para combatir la criminalidad, sigue sin mostrar un impacto significativo en la reducción de este delito.
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¿POR QUÉ TAN POCA DENUNCIA?
La extorsión en Honduras ha generado un clima de temor que disuade a muchas víctimas de denunciar este delito. A pesar de su prevalencia, la intimidación y las represalias por parte de grupos criminales llevan a que numerosos afectados opten por el silencio, perpetuando así un ciclo de impunidad.
Por ejemplo, el sector del transporte urbano es uno de los más afectados por la extorsión. Según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en 2023, los transportistas pagaron aproximadamente 600 millones de lempiras en concepto de extorsión. Esta cifra se duplicó en 2024, alcanzando más de 1,200 millones de lempiras, lo que representa un promedio mensual de 150 millones de lempiras entregados a estructuras criminales.
La violencia asociada a la extorsión ha cobrado la vida de numerosos transportistas. En 2024, se registraron 49 asesinatos en este sector, evidenciando que, incluso cumpliendo con los pagos exigidos, las víctimas no están exentas de agresiones letales. Y, para este año, la dinámica podría seguir la misma línea, ya que se han registrado numerosos decesos por esa causa.
El temor a represalias también ha provocado desplazamientos forzados. Familias y empresarios se ven obligados a abandonar sus hogares y negocios para salvaguardar sus vidas, dejando atrás sus medios de subsistencia. Este fenómeno ha contribuido al incremento de la migración interna y externa, exacerbando la crisis humanitaria en el país.
A pesar de la vigencia del estado de excepción, el desplazamiento forzado por extorsión sigue en aumento en Honduras. En 2023, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) registró 1,699 denuncias, un 20 % más que en 2022, cuando se reportaron 1,417 casos. Estos datos reflejan que la medida de seguridad no ha logrado frenar este fenómeno.
Del total de denuncias, el 62 % correspondió a personas que, aunque estaban en riesgo, no habían abandonado sus hogares. Sin embargo, el 38 % restante, equivalente a 646 personas, se vio obligado a huir debido a amenazas directas de estructuras criminales, principalmente pandillas.
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El sector más golpeado por la extorsión y el desplazamiento forzado es el comercio. En 2023, el 45 % de las víctimas pertenecían a este rubro, lo que equivale a 764 denuncias. Además de comerciantes, amas de casa y trabajadores de distintos oficios también figuran entre los más afectados.
El constante hostigamiento por parte de maras y pandillas ha convertido a la extorsión en una de las principales causas de desplazamiento interno en el país. Las víctimas, en muchos casos, no cuentan con protección del Estado ni con opciones para reconstruir sus vidas en otras zonas.
En ese sentido, para el analista en temas de seguridad, Gonzalo Sánchez, en conclusión, la gobernabilidad de las estructuras criminales a través de este delito podría obedecer a varios factores, siendo los principales: desconfianza en las autoridades y penetración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad.
“La extorsión es un delito que muta y se reinventa. Es decir, si la Policía realiza despliegues operativos en una zona, los criminales se trasladan a otra y, con esa facilidad, continúan operando en impunidad. De esta manera, no habrá efectividad. Existen diversas aristas que deben ser consideradas y que pueden esquematizarse en un plan integral”, opinó.
