Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras se está dando en un contexto de violencia, descontento social, actos de corrupción de funcionarios de gobierno, remilitarización e impunidad.
Lo anterior es la conclusión expuesta este miércoles por los miembros de la misión de alto nivel de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) que se mantuvo en territorio hondureño cumpliendo con un proceso de observancia sobre la conformación de la Corte en este país centroamericano.
Luego de encuentros los con diferentes sectores, los juristas señalan que la población hondureña ha perdido la confianza en las instituciones del Estado, incluyendo al sector justicia, “el cual se ha visto afectado por fuertes injerencias de partidos políticos y de instancias de crimen organizado y estructuras criminales”.
Ante el contexto actual y por los pocos esfuerzos de combate a la impunidad, los miembros del ente internacional, recomiendan la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, similar a la establecida en Guatemala, para que con el apoyo de la comunidad internacional, pueda el Estado luchar en contra de las estructuras criminales y corruptas que actualmente operan en el país.
El director de la CIJ para Centroamérica, Ramón Cadena, apuntó que parte de las injerencias en el Poder Judicial provienen del propio presidente Juan Hernández y del Poder Legislativo, donde se establecen las líneas a seguir.
Mediante un pronunciamiento, el organismo, señala que los niveles de desconfianza de la población se está observando ahora con la conformación de la Junta Nominadora de magistrados y magistradas.
“Todo esa desconfianza y descontento social ha impulsado los buenos oficios de la OEA y ONU para promover una iniciativa de diálogo social que todavía está en ciernes”, dice la misiva.
Los juristas también cuestionaron la aprobación de una serie de leyes que restringen o limitan espacios de promoción y protección de derechos humanos, acceso a la información y militarizan la seguridad pública.
PRUEBAS DE POLÍGRAFO SON INCONSTITUCIONALES
En torno a la aplicación de las pruebas del polígrafo a jueces y magistrados, la CIJ considera que es una medida que podría resultar inconstitucional y contraria a tratados internacionales de derechos humanos.
Asimismo instan a los miembros de la Junta Nominadora, que por tener rango constitucional, realicen sus tareas con apego a la ley y a la Constitución de la República, ya que de lo contrario podrían incurrir en violación de los deberes de los funcionarios.
EQUIDAD DE GÉNERO
La CIJ lamenta la falta de equidad de género en la Junta Nominadora, ya que la única mujer que integra esta instancia, lo hace por razón de su cargo, como adjunta primera del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y no por su condición de mujer, y lo hace como suplente y no como titular, lo que a su juicio podría ser interpretado como una práctica de exclusión y discriminación hacia la mujer hondureña.
Sobre los procesos de elección de delegados de los entes proponentes, refiere que al momento de realizar esta misión, se constató que los representantes titulares y suplentes ya habían sido electos por medio de mecanismos internos sin transparencia y sin reglas claras.
TAREA DEL CONGRESO NACIONAL
Por otra parte los juristas expresan su preocupación, ya que de acuerdo a reuniones sostenidas con parlamentarios de los cuatro partidos mayoritarios, “existe el criterio entre los diputados, que la segunda etapa o filtro de estas elecciones, se limita a la tarea de elegir a magistrados y magistradas entre la lista de al menos 45 candidatos y candidatas, sin que dicho Congreso tenga la obligación de llevar a cabo acciones similares a las de la Junta Nominadora, para garantizar que se elegirá a las personas más idóneas, capaces, independientes y comprometidas con los derechos humanos”.
La CIJ, también, recibió denuncias en el sentido de que algunos diputados y diputadas, estarían tratando de prorrogar el mandato de la Corte Suprema de Justicia, para continuar en el cargo los actuales magistrados y magistradas, lo que constituiría una violación a la Constitución de la República, específicamente al artículo 311.
Los juristas también consideran oportuno que se le dé agilidad a un proyecto de Reforma Constitucional en el Congreso Nacional, que propone, a través de un colectivo de abogados, un proceso transparente para la elección de magistrados.
Asimismo indicaron que quedan a la espera que las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) cumplan su compromiso de solicitar a la Junta Nominadora y hacerles llegar la copia de la solicitud, sobre el proceso de elección de los magistrados.
REQUERIMIENTOS AL ESTADO
Ante los hallazgos expuestos, la CIJ presentó una serie de requerimientos al Estado de Honduras y a la sociedad civil, como el hecho de que se garantice un proceso transparente mediante audiencias públicas para la elección de los magistrados y magistradas por parte de la Junta Nominadora.
Al Congreso Nacional, se le exhorta a que se excluya de los requisitos de exigir a los candidatos (as), ser notario, además de abogado y que se comprometa públicamente a no interferir en la elección de los magistrados, a hacer públicos los nombres de los y las aspirantes, para que los ciudadanos tengan la oportunidad de presentar objeciones y observaciones acerca del nivel de conocimientos, independencia, honestidad, imparcialidad y compromiso con los derechos humanos de las y los candidatos.
Al Poder Legislativo, también se le pide que desde ya derogue el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que permite que cuando concluyan el período para el que fueron electos los funcionarios que se eligen en ese Poder del Estado y no se hayan designado sus sustitutos, permanezcan en sus cargos hasta que se realice dicha elección. Esto podría prestarse a que, mediante una estrategia de retardo, la actual Corte Suprema de Justicia permanezca en su cargos aún después de vencido el plazo constitucional, contraviniendo el artículo 312 de la Constitución de la República.
Los juristas, también solicitan el concurso de la sociedad civil a efecto de implementar una estrategia conjunta, coordinada y articulada de veeduría social activa y propositiva, para participar en procesos futuros sin los obstáculos enfrentados en esta ocasión y denunciar todas las irregularidades que puedan irse presentando.
Finalmente la CIJ hace un llamado a las autoridades del Estado de Honduras, para que hagan un esfuerzo mayor para dotarse a sí mismo de un Poder Judicial independiente, conformado por jueces y magistrados honestos, conocedores de asuntos relativos a la administración de justicia, independientes y comprometidos con los derechos humanos.
La misión del organismo no gubernamental de carácter internacional que permaneció en Honduras del 7 al 10 de septiembre, estuvo integrada por Víctor Rodríguez Rescia, abogado de Costa Rica, miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y Comisionado de la CIJ; Jaime Araújo Rentería, abogado colombiano, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y catedrático universitario; Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica y la abogada Ivania Galeano, asesora legal en Honduras.
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