Cierre de la Cicig obliga a renovar y redoblar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción e impunidad: Icefi:

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- Ante el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) después de doce años de actividades destinadas a apoyar el esfuerzo guatemalteco para enfrentar y desmantelar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expresó la necesidad de valorar las lecciones aprendidas que este inédito mecanismo de cooperación internacional deja a la sociedad, la institucionalidad pública y el sistema de administración justicia, así como instó a la población guatemalteca a continuar exigiendo, al Ministerio Público (MP) y a los tres poderes del Estado, el logro de las condiciones materiales, presupuestarias y humanas que aseguren la sostenibilidad del esfuerzo contra la corrupción y la impunidad.

La labor de la Cicig, en conjunto con la Fiscalía contra la Impunidad (Feci) del MP, fue clave para que la población guatemalteca recobrara la esperanza de contar con un sistema de administración justicia capaz de investigar, procesar y sancionar a funcionarios y empleados públicos o personas individuales responsables de cometer delitos relacionados con financiamiento irregular de partidos políticos, cooptación judicial y corrupción de operadores de justicia, y las múltiples formas penales que adopta la corrupción político-administrativa. También la persecución penal en delitos relacionados con la trata de personas con fines de adopciones irregulares, la conflictividad social y el despojo de tierras, el narcotráfico y lavado de activos, así como estructuras homicidas de alto poder de fuego y de sicariato.
 
El trabajo de la Cicig y la Feci ―apoyado en herramientas y métodos modernos de investigación, así como un marco legal fortalecido para esta finalidad―, ha contribuido a incrementar la conciencia ciudadana sobre el derecho de exigir a las autoridades mayor transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos, de manera que la corrupción y el crimen organizado no sigan robando oportunidades a la población guatemalteca, minando su desarrollo y deteriorando la prestación de bienes y servicios públicos. El reto fue y sigue siendo mayúsculo, ya que requiere reducir las cuotas de poder político y económico de actores hasta ahora «intocables» y exentos de rendir cuentas, frente a los jueces y la sociedad, sobre sus actos y prácticas ilegales, consideradas «normales» en el camino para asegurar beneficios personales o intereses sectoriales.
 
A criterio del Icefi, aunque la Cicig logró resultados tangibles a través de procesamientos y condenas para que esos hechos no quedaran en la impunidad, Guatemala no logró la transformación estructural necesaria para impedir que los delitos que se están persiguiendo penalmente vuelvan a ocurrir. Continúa pendiente el fortalecimiento institucional y el diseño e implementación de planes y medidas integrales para prevenir la corrupción y erradicar la impunidad. Entre las acciones pendientes destacan la construcción de un marco jurídico y el rediseño institucional que aproveche la experiencia de los casos judicializados y las recomendaciones de los informes temáticos elaborados por la Cicig para la reforma estructural del servicio civil y del sistema de adquisiciones públicas, un control más efectivo del financiamiento electoral, el fortalecimiento de las reglas del sistema político y electoral, mejorar la calidad y efectividad del gasto público, del acceso a información pública y fomentar la participación ciudadana, entre otras.      
 
Para el Icefi los desafíos que persisten en el sistema de administración de justicia, luego del intento fallido de reforma constitucional de 2017, son muy importantes. Si bien en los años pasados se logró fortalecer la estructura orgánica y funcionamiento de la mayor parte de las entidades que lo integran, principalmente el MP y el Organismo Judicial, se necesita voluntad del Estado para asignar presupuestos adecuados para subsanar la falta de cobertura geográfica y las barreras, como la lingüística, en los lugares en los que hay presencia física; acciones firmes para revertir la mora judicial y proponer respuestas concretas a problemas históricos que enfrenta la justicia desde antes de la llegada de la Cicig, como la invisibilidad del derecho indígena, el abuso de la prisión preventiva, del amparo y otros obstáculos a la investigación y persecución penal, la debilidad de los sistemas de carrera profesional (judicial, fiscal, policial, forense y penitenciaria), la corrupción de operadores de justicia, la coordinación interinstitucional insuficiente y la revisión del modelo de comisiones de postulación como mecanismo para designar a las autoridades de los órganos de justicia; favorecer la cultura de legalidad y garantizar la celeridad, unidad, independencia e imparcialidad judicial.

Nota relacionada Comisionado de la CICIG dispuesto a renunciar si el gobierno permite a la misión cumplir su mandato

El final de la Cicig cierra un ciclo de aprendizaje que la sociedad guatemalteca debe aprovechar para avanzar en los temas pendientes en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El peor escenario para el país sería el retroceso de lo avanzado en estos doce años, la desatención de las recomendaciones temáticas que surgieron de este período y la rearticulación de las estructuras criminales que se vieron afectadas con la persecución penal conjunta de la Cicig y el MP.
 
Al reconocer el invaluable legado de la Cicig y la garantía que brindó la Organización de las Naciones Unidas para asegurar la independencia de sus autoridades, el Icefi instó a la población guatemalteca a continuar exigiendo, al MP y a los tres poderes del Estado, el logro de las condiciones materiales, presupuestarias y humanas que aseguren la sostenibilidad del esfuerzo contra la corrupción y la impunidad, con la comprensión de que estos fenómenos imposibilitan la construcción de Estados democráticos, al prostituir el sistema electoral y de partidos políticos, debilitar la capacidad y legitimidad gubernamental, minar el crecimiento económico y disminuir la cohesión social y la gobernabilidad democrática.