Más de 1,200 trabajadores quedan sin empleo ni prestaciones tras la abrupta decisión de la Secretaría de Trabajo
Las manifestaciones pacíficas por sus derechos laborales fueron violentamente reprimidas por la Policía Nacional, evidenciando la falta de respuesta del gobierno ante la crisis laboral
Tegucigalpa, Honduras. – La Secretaría de Trabajo ha declarado el cierre de Delta Cortés S.A., dejando a más de 1,200 trabajadores sin empleo y sin el pago de sus prestaciones laborales.
Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y descontento entre los empleados, quienes protestaron frente a las instalaciones de Delta Cortés para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.
Sin embargo, en lugar de recibir una respuesta ante sus exigencias, el pasado martes fueron recibidos por un contingente policial –quienes a punta de golpes y empujones— desalojaron a la población maquiladora que desde hace meses ha sido suspendida sin goce de salarios.
“Me agarraron a patadas, si no hubiera sido por unos compañeros, no sé cómo hubiera terminado”, expresó entre lágrimas Iris Mercado una de las trabajadoras de la maquiladora que se ha declarado en quiebra.
A pesar de esta situación crítica, ninguna autoridad gubernamental ha anunciado medidas para garantizar el pago de los derechos laborales que la empresa, en fuga, debe a sus empleados.
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REPRESIÓN Y ABANDONO ESTATAL
La represión sufrida por los empleados de la maquila Delta Cortés S.A. ha puesto de manifiesto una alarmante defensa de los intereses empresariales por parte de la Policía Nacional. Durante la manifestación pacífica en el Parque Industrial Zip Buena Vista, los trabajadores exigían el respeto a sus derechos laborales y el pago de salarios adeudados, pero fueron brutalmente dispersados con el uso de tanquetas de agua y agresiones físicas.
En ese sentido, Iris Mercado, quien ha trabajado por más de 14 años en la empresa recalcó “nosotros estamos peleando nuestros derechos”, además señaló que fueron suspendidos desde hace más de tres meses sin goce de salario.
Por su parte, Suyapa Martínez, una de las empleadas suspendidas de Delta Cortés S.A. recriminó el accionar de las autoridades estatales ante la clara violación de los derechos de los obreros y obraras. “No es justo que ni la Secretaría de Trabajo ni los Derechos Humanos no hagan nada viéndonos en esos portones”.
Ante ello, los trabajadores afectados por el cierre de Delta Cortés S.A. han exigido de manera a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) que asuma su responsabilidad como garante de los derechos laborales. Además, Solicitan que la institución informe de manera transparente sobre la situación actual de los más de 1,200 empleados que se encuentran en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad.
De igual manera, que esta entidad gubernamental adopte medidas inmediatas para proteger la dignidad obrera y garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de la empresa, en lugar de permitir que se evadan sus responsabilidades.
Policía reprime protesta de empleados de la maquila con tanquetas de agua
EMPRESA EN HUIDA
De acuerdo con el Comité de Afectados por Delta Cortés S.A. y el Bufete Estudios para la Dignidad, la empresa había solicitado –en junio de 2024— la suspensión de contratos temporales bajo el pretexto de problemas financieros, mientras que se descubrió que su casa matriz enfrentaba un proceso de quiebra en Estados Unidos. Esta situación plantea serias interrogantes sobre el conocimiento previo que SETRASS tenía de la crisis y su falta de acción para proteger a los trabajadores afectados.
Mejía detalló que hay trabajadores que tienen entre 10, 14 y hasta 25 años de laborar en la maquiladora que se declaró sin capacidad financiera para poder operar, razón por la cual alertaron a la Setrass. “Advertimos a la Secretaría de Trabajo desde el primer día que esta empresa estaba maniobrando para huir sin saldar ningún derecho a los trabajadores y trabajadores”, enfatizó el abogado.
Ante este panorama, es crucial que el Gobierno asuma su responsabilidad y garantice la dignidad obrera, priorizando los derechos de los trabajadores sobre las maquileras transnacionales. La situación actual exige una respuesta inmediata y efectiva para proteger los derechos laborales y la integridad de los trabajadores afectados.
Las protestas frente al Parque Industrial Zip Buena Vista fueron reprimidas por la Policía Nacional, lo que dejó a varias trabajadoras violentadas por el uso excesivo de la fuerza.
Ese día, miembros de la Policía Nacional permanecían a las afueras de la transnacional resguardando las instalaciones, entre tanto más de 1200 empleados y empleadas siguen sin recibir sus prestaciones laborales.
El Comité exige a SETRASS que asuma su responsabilidad como garante de los derechos laborales y que informe sobre la situación actual de los trabajadores. Además, instan al Ministerio Público a investigar las acciones criminales de empresarios y funcionarios cómplices que han permitido esta crisis.
