Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. – En el Día Internacional de la Mujer, la CIDH llama a los Estados a fomentar y fortalecer la participación política de las mujeres en la región.
Para ello, la CIDH hace un llamado a reconocer el rol imprescindible de las mujeres para el fortalecimiento de la democracia, a erradicar la violencia y la discriminación que siguen enfrentando, y a implementar medidas especiales para lograr su participación sustantiva, así como su incidencia efectiva en todos los espacios políticos de decisión.
La participación y la representación de las mujeres en todos los niveles del Gobierno y del Estado son condiciones necesarias para el fortalecimiento de la democracia, ya que promueven el pluralismo político mediante la integración de las voces y demandas de las mujeres. La participación de las mujeres en puestos de poder y de decisión política tiene un efecto multiplicador para lograr la igualdad de derechos en todos los ámbitos relevantes a la igualdad de género, no sólo en el de la política.
El año pasado, Barbados eligió por primera vez a una mujer al cargo de Primera Ministra y que en Costa Rica, la actual vicepresidenta es la primera mujer afrodescendiente en ocupar ese cargo en América latina. En las últimas elecciones celebradas en Colombia, cuatro de las cinco candidaturas a la Presidencia tuvieron como dupla a una candidata mujer, y saluda también la paridad de género lograda en el gabinete ministerial del gobierno colombiano. Asimismo, se registró un nivel histórico de participación de mujeres en el ciclo electoral celebrado en México, incluyendo la elección por primera vez de un Congreso que se acerca a una composición con paridad de género. En Estados Unidos, en las elecciones legislativas de 2018 se registró el mayor número de mujeres candidatas al Senado, al Congreso y a Gobernaciones de la historia electoral, resultando en la legislatura con más mujeres electas en la historia del país.
A pesar de estos logros, la Comisión observa que aún existe una brecha considerable entre el reconocimiento formal de los derechos políticos de las mujeres y el grado de su representación política en la región. Al respecto, la Comisión continúa recibiendo información dando cuenta que las mujeres enfrentan diversos obstáculos para acceder a puestos de poder, resultando en su sub-representación en los distintos ámbitos de gobierno. El ejercicio de los derechos políticos de las mujeres se ve notoriamente afectado por la prevalencia de estereotipos de género discriminatorios que encasillan a las mujeres en el ámbito doméstico y desconocen su rol fundamental en el espacio público.
“La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos han sido reconocidos como derechos fundamentales, tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal de protección de derechos humanos”, recordó la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH. “La participación política de las mujeres incluye tanto su incorporación plena en cargos públicos como la necesidad de que las prioridades de las mujeres se vean representadas en la agenda pública. Para fortalecer el empoderamiento y el liderazgo político de las mujeres, el involucramiento tanto de hombres como de mujeres es una condición indispensable,” concluyó.
Además, las mujeres con compromisos políticos enfrentan numerosas formas de violencia que restringen e inhiben su participación efectiva en espacios de poder, incluyendo actos como la quema de materiales de campaña electoral de las mujeres; acoso y presiones para que ellas renuncien a los cargos; juicios estereotipados y discriminatorios contra las mujeres en medios de comunicación y en redes sociales; mensajes violentos y amenazas contra ellas y sus familiares; amenazas de violencia sexual y de muerte e incluso, asesinatos. En la región, la violencia económica, física y simbólica contra las mujeres socava su imagen de líderes políticas eficaces y genera un contexto desalentador para su efectiva participación en la política. Al respecto, la CIDH recuerda a los Estados de la región su deber de debida diligencia en la investigación y sanción de actos de violencia, agresión o acoso perpetrados contra mujeres electas, candidatas o designadas en cargos públicos.
Margarette May Macaulay, Relatora para los Derechos de las Mujeres de la CIDH
“En las Américas, muchas mujeres se ven aún impedidas para ejercer plenamente sus derechos políticos en igualdad de condiciones con los hombres, resultado de patrones de género estereotipados y discriminatorios, de la violencia estructural contra ellas y de las relaciones de poder desiguales que se han establecido entre hombres y mujeres”, aseguró la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora para los Derechos de las Mujeres de la CIDH. “Es particularmente preocupante la violencia y la discriminación que enfrentan las mujeres afrodescendientes e indígenas así como mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales e intersex (LBTI) con compromisos políticos. Todas ellas han de desafiar estereotipos ligados a su género y además, enfrentar ataques en ocasiones racistas y homófobos en su contra,” enfatizó la Comisionada.
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Además de los ambientes violentos y hostiles que inhiben la participación de las mujeres en política, la Comisión reconoce que sigue siendo un reto garantizar la representación numérica y cualitativa de las mujeres en los espacios de poder. Para lograr una mayor representatividad numérica, la Comisión reitera la necesaria implementación de medidas especiales de carácter temporal como leyes de cuotas de género, la asignación de financiamiento público para candidaturas femeninas y la promoción de los derechos políticos de las mujeres. Para lograr la representación sustantiva de los intereses de las mujeres es fundamental que sus derechos e intereses sean parte de la agenda política nacional, de la legislación, de las políticas públicas y de las decisiones judiciales, yendo más allá de la incorporación de mujeres en puestos públicos.
Al respecto, la Comisión llama a los Estados a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las mujeres participen y sean representadas en todas las esferas de la política, asegurando su acceso igualitario en todas las instituciones estatales y organizaciones políticas, así como el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad y libres de violencia y discriminación. Para ello, la CIDH recuerda a los Estados la importancia de identificar y remover los obstáculos estructurales y formales que enfrentan las mujeres en el acceso a puestos de toma de decisión, acorde a los estándares interamericanos en la materia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
