CIDH emite resolución para proteger derechos de familiares de personas privadas de libertad

La CIDH llama a los Estados a garantizar visitas dignas y proteger el vínculo familiar de las personas privadas de libertad

Tegucigalpa, Honduras. – En Honduras, más de 19 mil personas se encuentran privadas de libertad, de las cuales se estima que el 49% permanecen en el sistema penitenciario sin recibir sentencia, bajo condiciones de hacinamiento y tratos degradantes que dificultan las visitas de sus familiares.

Esta realidad se repite en toda Latinoamérica y, considerando la estigmatización, la ruptura de lazos de protección e incluso el desamparo que viven las y los familiares de las personas privadas de libertad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en julio de 2025 la resolución No-2/25, que busca visibilizar los desafíos que enfrentan.

También conocida como la resolución sobre los derechos de los familiares y personas con vínculos afectivos de las privadas de libertad, la determinación busca establecer lineamientos para que los Estados desarrollen políticas públicas que atiendan y reconozcan las afectaciones sociales, económicas y emocionales que sufren sus familiares, especialmente niñas, niños y adolescentes.

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Criterio.hn conversó con el comisionado de la CIDH y relator de las personas privadas de libertad, Stuardo Ralón, para conocer los alcances y limitantes de la resolución, a través de la cual la Comisión busca establecer lineamientos para que los Estados desarrollen políticas públicas efectivas que atiendan los derechos de los familiares de la población penitenciaria. 

La visibilización de los familiares de las personas privadas de libertad como sujetos de derechos, la importancia de la cercanía, trato digno y no discriminatorio durante las visitas, y el establecimiento de mecanismos de seguimiento, fueron tres puntos clave destacados por el relator Ralón, y que aborda la resolución No. 2-2025.

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El relator de las personas privadas de libertad afirmó que la protección del vínculo familiar debe garantizarse para evitar que la distancia y los costos rompan los lazos necesarios para una rehabilitación social a futuro. Para esto, indicó es necesario contar con espacios dignos y ambientes seguros, que tomen en cuenta la localización del lugar detención con respecto al sitio de residencia de sus familiares.

Asimismo, advirtió que las familias que visitan a las personas detenidas suelen enfrentar registros intrusivos, violencia o estigmatización, lo que puede convertir la visita en una experiencia traumatizante, incluso para niños y niñas. A través de la resolución, la CIDH enfatiza la necesidad de protocolos y espacios adecuados que garanticen seguridad, dignidad y respeto de los derechos humanos de los familiares, recordando que el Estado también tiene obligaciones hacia ellos y no solo hacia las personas privadas de libertad.

RALÓN ADVIERTE SOBRE AISLAMIENTO Y REGISTROS INTRUSIVOS EN CENTROS PENITENCIARIOS

Criterio.hn planteó a Ralón sobre las repercusiones que tendría la construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad en Islas del Cisne y en Gracias a Dios, que son zonas de difícil acceso para los familiares de las personas privadas de libertad.

“Afectación muy grave porque a mayor distancia y también dificultad de acceso, lo que estamos generando es un régimen de aislamiento de la sociedad, de su propia familia y es muy difícil poder establecer cualquier política de rehabilitación en un régimen de aislamiento”, declaró el relator, quien agregó que este tipo de regímenes se prestan a situaciones de tratos que no son acorde a los estándares interamericanos, y “lo que la resolución indica es totalmente lo contrario”.

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El comisionado Ralón sostuvo que, si bien debe haber centros de detención con distintos niveles de seguridad, ante las altas tasas de hacinamiento y encarcelamiento de personas en prisión preventiva, es decir personas que aún no cuentan con una sentencia de culpabilidad, lo razonable es que no estén aislados y puedan ser visitados por sus familiares.

Sobre los registros intrusivos, el relator señaló que las inspecciones vaginales y anales a visitantes constituyen una “gravísima situación y exposición a riesgos y abusos sexuales” durante los ingresos y egresos de algunas personas a centros de detención. “El empleo de métodos tecnológicos en ese registro, que ya existen, puede evitar que exista este protocolo inadecuado o algún riesgo de abuso”.

Con respecto a los desafíos que prevén en la implementación de la resolución en la región, Ralón identificó dos: primero los normativos, relacionados a la alta tasa de hacinamiento y prisión preventiva; y segundo, financieros y de política pública que se enfoquen, además de los privados de libertad, en sus familiares.

Con respecto a cómo la CIDH dará seguimiento a la adopción de la resolución por parte de los Estados, el relator de las personas privadas de libertad explicó que la CIDH cuenta con varios mecanismos de seguimiento que incluyen monitoreos, cartas al Estado, reuniones bilaterales, comunicados, audiencias en periodos de sesiones y visitas in loco.

Ralón enfatizó que la Relatoría busca un enfoque colaborativo con los Estados, apoyando técnicamente y revisando protocolos, y que la resolución brinda una guía concreta para priorizar recursos y acciones en favor de las personas privadas de libertad y sus familiares.