Tras su reciente visita a Tocoa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alerta sobre la persistente violencia y las amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos, destacando la ineficacia del sistema judicial hondureño para investigar crímenes graves y garantizar justicia
Foto portada: archivo
Tegucigalpa, Honduras. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al término de su visita a Honduras ha expresado su preocupación por la falta de respuesta efectiva del sistema judicial hondureño frente a los alarmantes niveles de violencia y amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país.
En un contexto donde la impunidad prevalece, la CIDH ha constatado que, en los últimos años, las investigaciones sobre crímenes graves, incluidos asesinatos, han sido inadecuadas y descentralizadas, lo que ha permitido que muchos casos queden sin resolver.
Este fenómeno es particularmente evidente en el caso del asesinato de Juan López, ambientalista y defensor de derechos humanos cuya muerte sigue sin esclarecerse.
La Comisión llevó a cabo una visita de trabajo a Honduras del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2024. El propósito principal de esta visita fue impulsar el Plan de Trabajo para establecer un Mecanismo de Seguimiento de las recomendaciones presentadas en el Informe publicado en 2024, mismo que acordaron establecer en abril cuando se presentó la informe situación de país 2023. El referido mecanismo estaría integrado por organizaciones de Sociedad civil, el gobierno y la CIDH.
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MEDIDAS CAUTELARES SIN SER CUMPLIDAS
La falta de acceso a la justicia se ha convertido en un obstáculo significativo para aquellos que buscan protección y reparación.
La Comisión Interamericana, llevó a cabo una visita a Tocoa, en la región del Bajo Aguán, donde se reunió con beneficiarios de las Medidas Cautelares 50-14 y 137-23. Estas medidas, otorgadas a líderes de movimientos campesinos y miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, fueron implementadas en respuesta a los graves riesgos que enfrentan debido a conflictos agrarios y proyectos extractivos en la zona. Sin embargo, los beneficiarios de estas medidas siguen sin tener la protección del Estado.
“Pudimos observar que la situación de riesgo, de peligro que enfrentan las comunidades, los defensores, las defensoras y los campesinos de la zona, lamentablemente sigue vigente”, enfatizó Andrea Pochak, Comisionada de País en la CIDH.
La CIDH escuchó preocupantes testimonios que revelaron un clima de temor en la región. Los defensores de derechos humanos informaron sobre amenazas y hostigamientos constantes, así como sobre la alarmante presencia de grupos criminales que operan en el área.
Además, se destacó la falta de investigaciones efectivas por parte de las autoridades sobre los actos de violencia que han sufrido, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.
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LLAMADO AL ESTADO
En este contexto crítico, la CIDH reitera su llamado al gobierno para que implemente reformas estructurales que fortalezcan el sistema judicial y garanticen el respeto a los derechos humanos.
Andrea Pochak, al término de esta visita de seguimiento, ha puesto de manifiesto una preocupante disparidad entre las declaraciones oficiales y la realidad sobre el terreno en Honduras. Según sus observaciones, existe una notable discrepancia entre los compromisos formales y la voluntad expresada por las altas esferas del gobierno nacional, materializados en la firma de diversos acuerdos, y la situación real que se vive en Tocoa y sus alrededores.
Esta brecha entre la retórica gubernamental y las experiencias cotidianas de los habitantes de la zona sugiere una implementación deficiente de las políticas y compromisos adquiridos.
Pochak subraya así la urgente necesidad de que las autoridades hondureñas traduzcan sus promesas en acciones concretas y efectivas que mejoren tangiblemente las condiciones de vida y la protección de los derechos humanos en regiones como Tocoa.
La Comisión también ha destacado la importancia de establecer mecanismos efectivos para proteger a quienes defienden estos derechos en un entorno cada vez más hostil. Sin acciones concretas y efectivas por parte del Estado, la situación de impunidad y violencia en Honduras seguirá afectando gravemente a sus ciudadanos, especialmente a aquellos.
Además, la CIDH ha instado al Estado hondureño a tomar medidas urgentes para investigar adecuadamente estos delitos y sancionar a los responsables, enfatizando que la corrupción y la falta de confianza en las instituciones judiciales han deteriorado aún más la situación.
En 2022, la tasa de impunidad alcanzó un alarmante 87% en homicidios, lo que refleja un sistema judicial incapaz de garantizar justicia para las víctimas y sus familias. La CIDH ha señalado que esta situación no sólo afecta a los defensores de derechos humanos, sino también a grupos vulnerables como mujeres, periodistas y comunidades indígenas, quienes son blanco frecuente de violencia y amenazas.
