Tegucigalpa.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó esta semana los asesinatos contra defensores de la tierra y territorio en el Bajo Aguán y territorio garífuna, ambos en el norte de Honduras.
La CIDH remarcó que los crímenes se enmarcan en un contexto de violencia histórica al que las personas defensoras están expuestas, especialmente en las regiones mencionadas, llamando al Estado a investigar los hechos y proteger a quienes defienden los derechos humanos en el país.
Aunque la comisión señaló la muerte de al menos cinco defensores, la cuenta es de siete defensores asesinados entre el 7 de enero al 12 de febrero, seis de los cuales ocurrieron en el fértil Valle del Aguán, que es disputado a los campesinos por el sector agroindustrial.
CRÍMENES CONTRA DEFENSORES
El doble asesinato de los defensores del Parque Nacional Carlos Escaleras y los ríos Guapinol y San Pedro, Alí Domínguez y Jairo Bonilla, ocurrió el 7 de enero. A este siguió otro doble crimen contra el líder campesino y presidente de la Cooperativa Los Laureles, Omar Cruz Tomé junto a su suegro, Andy Martínez, el 18 de enero.
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El 29 de enero es asesinado el joven defensor del territorio garífuna, Ricardo Arnaúl Montero en la comunidad del Triunfo de la Cruz, Tela. Arnaúl Montero era miembro activo del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, y formaba parte del equipo de resguardo y seguridad del sector del Río Gama, a inmediaciones del territorio recuperado Secundino Torres.
El 12 de febrero fueron asesinados Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier Rivas. Hipólito Rivas era defensor e integrante de la empresa Campesina Gregorio. Sobre este nuevo crimen, el Bufete Estudios para la Dignidad afirmó que “mantiene el mismo patrón de los últimos 10 asesinatos en la zona y que reiteramos se ordenan desde empresas agroindustriales como Dinant, que en este gobierno también mantiene el privilegio de su impunidad”.
IMPACTO DE ASESINATOS CONTRA DEFENSORES
La CIDH recordó: “Los asesinatos y otros actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos tienen una consecuencia multiplicadora que va más allá de la afectación a su persona pues, cuando la agresión es cometida en represalia a su actividad, produce un efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares”.
El órgano instó al gobierno a adoptar medidas prioritarias para el efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
En el caso de los defensores del Bajo Aguán, la CIDH recordó al Estado hondureño la importancia de dar cumplimiento efectivo a las medidas cautelares MC 50-14, la cual protege a un número importante de personas campesinas en dicha región.
Mientras que en relación al territorio garífuna, la Comisión requirió al Estado adoptar medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida e integridad personal de las personas que integran las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, remarcando que estas desarrollan colectivamente acciones de defensa de los derechos del pueblo garífuna.
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La CIDH afirmó estar “a disposición para brindar asistencia y cooperación técnica que permitan alcanzar soluciones a los desafíos identificados en Honduras y cumplir con sus obligaciones internacionales”.
