Por: Redacción CRITERIO
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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de cinco defensores de derechos humanos en Colombia, así como el contexto generalizado de represalias, hostigamiento y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos en el país.
De acuerdo a la información recibida, Jhon Jairo Ramírez Olaya, líder afrodescendiente en Buenaventura que realizaba tareas de prevención de reclutamiento forzado de adolescentes por parte de paramilitares, entre otras actividades, fue asesinado el 9 de noviembre de 2015. Asimismo, se recibió información que el 13 de noviembre de 2015 fueron asesinados Daniel Abril, líder ambientalista que denunciaba el impacto ambiental causado por industrias extractivas en el departamento de Casanare, y Luis Francisco Hernández González, líder de procesos de restitución de tierras y representante de la comunidad afrodescendiente, en el departamento de Córdoba. En adición a ello, la información disponible indica que el 16 de enero de 2016 fue asesinada la defensora Nelly Amaya, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo – Ascamcat y del capítulo Norte Santander del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, y presidenta de la Junta de la Acción Comunal del barrio Guamalito en el municipio de San Calixto. Finalmente, se recibió información sobre el asesinato, el 26 de enero de 2016, de Johan Alexis Vargas, líder de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes y vocero de Marcha Patriótica en el Departamento de Nariño, quien había informado a las autoridades sobre las amenazas de muerte que venía recibiendo.
Asimismo, la CIDH recibió información sobre el intento de asesinato del líder indígena Feliciano Valencia, y amenazas de muerte contra otros defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo miembros de MOVICE, líderes sindicales miembros del CUT-Valle, líderes sociales del departamento del Cauca, así como defensores de los derechos de las personas afrodescendientes y los pueblos indígenas. Según un estudio reciente, en 2015 fueron asesinados por lo menos 54 defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia.
“Estamos profundamente preocupados por esta situación”, dijo el Relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco.
La Comisión Interamericana reitera que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. La CIDH toma nota de las investigaciones en curso y llama al Estado de Colombia a continuar con las mismas. Esto debe incluir el desarrollo de líneas de investigación bajo la hipótesis de que estos asesinatos pudieran haber sido cometidos en conexión con la labor de defensa de los derechos humanos. Dicha investigación además debe ser emprendida con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial. Asimismo, la CIDH urge al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos.
“En 2015, la Comisión Interamericana emitió dos comunicados de prensa por los asesinatos de 25 defensores y señaló que las cifras resultaban alarmantes”, agregó el Comisionado Orozco. “Resulta urgente que el Estado logre garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que defensores y defensoras puedan desarrollar su trabajo sin riesgos”.
Los actos de violencia y otros ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad y sumiéndolos en una situación de indefensión. La labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática y la consolidación del Estado de Derecho.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
