La CIDH señala en su informe más reciente la fragilidad institucional de Honduras y las persistentes violaciones de derechos humanos, mientras critica la prolongación del estado de excepción sin el debido análisis, y llama a las autoridades a implementar reformas urgentes
Tegucigalpa Honduras. – En los últimos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su informe “Situación de derechos humanos en Honduras” que presenta al menos 36 recomendaciones que abordan la situación de los derechos humanos tras la visita in loco realizada del 24 al 28 de abril de 2023.
Luego de la presentación del referido informe, en una entrevista exclusiva, Criterio.hn habló con la Comisionada Relatora de la CIDH para Honduras, Andrea Pochak.
En el dialogo, Pochak remarcó los principales hallazgos del informe, entre ellos la debilidad institucional y las múltiples violaciones de derechos humanos hacia las poblaciones vulnerabilizadas, mismas que son de “larga data”.
Hizo especial énfasis en el combate a la impunidad, un reto que tienen las nuevas autoridades del Ministerio Público. “Nos preocupa la impunidad; la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres; la impunidad en la violencia contra periodistas; la impunidad de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos”, expresó la comisionada relatora.
En ese sentido, señaló que la impunidad es un tema que requiere el compromiso de autoridades las judiciales y las autoridades del Ministerio Público. “Esperamos que sea que sea tomado en serio”, enfatizó.
De acuerdo con la CIDH, Honduras registró altos niveles de impunidad, con una tasa del 87 % en los homicidios ocurridos en ese año.
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ESTADO DE EXCEPCIÓN: PREOCUPA PRORROGAS SIN ANÁLISIS Y QUE SE CONVIERTA EN MEDIDA PERMANENTE
En Honduras desde el seis de diciembre se instauró un estado de excepción que suspende garantías constitucionales, una medida de seguridad que otorga facultades a las Fuerzas Armadas para desarrollar tareas en materia de seguridad ciudadana.
Pero, señaló que, en el caso de Honduras, se ha convertido en un recurso permanente que ha dejado de ser excepcional para pasar a ser la norma. “El estado de excepción, el régimen de estado de excepción no se puede convertir en la política de seguridad principal que tiene el Estado y también tiene que ser revisado y limitarse al momento y al lugar en donde sea estrictamente necesario”, recalcó Pochak.
En contraste, la comisionada de la CIDH, recordó, “este régimen de estado de excepción se traduce además en que las Fuerzas Armadas continúen ejerciendo funciones de seguridad pública, lo cual no coincide con la voluntad inicial del Estado de desmilitarizar al país”.
Dicho recordatorio gira en torno a la promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, de desmilitarizar la seguridad ciudadana cuando prometió “enviar los militares a sus cuarteles”; sin embargo, 11 meses después de haber llegado al poder implementó la cuestionada medida de estado de excepción.
La CIDH, recalca su preocupación por las sucesivas prorrogas que esta medida ha tenido, ya que “están siendo aprobadas sin un análisis y control efectivo por parte del Congreso Nacional”.
Pese a la implementación del estado de excepción y a una reducción en la tasa de homicidios, Honduras permanece como el primer país de Centroamérica y el segundo a nivel de Latinoamérica, como la nación más peligrosa.
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REPERCUSIONES DE NO TOMAR RECOMENDACIONES
El informe de la CIDH que partió de lo documentado en el último informe de país en el 2019, cuando Honduras recién atravesaba una crisis electoral, debido a la reelección de Juan Orlando Hernández –condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico— identifica la persistencia de una serie de problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la conflictividad social, territorial, agraria y/o ambiental, y la violencia que afectan de manera transversal en la garantía de los derechos humanos, presenta 36 recomendaciones para cambiar el panorama de desprotección.
Sin embargo, el país centroamericano ha recibido una serie de recomendaciones, no sólo de la CIDH, sino de varios organismos internacionales en materia de derechos humanos, pero no han sido tomadas en cuenta, una situación que perpetua las violaciones de derechos humanos.
En ese sentido, Andrea Pochak, dijo a Criterio.hn que cada vez que un organismo internacional como la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o un organismo de Naciones Unidas emite una recomendación y esas recomendaciones no se cumplen, generan responsabilidad internacional para el Estado.
Razón por la cual, de acuerdo con Pochak, el Estado de Honduras y muchos otros estados de la región, rindiendo cuentas ante estos organismos internacionales por el incumplimiento de sus recomendaciones.
Ante ello, la Comisionada de la CIDH, expresó “el problema es más fuerte cuando los gobiernos se niegan a recibir el escrutinio internacional, no comparten los diagnósticos y niegan los diagnósticos, entonces no hay diálogo posible”.
Por último, Andrea Pochak, recoció la existencia de un diálogo entre la CIDH y el gobierno. Añadió que, como resultado del diálogo abierto, el gobierno se comprometió a impulsar un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones, un trabajo conjunto entre el organismo internacional, autoridades estatales y sociedad civil.
