Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) suscribieron un día atrás el memorando de entendimiento que daría vida a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), y uno de los puntos más destacables que figura dentro del texto involucra a los fideicomisos.
Dentro del numeral sexto, inciso D, del memorando de entendimiento el Gobierno y la ONU se comprometen a identificar y reformar normativas que están relacionadas con los fideicomisos, a fin de garantizar el buen funcionamiento del mecanismo anticorrupción.
El fideicomiso es una figura mercantil que en Honduras, durante los últimos años, se ha utilizado con el propósito de administrar fondos públicos a través de la banca privada y la banca pública, pero que, debido a la escasa capacidad por rastrear esos recursos por parte de los entes contralores del Estado, se ha fomentado la corrupción.
Algunos de los fideicomisos más importantes han sido los que se han utilizado con el fin de administrar los recursos que están relacionados con la Tasa de Seguridad Poblacional y con la adquisición de medicamentos por parte de la Secretaría de Salud.
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A criterio del exinvestigador de la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (OEA-MACCIH), Álex Navas, bajo ningún motivo es recomendable que los recursos del erario público sean administrados por instituciones bancarias del sector privado.
“La cuestión es que el Estado tiene que cumplir con ciertas normas de la Ley de Contratación del Estado y otras normativas para que el aparato estatal adquiera un bien”, explicó Navas a Criterio.hn.
El exfuncionario de la OEA-MACCIH también hizo énfasis en que, en caso de concretarse la llegada de la CICIH al país, a este mecanismo anticorrupción deberán dotarle las herramientas necesarias para investigar los fideicomisos activos y también los que fueron cancelados durante 2022.
“Habrá que ver qué se hace con los que ya están cancelados. En ese sentido, será necesaria una reconstrucción forense de todo lo que se gastó y ver si la banca privada manejó esos recursos con todas las medidas transparencia y rendición de cuentas. El Ministerio Público y la CICIH deberán determinar si hubo corrupción”, añadió.
GOBIERNO PROMETIÓ DAR RESPUESTAS SOBRE ESTOS FIDEICOMISOS
A inicios de 2022, la Administración Xiomara Castro prometió revisar unos 70 fideicomisos que se mantenían activos entre el Estado hondureño y la banca privada. “Serán sometidosa auditorías para determinar si existe responsabilidad penal, civil o administrativa y procedes con su liquidación al igual que contratos de alianzas público privadas ordenando a la Procuraduría General asumir la defensa del Estado frente a las demandas o reclamos administrativos que puedan surgir”, declaró, en su momento, la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada.
Y añadió: “Dieron 70 fideicomisos, nadie los regulaba, ni supervisaba, ni auditaba. No se sabe qué compraban, a quien, por cuánto y los daban hasta 2045”.
Finalmente, el 27 de mayo de 2022, el Congreso Nacional derogó un total de 19 fideicomisos suscritos entre el Estado y la banca privada, sin embargo, hasta la fecha no se han ejecutado investigaciones que determinen hacia dónde y qué fueron destinados esos recursos, una tarea que deberá cumplir el Ministerio Público y la CICIH en los próximos años.
Entre las normativas eliminadas está el decreto legislativo 205-2005 de la Ley de Tránsito que creó el Fondo de Seguridad Vial adjudicado al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi).
Además, el Decreto Legislativo 278-2013 y las reformas bajo el Decreto 290-2013 contentivas del aumento del 12 al 15% del Impuesto Sobre la Venta (ISV), que dio paso al Fideicomiso de Reducción de la Pobreza, así como el artículo 30 y 31 del decreto 105-2011 que contenía el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional de la Tasa de Seguridad.
Por otra parte, se derogó el Decreto 11-2020 del Fideicomiso del Instituto de la Propiedad; el Decreto 15-2015 del Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño administrados al Banco Central de Honduras (BCH); el artículo 40 y 41 del Decreto 98-2007 que constituyó el fondo para el manejo de áreas protegidas y vida silvestre; el articulo 31 y 42 del Decreto 135-2008 del fondo para el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa.
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Otros fideicomisos eliminados son el de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, bajo decreto 155-2015; el artículo 1 y 3 del decreto 171-2018 referente al fideicomiso de mejoramiento de infraestructura y servicios públicos en Islas de la Bahía; el artículo 2 del decreto 158-2008 que administraba fondos de la Alternativa Bolivariana para América (ALBA), entre otros.
En esa ocasión, la diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras, definió a la figura del fideicomiso como una herramienta utilizada para “saquear el Estado porque crean mecanismos paralelos a la Ley de Contratación del Estado, eludiendo las responsabilidades que establecen las leyes de carácter público”.
Sin lugar a dudas, investigar en qué se utilizaron los recursos y hacia dónde fueron destinados será unos de los principales retos que tendrá la CICIH, a fin de combatir lo que la propia presidenta Xiomara Castro, tras suscribirse el memorando de entendimiento, definió como corrupción público-privada.
