Tegucigalpa, Honduras.- El memorándum de entendimiento con los términos de referencia para instalar una misión anticorrupción, fue ampliado por seis meses más, es decir, hasta diciembre de 2023, y la misión de expertos que enviará la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llegará a Honduras a principios de julio.
Lo anterior lo notificó el canciller de Honduras, Enrique Reina a través de su cuenta de Twitter. “Me permito informar que la ONU nos ha confirmado que el grupo de expertos de CICIH llegará al país a inicios de julio (2023) y mediante un intercambio de notas hemos ampliado la vigencia del memorándum hasta diciembre de 2023, para concluir negociaciones del convenio”.
El memorándum de entendimiento venció el pasado 15 de junio pero, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 17 del documento, se puede optar a una prórroga de seis meses, siempre y cuando ambas partes estén de mutuo acuerdo, con el objetivo de darle más tiempo al gobierno hondureño de cumplir con los avances anticorrupción plasmados en la primera fase.
La misión de expertos que enviará la ONU a principios de julio de 2023, como lo informó el canciller, es para investigar si el Estado en los primeros seis meses cumplió con los estipulado en el memorándum y también tendrán la facultad de brindar asistencia técnica para investigar corrupción público-privada y sugerir derogación.
Además, la misión tendrá la tarea de evaluar los instrumentos, instituciones y capacidades existentes en el país para luchar contra la impunidad y, en su instancia, que todavía se desconoce cuántas semanas o meses estará, discutirá la creación del convenio de la CICIH con la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, y el de Transparencia, Edmundo Orellana; luego será enviado al Congreso Nacional para ser aprobado.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo enviaría el convenio al Congreso una vez se haya cumplido con lo que pide la ONU para instalar la CICIH en Honduras, que es derogar decretos pertenecientes a pactos de impunidad, que limitarían las acciones investigativas de la misión anticorrupción, porque no podría hacer persecución contra políticos y funcionarios que permanecen blindados.
Por ejemplo, el inciso 6-D del memorándum establece que se debe derogar el decreto 116-2019, y aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, cuyos dictámenes están listos, pero permanecen engavetados en el Congreso que preside el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo.
Expertos en la lucha contra la corrupción sugieren que también se deroguen los decretos 57-2020, 117-2019, 93-2021 y 04-2022 que impiden al Ministerio Público (MP) secuestrar documentos sin tener la autorización de un juez, amplían el secreto bancario en el caso de lavado de activos e incluyen delitos comunes como la malversación de caudales públicos y blindan a los diputados de persecución judicial por acciones ejecutadas desde sus cargos.
Pese a que el escenario está claro para que la CICIH llegue con garras y colmillos, como lo prometen desde el Poder Ejecutivo, en la práctica los resultados son distintos. Desde el Congreso los diputados han hecho caso omiso a lo que es la derogación de estos pactos de impunidad y muestra de ellos es que se fueron, desde el primero de junio, a sus vacaciones establecidas en la Ley Orgánica, obviando la socialización de esas normativas.
Y el antecedente más reciente que demuestra la falta de voluntad y consensos, es que desde el 16 de mayo que se aprobó la adhesión a la Cooperación Andina de Fomento (CAF), no se continuaron celebrando sesiones por el resto de ese mes, por el simple motivo que no llegaron a consensos para ratificar el acta.
FALTA DE VOLUNTAD EN EL CONGRESO NACIONAL, PIEDRA EN EL ZAPATO
“No hay consensos en el Congreso, que lastimosamente sólo cuenta con el 20% de credibilidad por parte de la población. No ha podido ponerse de acuerdo en cosas sencillas como esas (ratificación del acta), no van a ponerse de acuerdo en cosas importantes como la derogación de esos decretos”, dijo Denis Castro Bobadilla, exvicepresidente del Congreso.
Agregó que “yo creo que una institución de prestigio internacional no va a venir a un país como Honduras, en el que todavía el marco legal que se suscitó en el pasado-reciente de la administración anterior y en los primeros días de la actual todavía no se han resuelto”.
Cuestionó que Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, utilizó la propuesta de traer una misión internacional para su campaña proselitista, pero hoy, estando en el poder, ha demostrado que no cuenta con verdaderas intenciones para luchar contra la corrupción que se ha perpetrado y blindado.
“En la campaña se dicen muchas cosas, pero otra ya es la realidad. En la campaña hay improvisaciones y hoy es otra realidad la que se plantea”, comentó.
Una de las voces que ha señalado la falta de voluntad entre los diputados, es el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, quien en reiteradas ocasiones ha reprochado que el conflicto en el Congreso acarreará como consecuencia que la CICIH no se instale en el país.
“La venida de una comisión internacional anticorrupción pasaría una vez el Congreso derogue esos decretos, pero falta lo más importante que es la voluntad política. El éxito que tenga y las facultades que tenga la misión anticorrupción en Honduras, pasaría por cumplir con lo establecido”, valoró en pláticas con Criterio.hn.
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DESDE EL CONGRESO
El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Nelson Leiva, aseguró que es falso que el oficialismo está dilatando o impidiendo la llegada de la comisión anticorrupción al país y, además, denunció que, los que no están interesados en derogar los decretos, son nacionalistas por temor a ser investigados.
“Es totalmente falso que desde el partido de gobierno existan trabas. Hemos sido abanderados, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo existe la voluntad del gobierno central. Lo que no existe es la voluntad de acompañar al Congreso para modificar para que la CICIH venga con plenos poderes”, expresó.
“Muchos diputados nacionalistas usaron oenegés fantasmas para lavar dinero y poder quedarse con esos dineros. Si vamos a combatir la corrupción no tenemos por qué estar condicionando el apoyo para algo tan importante (…) quien condicione el apoyo para la CICIH es porque algo oculta y quieren que no salga a la luz”, agregó.
Y desde la bancada del Partido Nacional argumentan que el oficialismo busca traer una misión anticorrupción que sólo investigue los gobiernos nacionalistas -Porfirio Lobo Sosa (2014-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022) y no desde el 2006, cuando asumió Manuel Zelaya Rosales, esposo de la mandataria.
“Si viene una CICIH sólo a investigar a los gobiernos cachurecos sería una justicia selectiva y una manipulación a los procesos, a lo que no nos vamos a prestar”, precisó el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
Lo cierto es que, de acuerdo con el memorándum de entendimiento, si la CICIH llega a Honduras, tendrá plenas facultades para investigar actos de corrupción en los diferentes gobiernos. Y lo que sucede en el Congreso podría demostrar el temor de los diputados de las distintas bancadas que han participado en actos ilegales a ser señalados y procesados por la justicia.
