Por: Julio César Hernández
La protección social tiene como objetivo garantizar la seguridad económica y social de las personas y las comunidades, con acciones que las protegen ante riesgos y vulnerabilidades asociadas con la pérdida de empleo, la enfermedad, la discapacidad, el envejecimiento y la pobreza. Asimismo, puede contribuir a reducir la desigualdad, mejorar la salud y la educación, y fomentar el crecimiento económico y la estabilidad social.
Los Estados centroamericanos han asumido múltiples compromisos internacionales y nacionales que les obliga a implementar políticas y programas de protección social, dentro de los cuales se encuentra la meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la cual busca «poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables.»
La protección social no logra por sí sola el desarrollo económico y social de las personas. Para ello se necesita de otra serie de bienes y servicios públicos suficientes y de calidad, tales como la salud, la seguridad, la educación, el transporte. Sin embargo, en países con altos niveles de pobreza, desigualdad e informalidad laboral, como los centroamericanos, la protección social resulta esencial para lograr que los Estados garanticen niveles mínimos de vida para sus poblaciones y, por ende, fundamental para contribuir con la garantía de sus derechos económicos y sociales, especialmente de las personas más excluidas.
Son múltiples los mecanismos de protección social que pueden implementar los Estados. Se pueden clasificar en tres categorías: regulación del mercado laboral, contributivos y no contributivos. Los mecanismos de regulación del mercado laboral establecen y supervisan normativas orientadas a fomentar y proteger el trabajo decente, tales como salarios mínimos, jornada laboral, formalización de contratos, negociación colectiva, entre otros.
Los mecanismos contributivos combinan el aseguramiento público y privado, con programas que se financian regularmente con aportes de trabajadores, empleadores y Estados. Mientras que los mecanismos no contributivos se refieren a programas que brindan apoyo y asistencia a aquellas personas que no tienen la capacidad de contribuir financieramente a través de aportes que financien los servicios y beneficios sociales que reciben.
Para los países centroamericanos, en los cuales, dada la configuración de sus mercados laborales, la gran mayoría de las poblaciones se ocupan en el sector informal, es decir, en los que no se tiene acceso a la garantía de los derechos laborales mínimos ni a la protección de los mecanismos de protección social contributivos, los mecanismos no contributivos resultan de especial relevancia. Dentro de estos últimos se incluyen programas de transferencias monetarias o en especie (condicionadas o no condicionadas), los cuales han cobrado protagonismo en la región en las últimas décadas, logrando reducir la pobreza en varios países de América Latina. Cecchini, Villatoro y Mancero,[1] encontraron que, en términos absolutos, como promedio simple de 15 países de America Latina, en 2017 las transferencias en efectivo ayudaron a reducir la pobreza en 2.0 puntos porcentuales y la pobreza extema en 1.7 puntos porcentuales, lo cual representó una disminución relativa del 11.8% y el 25.9% respectivamente.
Los efectos de estos de los programas de protección social no han sido los esperados en todos los países, principalmente en aquellos en los cuales las coberturas no han sido las adecuadas, tal como sucede con la mayoría de los países centroamericanos. Según los últimos datos publicados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la cobertura de los sistemas de protección social, 4 de los 6 países de Centroamérica son los que ocupan los últimos lugares en cobertura de población con al menos una prestación de protección social: Guatemala y Nicaragua, ambos con 14.5%, El Salvador con 22.0% y Honduras con 26.6%.
Esto contrasta con el 58.0% de población cubierta por al menos una prestación de protección social en Costa Rica, con el 70.2% de Chile o el 93.8% de Uruguay. Lo anterior también se refleja en que los últimos tres países con menos gasto público en protección social de América Latina sean también centroamericanos, esto en comparación con su Producto Interno Bruto (PIB): Nicaragua (0.4%), Guatemala (1.3%), y Panamá (1.3%).
Es posible lograr que todos los países centroamericanos cuenten con sistemas de protección amplios y sólidos. Para ello, se deben evaluar las fortalezas y debilidades de los actuales programas de protección social, así como definir sus brechas de cobertura. La implementación y fortalecimiento de estos programas debe fundamentarse en datos empíricos, es decir, basarse en evidencia.
Saldar la deuda pendiente de los países centroamericanos con la protección social requiere también de acuerdos políticos que configuren un horizonte financiero funcional para la movilización de los recursos suficientes para garantizar esta protección a todos los centroamericanos. Estos acuerdos deben dirigirse a fortalecer las administraciones tributarias, la lucha contra el fraude fiscal, la erradicación de la corrupción, mejorar la efectividad y calidad del gasto público, así como evaluar, justificar y transparentar estrictamente los beneficios fiscales, así como a rendir cuentas sobre lo logrado.
[1] Cecchini, S., Villatoro, P., y Mancero, X. (2021). El impacto de las transferencias monetarias no contributivas sobre la pobreza en América Latina. Revista CEPAL(N° 134), 7-32.
