Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.- En San José de la Sierra, en la localidad de La Acequia, en el municipio de Quimistán, en Santa Bárbara, al occidente, los lugareños dicen que desde hace un año la tranquilidad de sus vidas cambió: llegaron las maras o pandillas como parte de su silenciosa pero estratégica campaña de expansión territorial.
Ahí, en medio de unos platanares, las autoridades han encontrado un cementerio clandestino en el que se presume están sepultados jóvenes de las zonas aledañas dados por desaparecidos por sus parientes. Algunos cuerpos han sido hallados y las familias que siguen con angustia paso a paso la labor de los cuerpos forenses para ver si sus corazonadas coinciden con los hallazgos científicos, contienen sus gritos o su llanto en silencio.
Ellos son testigos mudos de una historia casi inexpugnable en este país vinculada al imperio de las maras o pandillas, esos grupos que han dejado la marca de sus tatuajes como símbolo de pertenencia para sofisticar sus formas de operación y penetración como una serie de película: se dice mucho, pero se sabe poco.
La percepción en algunos sectores ciudadanos es que operan en las barriadas o en las colonias urbanas marginales, pero no se les imagina controlando negocios o alquilando o residiendo en zonas de clase alta y clase media alta. Menos para creer que son capaces de tener sus propios cementerios tan clandestinos como el radio de acción del crimen organizado.
Algunas de estas maras o pandillas, según las autoridades, se han modernizado tanto que dieron el salto de estructuras criminales organizadas transnacionales al convertirse en transportistas de importantes carteles del crimen organizado. El Salvador es el país donde más se configura ese hecho, pero en Honduras el avance de las maras o pandillas también tiene connotaciones preocupantes.
Fue la operación “Avalancha” del Ministerio Público la que permitió tener una dimensión de estas estructuras. Las autoridades les golpearon en su economía pero no están ni vencidas ni fulminadas. Están luchando y reorganizándose, mientras el país es sorprendido con otros hechos también estructurales como los nexos de algunos policías con la delincuencia organizada.
En el caso de San José de la Sierra, en La Acequia, Quimistán, el cementerio se detectó por casualidad con la captura de unos presuntos pandilleros. Pero sin duda el país está entrando a otra etapa tan dolorosa como las muertes diarias por causas insospechadas: la de los desaparecidos por la violencia, distinta a la desaparición forzada de personas de los años ochenta por razones político ideológica.
¿Cuántos cementerios clandestinos veremos de ahora en adelante? ¿Podrá el Estado tener respuestas? ¿Podrá la sociedad reaccionar, más allá de la indiferencia?
Un informe elaborado por la organización especializada en investigar las operaciones de la criminalidad organizada como es Insight Crime y la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) en Honduras, señala que desde hace dos décadas la presencia de las maras o pandillas se ha intensificado en este país, siendo la Mara Salvatrucha-13 (MS-13) y la Pandilla 18, las más grandes y con mayor penetración territorial. Están ahora en aldeas y otros departamentos más allá de Cortés y Francisco Morazán donde iniciaron principalmente.
Una mara o pandilla solo del negocio de la extorsión puede obtener al año un promedio de 2.5 millones de dólares, según estimaciones preliminares hechas por los investigadores. Pero son capaces también de corromper la policía o hacer alianzas comunes.
Capaces también de crear sus propios cementerios clandestinos para sepultar a las víctimas que les incomodan o les encargan, sin que sus familias imaginen qué pasó. Son capaces como en la comunidad de San José de la Sierra de robarles la paz y la tranquilidad sin que nadie diga o levante la voz porque no sabe con quién habla, no sabe si puede contar o no con la autoridad. No sabe si está por preguntar lo indebido frente a su propio sepulturero. No sabe si será el próximo desaparecido, enterrado en medio de platanares o sepa en qué otro sitio.
Los cementerios clandestinos de las maras o pandillas son, además del desplazamiento forzoso de hondureños por la violencia, los nuevos desafíos a que se verán abocado las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras, el Estado mismo y ahora hasta las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU. La Acequia será una referencia de las distintas manifestaciones con que opera la impunidad en Honduras.
