Asimismo, exigen que el Estado hondureño avance con una investigación pronta, exhaustiva e imparcial del asesinato de Oquelí Domínguez, así como de todos los casos de personas defensoras que han enfrentado hechos de violencia en la zona
Tegucigalpa.- Mediante un comunicado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresó su absoluta condena ante el asesinato de Oquelí Domínguez en la comunidad de Guapinol en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
Ayer, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa reportó el asesinato de Oquelí Domínguez, defensor del agua de los ríos Guapinol y Sector San Pedro.
El asesinato ocurrió durante la mañana en la casa de su familia en la comunidad de Guapinol. Oquelí era hermano de Aly Domínguez, defensor de Guapinol asesinado en enero de este año, y de Reynaldo Domínguez, reconocido defensor, criminalizado por su labor de defensa de los bienes comunes y por su oposición a los proyectos extractivos de las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotek.
El asesinato de Oquelí Domínguez, se suma a los de al menos ocho personas defensoras asesinadas en Honduras en lo va de este 2023, entre ellos, el hermano de Oquelí, Aly Domínguez, y Jairo Bonilla, también defensores del agua de la comunidad de Guapinol. Estos asesinatos permanecen impunes.
Este hecho ocurre tras una serie de denuncias a nivel nacional e internacional respecto a la situación de riesgo que enfrentan las comunidades desde, al menos, 2018 y que se ha recrudecido en los últimos meses. Recientemente, los hechos de violencia como amenazas, estigmatización, campañas de desprestigio, criminalización y asesinatos fueron reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita in loco al país.
A pesar de ello, a la fecha, el Estado de Honduras no ha tomado medidas categóricas para dar respuesta a la situación ni para garantizar la integridad y vida de las personas defensoras.
Es incuestionable que la violencia perpetrada en contra de las comunidades tiene sus raíces en la instalación de proyectos extractivos sin consulta previa, libre e informada, de manera irregular y en connivencia con el Estado hondureño.
Cejil en su comunicado hace un llamado al Estado de Honduras a cancelar las licencias otorgadas irregularmente, en particular a las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotek, ambas partes de Grupo EMCO. Revocar estas licencias es imperativo para dar una respuesta integral a los hechos de violencia que siguen silenciando las voces de las personas defensoras de Tocoa.
El Estado de Honduras debe tomar todas las medidas necesarias para responder a la situación de violencia en las comunidades y romper con la impunidad que se ha instalado en estos casos. Por ello, requerimos que se avance en la implementación de medidas de protección integrales y efectivas para garantizar la seguridad y vida de quienes defienden los derechos humanos, la tierra y el territorio en Tocoa.
Estas investigaciones deben partir del reconocimiento de la labor de defensa y de la situación de riesgo que viven las personas en las comunidades de Guapinol y Sector San Pedro.
Hacen también un llamado a los organismos internacionales de protección, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pronunciarse respecto al riesgo que enfrentan las comunidades hondureñas y a tomar medidas que procuren su protección y garantía de derechos. Las comunidades de Guapinol no pueden esperar más.
Finalmente, demandan al Estado hondureño velar por la integridad de Reynaldo Domínguez, de la madre de Oquelí, quien fue testigo de los hechos, y de toda su familia, para asegurar que no se tomen represalias en su contra.
