Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-El pasado 27 de octubre, aproximadamente 1500 policías y militares desalojaron de manera violenta el Campamento de la Resistencia de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, donde manifestantes protestaban por su derecho al agua ante el desarrollo del proyecto minero de la empresa Inversiones Pinares.
Esta manifestación surge como respuesta a la decisión estatal de concesionar parte del Parque Nacional “Carlos Escaleras” para establecer un proyecto minero. Como es usual en Honduras, el Congreso tomó la decisión sin consultar a las comunidades afectadas ni tampoco los daños que se están ocasionado a la quebrada Ceibita y al Río Guapinol, principal fuente de agua en la zona.
Ante la oposición legítima de los pobladores, la respuesta estatal se ha caracterizado por el uso excesivo de la fuerza y por permitir la presencia de fuerzas de seguridad privada en la zona. Como consecuencia del conflicto, hasta ahora, hay un saldo de tres personas fallecidas, múltiples personas heridas, una persona torturada y numerosas amenazas en contra de los miembros de las comunidades.
Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenamos enérgicamente estos actos de violencia y responsabilizamos al Estado de Honduras por haber generado un conflicto a partir de sus decisiones de concesionar una zona protegida.
Recordamos, además, que las manifestaciones de protesta del Campamento de la Resistencia son expresiones legítimas que están protegidas por el derecho a reunión y la libertad de expresión.
Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México, recalcó que “la persecución que enfrenta hoy la comunidad de Guapinol es parte de una práctica sistemática en Honduras, donde las empresas en connivencia con autoridades estatales, disponen de agentes de seguridad privada con el fin de controlar el territorio y amenazar la seguridad de los y las comunitarias. Este proyecto es una nueva expresión del modelo que promueve el extractivismo de los recursos naturales por encima del bienestar de la mayoría”.
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Desde CEJIL hacemos un llamado para que el Estado de Honduras garantice la vida y la integridad de los habitantes de la zona, escuche sus demandas y revise el otorgamiento de estas concesiones, con el fin de proteger los recursos naturales de Guapinol, específicamente las fuentes de agua que son indispensables para la existencia de estas comunidades.
Asimismo, exhortamos a las autoridades hondureñas a investigar a los responsables vinculados con los hechos de violencia y controlar efectivamente las fuerzas de seguridad privada que operan en la zona.
Tal como indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Estados deben “asegurar que las empresas privadas de seguridad y contratistas actuando en nombre de la empresa no están involucrados en amenazas o ataques contra personas defensoras de derechos humanos”, así como “investigar, procesar y sancionar a todos los actores involucrados en la ejecución, promoción, soporte o financiamiento de la violencia contra quienes defienden los derechos humanos”.
Ante la lucha digna de los y las habitantes de la comunidad de Guapinol, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la garantía de sus derechos humanos, y exhortamos a las autoridades a respetar la vida y la integridad de los y las defensoras de derechos humanos en Honduras, así como su derecho a manifestarse y vivir en entornos seguros.
