Ministerio Público ha preferido priorizar la investigación y posterior formalización de delitos de homicidios y drogas en comparación con los delitos de corrupción
Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), presentó este jueves junto a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e impunidad en Honduras (MACCIH), el estudio “Propuestas para el sistema de justicia penal hondureño en el tratamiento y gestión de causas de alto impacto social y corrupción”
El trabajo se realizó por encargo de la MACCIH, a través de una investigación empírica desarrollada durante el año 2018, diagnosticó el funcionamiento del sistema de justicia penal hondureño.
Los hallazgos de dicho estudio, aplicado en cuatro departamentos del país (Atlántida, Copán, Cortés y Francisco de Morazán), se complementan con una serie de recomendaciones o propuestas concretas que apuntan a mejorar la institucionalidad en el país para la lucha contra la corrupción y, al mismo tiempo, que promueven el respeto de los derechos de las personas imputadas y víctimas.
El primer eje aborda problemas sistémicos del Estado hondureño y que repercuten en el funcionamiento del sistema de justicia penal en materia de transparencia, estadísticas y registro de datos, así como también la actual regulación del enriquecimiento ilícito.
En el segundo eje se analiza la regulación normativa del proceso penal y la participación de los intervinientes en las audiencias, planteándose recomendaciones para litigantes y judicatura.
El tercer eje plantea recomendaciones dirigidas tanto a la coordinación de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal como a la gestión interna de las mismas. Específicamente, se aborda la situación del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Defensa Penal Pública.
El cuarto eje desarrolla recomendaciones para promover el respeto de los derechos de la persona imputada en lo referente al derecho a la defensa, a la información y el uso de medidas distintas a la prisión preventiva.
Finalmente, el quinto eje, aborda la situación de la víctima del delito en donde se advierte la necesidad de posicionarla como un real interviniente en el proceso, así como también promover su participación y derechos.
Como corolario, se compara el tratamiento en la gestión de las causas de alto impacto social y de corrupción en el periodo 2011-2016, observándose que el Ministerio Público ha preferido priorizar la investigación y posterior formalización de delitos de homicidios y drogas en comparación con los delitos de corrupción. Finalmente, se concluye que no hay diferencias importantes en el funcionamiento de la jurisdicción ordinaria (JO) versus la jurisdicción con competencia territorial nacional (JCTN).
