Por: Redación CRITERIO
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Tegucigalpa.- Ampliar el plazo necesario para hacer una evaluación minuciosa de las hojas de vida e investigar las denuncias que se presentaron contra los candidatos a fiscal general y fiscal adjunto, demandó hoy la Coordinadora Estudiantil Anticorrupción (CEA) a la junta proponente.
En conferencia de prensa recordaron que, gracias a la presión ciudadana, se logró incorporar la figura de la observación a este proceso, como un mecanismo de participación social y ejercicio de derechos.
Marisela Moncada, miembro de CEA pidió a la junta dar a conocer la evaluación integral que obtendrán los candidatos y que la nómina sea ampliamente conocida porque la población merece conocer los argumentos y criterios tomados en cuenta para elegir la nómina de los cinco seleccionados.
Señalaron que la observación no sólo se limitará al proceso conducido por la Junta, sino que también se extenderá al que se desarrolle en el Congreso Nacional, Poder al que demandaron tomar decisiones fundamentadas en principios de transparencia y mérito. Al concluir la elección, CEA también hará una auditoria permanente a la gestión de quien resulte electo.
Durante el evento, CEA, una agrupación de jóvenes que lucha contra la corrupción, presentó una campaña de comunicación que hace énfasis en la importancia del proceso de elección del nuevo fiscal general de la República y el fiscal adjunto como actores clave para alcanzar justicia pronta, oportuna e igualitaria.
Las piezas comunicacionales producidas par redes sociales, plantean que para que la elección final tenga credibilidad y legitimidad, el procedimiento debe ser visible y efectuarse bajo total transparencia y los estándares internacionales establecidos.
La elección de las máximas autoridades del Ministerio Público repercute directamente en las acciones de lucha contra la corrupción y la impunidad, por lo tanto, las implicaciones de no contar con un fiscal transparente e independiente son nefastas para fortalecer el Estado de Derecho que garantice condiciones para garantizar una administración de justicia imparcial con independencia e imparcialidad.
