Abogados penalistas y observadora coinciden en que el caso contra Carl Zaglin en Florida, revela solo una fracción del engranaje de corrupción al interior de la Tasa de Seguridad
Tegucigalpa, Honduras. – El juicio en Estados Unidos contra el empresario Carl Zaglin destapó una mínima parte de un engranaje de corrupción mucho más profundo alrededor de la controversial tasa de seguridad en Honduras.
Entrevistados por Criterio.hn coincidieron en que el caso revela cómo la opacidad institucional, la “ley de secretos” y los fideicomisos sirvieron para encubrir el desvío sistemático de fondos públicos hacia políticos y empresarios, mientras la población quedó sin servicios básicos ni respuestas a la inseguridad que supuestamente justificó la imposición del tributo.
Marlon Duarte, abogado penalista, afirmó que este caso es apenas la punta del iceberg, y que incluso no descarta que existan otros picos de corrupción, que involucren a empresarios hondureños y extranjeros, “que suministraron bienes y servicios a través de este manto encubridor de corrupción, que se llamaba la ley de secretos”.
La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, o Ley de Secretos, entró en vigor en marzo de 2014 y fue aprobada en el Congreso Nacional el 20 de enero de 2014, a cinco días de que finalizara la legislatura. Finalmente, fue derogada ocho años después por el Congreso Nacional.
Duarte invitó a revisar los contratos por la renta de vehículos, aviones y equipo pesado, así como las compras de emergencia de medicamentos que se realizaron, puesto que en ese periodo no solamente se compró equipo e indumentaria policial y militar.
ESTRUCTURA DE SOBORNOS DEVELADA EN FLORIDA
Carl Zaglin fue declarado culpable en la Florida por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violación de la FCPA y conspiración para cometer lavado de dinero entre marzo de 2014 y noviembre de 2019.
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, el empresario estadounidense acordó pagar sobornos a funcionarios hondureños con el fin de obtener y mantener negocios con el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, también conocido como la tasa de seguridad.
Entre los hondureños implicados por recibir sobornos se encuentran Francisco Roberto Cosenza, exdirector ejecutivo de la Tasa de Seguridad; y Juan Ramón Molina, exrepresentante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ante el comité de la tasa de seguridad. Además, fueron mencionados, Julián Pacheco Tinoco, exministro de la Secretaría de Seguridad; y Jaime Nativí, exrepresentante por Honduras ante el Parlamento Centroamericano.
A través de la empresa Consultores y Comercializadores de Productos de Exportación e Importación (CCOEXPI), de la cual Nativí es titular, este recibió uno de tres de los sobornos provenientes de Atlanco por USD 75 mil. Esta misma empresa está participando actualmente en el proceso de licitación pública para la compra de chalecos antibalas y equipo de brechaje destinados a la Policía Nacional.
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UNA RED NO NACE DE UN PAR DE “MANZANAS PODRIDAS”
Para Karen Spring, fundadora de Honduras Now, observadora y cronista del juicio en la Florida, el juicio contra Carl Zaglin evidenció la sofisticación y planificación de las redes de corrupción en las instituciones públicas hondureñas.
El caso Zaglin, explicó Spring, se centró en solo dos contratos por más de USD 10 millones, de los cuales USD 2 millones fueron destinados a sobornos. Para ocultarlos, se usaron cuentas offshore, pagos en efectivo e intermediarios como Jaime Nativí, quien canalizó sobornos al entonces ministro Julián Pacheco.
La fundadora de Honduras Now sostuvo que esta corrupción no se trata de “manzanas podridas”, sino un sistema económico que busca ganancia en mercados rentables, con alianzas entre políticos, empresarios locales y transnacionales, mientras los pueblos sufren la ausencia de servicios, así como la privatización y escasa inversión pública.
“El caso de Zaglin también nos mostró como actores que son claves en la promoción del mismo sistema económico como la Embajada de EE. UU., la INL [Sección de Asuntos Internacionales Contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley] y fondos públicos de EE. UU. también fueron utilizados para fomentar la corrupción”, apuntó Spring.
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Henry Salinas, abogado penalista, coincide con lo expresado tanto por Duarte como Spring con relación a que la investigación del caso contra Zaglin debe ampliarse, “verlo con un ojo integral” que abarque la tasa de seguridad como un todo y no solamente como un suceso aislado con un par de funcionarios involucrados.
Esto debido a que la tasa de seguridad se manejó de forma opaca, pese a que el gobierno de las administraciones de Juan Orlando Hernández aseguró combatir frontalmente la corrupción y el crimen organizado, con resultados que reflejan lo contrario, indicó el profesional del derecho.
El “juicio de la tasa de seguridad es únicamente una pequeña muestra de todo lo que realmente se vive en el país” remarcó Salinas, quien sostuvo que es necesario promover la rendición de cuentas, así como la auditoría y veeduría social.
En conclusión, según los entrevistados, el caso Zaglin expone solo una pequeña parte de cómo operan las redes de corrupción en Honduras, donde empresas obtienen multimillonarios contratos a cambio de sobornos a funcionarios estatales, entregan productos de baja calidad y dejan sin resolver los problemas que prometían solucionar.
