La acusación por posesión de droga contra Li Wakwara Rápalo fue cerrada de forma definitiva. Organizaciones advierten un patrón de detenciones arbitrarias, violencia sexual y abuso de poder.
Tegucigalpa, Honduras. – El proceso penal iniciado contra la defensora y mujer trans Li Wakwara Rápalo concluyó con un sobreseimiento definitivo, luego de haber sido acusada por tráfico de drogas en su modalidad de posesión, en un caso que organizaciones denuncian como parte de una práctica reiterada de criminalización y abuso policial.
El fallo fue notificado el 6 de enero en el Juzgado de Siguatepeque, Comayagua, 54 días después de que fue detenida, golpeada y criminalizada, informó el abogado defensor Caleb Navarro, quien además ha representado a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
Navarro sostuvo que la acusación por posesión de droga contra de su defendida responde a una práctica recurrente de criminalización de defensores, basada en imputaciones débiles que no buscan condenas, sino desgaste, acoso policial y frenar el trabajo de los movimientos sociales.
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Li Wakwara Rápalo integra la organización comunitaria De Pueblo y Barrio, cuyo trabajo está centrado en la defensa del territorio, la soberanía alimentaria, los derechos de los pueblos indígenas y comunidades marginalizadas.
De acuerdo con el profesional del derecho, la defensora se desplazaba en motocicleta cuando fue interceptada por agentes policiales cerca de su comunidad, sin que existiera un retén o causa que justificara la detención. Durante el procedimiento habría sido golpeada y humillada, agresiones que se intensificaron al identificarse como mujer trans.
Navarro señaló que la detención estuvo acompañada de amenazas de desaparición y violación sexual, tanto durante el traslado como en la celda policial, hechos que le habrían provocado a su defendida un cuadro severo de ansiedad. Indicó que estas acciones constituyen abuso de autoridad y tratos crueles e inhumanos.
A esto se sumó el no reconocimiento de su nombre asumido por parte del sistema judicial. Esta práctica contraviene las medidas de reparación ordenadas al Estado hondureño por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que incluyen el reconocimiento de la identidad de las personas transgénero en el Documento Nacional de Identificación (DNI), tras el asesinato de Vicky Hernández. No obstante, pese a los compromisos asumidos por la administración de Xiomara Castro, esta medida continúa sin cumplirse.
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La defensa denunció múltiples irregularidades en el proceso contra Li Wakwara Rápalo, entre ellas la intención de imponerle detención judicial desde la audiencia de declaración de imputado, pese a que el delito no implicaba riesgo de fuga ni una pena elevada, lo que hacía la medida desproporcionada, especialmente considerando su condición de mujer trans. Asimismo, cuestionó la aplicación de un juicio expedito que vulneró garantías constitucionales al negarle un juzgado penal especializado y el derecho a ser juzgada por un tribunal, al concentrar el proceso en un juez supernumerario, además de omitir la investigación del presunto abuso policial en su contra, lo que obligó a la defensa a interponer recursos para evidenciar la nulidad del procedimiento.
DENUNCIAN PATRÓN DE ABUSO
Aunque el proceso penal en contra de Li Wakwara Rápalo fue cerrado, organizaciones advierten que las prácticas denunciadas –detenciones arbitrarias, violencia sexual y abuso de poder– forman parte de un patrón reiterado de actuación policial que continúa operando con altos niveles de impunidad.
Para el caso, el pasado 7 de enero, el Ministerio Público (MP) anunció el auto de formal procesamiento en contra del exagente de la Policía Nacional preventiva Denis Alexander Álvarez Flores, a quien se le supone responsable del delito de violación en perjuicio de una mujer.
De acuerdo con la relación de hechos planteada a partir de las investigaciones realizadas por la Dirección Policial de Investigación (DPI), los agentes policiales habrían requerido a la víctima en una estación de buses.
“Los agentes le solicitaron sus documentos personales y, al manifestar la ofendida que no los portaba, le exigieron que abordara la patrulla policial. Posteriormente, la trasladaron a un lugar solitario, donde abusaron sexualmente, aprovechándose de su condición de autoridad”, lee el comunicado de la Fiscalía.
De igual forma, en marzo de 2024, en otro caso que implica a la autoridad, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer presentó un requerimiento en contra del fiscal Luis Fernando Triminio Molina Santos, acusado por el presunto delito de violación agravada en perjuicio de una joven que fue detenida con supuesta droga en La Ceiba, Atlántida.
Otro suceso que tuvo fuerte impacto mediático fue el feminicidio de Keyla Martínez, ocurrido en una celda policial en La Esperanza, Intibucá, y que, a casi cinco años del hecho, se mantiene en la impunidad.
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El abogado Caleb Navarro advirtió que el caso de su defendida, así como otros, evidencian una práctica sistemática de la Policía Nacional, que, en lugar de ser investigada por abusos y violencia sexual, recurre a imputaciones penales para criminalizar a mujeres, mujeres trans y comunidades organizadas.
