Ante la inacción del Estado hondureño, la CIDH presenta el caso de Leonela Zelaya a la Corte Interamericana, denunciando la violencia y discriminación que enfrentan las personas LGBTIQA+ en el país
Tegucigalpa, Honduras. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso del transfemicidio de Leonela Zelaya y la impunidad que rodea su asesinato. Poniendo en evidencia la crítica situación de violencia y discriminación que enfrentan las personas LGBTIQA+ en Honduras.
Leonela Zelaya, una mujer trans de 34 años que trabajaba como trabajadora sexual en Tegucigalpa, vivía con Talía Rodríguez, a quien consideraba una hermana –también asesinada en enero de 2022—. A lo largo de su vida, Leonela enfrentó múltiples episodios de violencia debido a su identidad de género.
En 2004, fue brutalmente golpeada por agentes policiales, resultando en graves lesiones. Poco después, fue encontrada muerta en la vía pública, asesinada con arma blanca.
El 28 de diciembre de 2012, la Red Lésbica Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights presentaron una petición ante la CIDH, invocando los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y de expresión, igualdad ante la ley y protección judicial, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Con esta acción, las organizaciones buscan justicia y protección para las personas LGBTI en Honduras, destacando la urgencia de abordar la violencia y la discriminación sistemática que sufren.
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DEFICIENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN Y POSIBLE PARTICIPACIÓN ESTATAL
En su Informe de Fondo No. 450/21, la CIDH calificó el asesinato de Leonela Zelaya como un transfemicidio, subrayando la violencia y las condiciones en las que se encontró su cuerpo, así como el contexto de discriminación histórica contra las personas LGBTIQA+ en Honduras. A pesar de este contexto, el Estado no tomó medidas efectivas para prevenir estos crímenes ni investigó adecuadamente el asesinato.
La CIDH destacó que, además de las agresiones anteriores por parte de agentes estatales, podría haber existido participación estatal en su muerte, un aspecto que no fue debidamente investigado.
Las autoridades hondureñas mostraron graves deficiencias en la investigación penal, ignorando elementos que sugerían un crimen motivado por prejuicio y la posible implicación de agentes estatales. No se realizaron las diligencias necesarias para identificar testigos, recolectar evidencia en el lugar del crimen o esclarecer los detalles del ataque. Además, los documentos oficiales no reflejaron adecuadamente la identidad de Leonela, reforzando estereotipos de género y perpetuando la discriminación.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA CIDH
La CIDH concluyó que el Estado hondureño es responsable por la violación de varios derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Entre las recomendaciones de la CIDH se incluyen la reparación integral a través de compensación económica y medidas de satisfacción por las violaciones de derechos humanos.
Otra de las medidas propuestas por la Comisión Interamericana es continuar o reabrir la investigación penal de manera diligente y efectiva, dentro de un plazo razonable. El objetivo es esclarecer los hechos de forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes por las violaciones de derechos humanos.
Además, se hace hincapié en la implementación de mecanismos de no repetición, que incluyen la adopción de medidas legislativas, administrativas u otras acciones necesarias para el reconocimiento de la identidad de género auto percibida de las personas trans, no binarias y de género diverso. Estas medidas buscan crear un entorno más inclusivo y respetuoso, promoviendo la igualdad y protegiendo los derechos de las personas LGBTI. La implementación de estas políticas, de acuerdo con la CIDH es esencial para prevenir futuras violaciones y fomentar una sociedad que respete y valore la diversidad.
El Informe de Fondo fue notificado al Estado de Honduras el 11 de abril de 2022, momento desde el cual la CIDH otorgó siete prórrogas para que el Estado cumpliera con las recomendaciones emitidas en dicho informe.
No obstante, la Comisión observó que, después de dos años desde la notificación, Honduras no ha cumplido con las recomendaciones establecidas. Ante esta inacción y la necesidad urgente de obtener justicia y reparación para las víctimas, la CIDH decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
