Andrea Pochak, relatora para Honduras de la CIDH, destaca que el GIEI fortalecerá la investigación y la lucha contra la impunidad, pero su éxito dependerá de la cooperación que brinden las instituciones del Estado
Tegucigalpa, Honduras. – A nueve años del asesinato de Berta Cáceres y tras la ratificación de las condenas de los autores materiales e intermedios, este viernes se instaló un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar la autoría intelectual y los delitos conexos al crimen contra la lideresa ambientalista lenca.
Andrea Pochak, relatora para Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó que el GIEI es una herramienta fundamental para fortalecer las capacidades de investigación, esclarecer violaciones graves de derechos humanos y avanzar en la lucha contra la impunidad, pero aclaró que su instalación es apenas un primer paso. El resto dependerá de la apertura y cooperación que tengan las instituciones, en especial las vinculadas a la administración de justicia.
“A pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha, la investigación del asesinato de Berta Cáceres no está concluida, existen asignaturas pendientes fundamentales en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de todas las responsabilidades, en particular las responsabilidades vinculadas a la autoría intelectual del crimen y de los delitos conexos. En estos aspectos cruciales se concentrará el GIEI”, explicó Pochak.
Andrea Pochak, relatora para Honduras de la CIDH, declaró que el GIEI es una respuesta a la necesidad de verdad, justicia y garantías de no repetición, no sólo para Berta Cáceres, sino para todas las personas que dedican su vida a la defensa del territorio y los derechos fundamentales. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
La relatora para Honduras de la CIDH afirmó que el impacto del caso trasciende fronteras y la relevancia se mantiene vigente por representar un punto de inflexión en la protección de quienes defienden la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos. Además, los avances y hallazgos generarán criterios sobre cómo abordar los ataques contra personas defensoras.
Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), demandó que la voluntad que ha demostrado el actual gobierno para la firma del convenio de instalación del GIEI, se sostenga para garantizar que el grupo realice su labor de manera eficiente y segura, y que su trabajo tenga continuidad una vez finalizada la gestión.
“Hoy se firma un acuerdo para atender el llamado de Berta Cáceres, que es el llamado del río Gualcarque y el llamado de los pueblos que defienden los ríos, los bosques y las tierras comunitarias en momentos en los cuales las comunidades defensoras de los territorios siguen amenazadas, agredidas y lamentablemente atacadas por los mismos poderes económicos, políticos y militares que quisieron silenciar la voz de Berta Cáceres, el Copinh y el pueblo lenca”, apuntó Zúniga.
Noticia relacionada: CIDH en Tocoa: urge justicia para Juan López y retiro de proyectos que amenazan parque nacional
Claudia Paz y Paz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), reconoció la decisión del Estado de Honduras en solicitar el apoyo técnico a la CIDH para la instalación del GIEI. Agregó que confían en que el trabajo del grupo permitirá ampliar la investigación para romper la persistente impunidad en torno a la autoría intelectual del crimen y los delitos conexos.
“Este grupo de expertos [GIEI] es el cuarto en América Latina, ha habido experiencias en México, Nicaragua y Bolivia. Estas iniciativas nos han demostrado que el éxito del GIEI depende de tres elementos fundamentales: uno, su autonomía […], segundo la cooperación con las autoridades estatales, específicamente la fiscalía […], y la colaboración de toda la sociedad civil, también va a ser fundamental”, observó la doctora Paz y Paz
En representación del Estado en la firma del convenio estuvieron presentes los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Eduardo Enrique Reina; Derechos Humanos, Angélica Álvarez; y la Procuraduría General de la República, Manuel Díaz Galeas.
El pasado viernes, 7 de febrero, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó la pena de 30 años de prisión contra Sergio Rodríguez, cambiando su rol a “inductor” en el asesinato de Berta Cáceres. Rodríguez era el último de los autores materiales y mandos intermedios vinculados al crimen pendiente de confirmación de sentencia.
En noviembre del año pasado, la Sala de lo Penal confirmó la condena contra las otras siete personas sentenciadas por el asesinato de Cáceres. Los nombres de las personas cuya sentencia en el grado de autoría material quedaron en firme son: Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar); Mariano Díaz Chávez (mayor del ejército); Edilson Atilio Duarte; Elvin Rápalo Orellana; Henry Javier Hernández Rodríguez; y Óscar Torres Velásquez.
También quedó en firme la sentencia contra Roberto David Castillo, en el grado de autoría material intermedia, aunque se modificaron sus agravantes lo que resultó en la reducción de la pena de 22 años y medio a 20 años.
