Caso Barralaga

Por: Edmundo Orellana

No es un caso más. Es la demostración más clara de la ineptitud de las instituciones competentes para combatir el delito.

Barralaga es la punta del iceberg. De ahí que sean miles los depurados. Y es que a la policía muchos ingresaron para delinquir y otros se convirtieron en delincuentes al contacto con éstos. Conformaron, ambos, una cofradía de criminales que segmentada en promociones se sucedieron en la distribución de las posiciones de mando de la institución. Posicionados en el vértice de la jerarquía policial, disponían de un ejército de subordinados que ejecutó sus órdenes sin discusión. Asesinaron, asaltaron, extorsionaron, secuestraron, participaron en el narcotráfico, lavaron dinero; en definitiva, no hubo crimen en el que no participaran.

Se protegían entre sí y se apegaban a reglas de inexcusable acatamiento. Los que no participan activamente debían callar. El espíritu de cuerpo y la ley del silencio regían ese sórdido ambiente. Ni uno siquiera de los uniformados era ignorante de lo que pasaba en su entorno. La barraca y la posta son espacios de intimidad, en los que quedan atrapadas pasiones de todo tipo, desde el vicio nefando hasta la corrupción (sobresueldos, abultamiento de planillas, adjudicación de contratos amañados y un largo etcétera de irregularidades administrativas)

De lo que sucedió en la policía todos los uniformados son responsables. Unos por acción y otros por omisión. Nadie, por consiguiente, puede ser exonerado.

Contra esta policía tuvo que luchar el MP desde su nacimiento. En su seno se incubaron y desarrollaron todos los vicios conocidos. Los jefes, compendios de esos vicios, eran idealizados por sus subordinados, quienes, entusiasmados, seguían sus pasos.

Originalmente, cuando se integraban a las fuerzas armadas, la policía contaba con una dependencia encargada del trabajo sucio, bajo la apariencia de ente investigativo, que, después de varios nombres, pasó a denominarse DNI. Actuó tan retorcidamente que hasta los mismos que la utilizaron para perpetrar crímenes, se unieron a quienes decidieron suprimirla, convencidos de que era una amenaza para todos.

Todo esto sucedía bajo la protección de los políticos. Unos participaron activamente en este carnaval del delito, otros optaron por la indiferencia. La DNI fue una policía política. Inicialmente, en plena guerra fría, persiguió a quienes identificaba como “enemigos del mundo libre”; cuando implosionó la Unión Soviética, sus conocimientos y habilidades fueron puestas al servicio del crimen organizado. Tenía preparación, adquirida en las capacitaciones de la cooperación internacional, particularmente de los gringos. Nunca, sin embargo, alcanzó el nivel de un cuerpo profesional de investigación, porque sus agentes carecían de educación media y algunos ni siquiera habían concluido la primaria. Sus habilidades eran básicas, las necesarias para extraer bajo tortura la confesión del sospechoso. Por ese bajo nivel escolar, afortunadamente, ninguno pudo ingresar a la DIC, creada dentro del MP, cuando se eliminó la DNI.

Con la DIC, se forjó una nueva modalidad en el proceso investigativo. Los agentes tenían educación media concluida y la mayoría eran profesionales universitarios que fueron capacitados en las técnicas de la investigación criminal por las instituciones más competentes de los países amigos, como Estados Unidos (FBI, DEA) y otros. Actuaban bajo la dirección técnico- jurídica del fiscal, de modo que solo se investigaba lo que serviría para ilustrar sobre los hechos al juez de la causa, apegados, irrestrictamente, al régimen de los derechos humanos.

Estas técnicas permitieron la identificación de los policías corruptos, dedicados al crimen organizado, y a los militares violadores de los derechos humanos en la década de los ochenta. La preparación de los peritos forenses permitió, además, identificar a los corruptos, delincuentes de cuello blanco, que resultaron ser, generalmente, políticos. Se activaron las alarmas y hubo reacciones. Los policías y los militares optaron por esconderse o huir del país. En cambio, los políticos respondieron con ferocidad, aprobando en el Congreso Nacional la supresión de la DIC como órgano investigativo del MP y pasándolo a la policía uniformada, recientemente extraída del seno de las fuerzas armadas para someterla al régimen civil. La policía uniformada  aplicó la matriz del pasado, la utilizó para encubrir crímenes, no para descubrirlos.

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El caso Barralaga ilustra fielmente la debilidad de nuestra institucionalidad. Como él, muchos se forjaron dentro de la policía con esos antivalores y hoy disfrutan plácidamente el producto de sus fechorías, protegidos por el sistema. A Barralaga y a otros, el TSC los exoneró del delito de enriquecimiento ilícito, alegando incongruencias en la información suministrada por la fenecida Dirección de Evaluación Policial, ignorando, abusivamente, que es su deber investigar de oficio este delito. Por lo que bastaba un indicio para avanzar en la investigación, que, por otro lado, no es tan complicada, porque se trata de verificar si el patrimonio corresponde a los ingresos habidos durante el ejercicio de la función pública, si no coinciden se tipifica la presunción de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el MP avanzó por la vía de lavado de activos. ¡Que poco ayuda el TSE en la lucha contra la corrupción!

Ahora resulta que los éxitos de la ATIC quieren atribuírselos al Presidente. Ofenden la inteligencia del pueblo quienes, electoreramente, vomitan estas tonterías. Son el resultado de haber atribuido nuevamente al MP la investigación criminal. Son exclusivamente del binomio ATIC-FISCALÍA, sin más. Son los agentes y los fiscales quienes, aplicando técnicas de investigación adecuadas y exponiendo sus vidas, identifican inequívocamente al responsable, acompañando las pruebas irrefutables de su crimen.

Este caso desnuda el sistema de impunidad del país. Todas las instituciones conspiraron y conspiran para proteger a los malos policías (esas leyes recién aprobadas es la prueba de ello), igual que protegen a los malos políticos y a los malos empresarios. Esta red de relaciones de protección es un peligro para la ATIC.

En su momento, la ATIC será declarada enemigo público número uno desde el poder político y empresarial. Será la lucha de David contra Goliat, sin la posibilidad de un David victorioso.

Y la MACCIH. Está bien, extraordinariamente bien, gracias.