Defensores de derechos humanos aseguran que no hay emergencia en centros penales, y problema de hacinamiento se puede resolver con otras medidas
Foto portada: Secretaría de Prensa
Tegucigalpa, Honduras. – El anuncio de la construcción de dos cárceles de máxima seguridad en Honduras despertó cuestionamientos en la sociedad hondureña, sin embargo, lo que más ha causado suspicacia es la construcción de estos centros de reclusión a través de compra directas.
La medida fue anunciada después del consejo de Defensa y Seguridad, donde se aprobó la segunda fase del Plan Nacional de Seguridad: “Solución Contra el Crimen”, un texto gubernamental que contempla nueves aspectos y donde destacan la asignación de tareas en materia de seguridad ciudadana a las Fuerzas Armadas de Honduras.
De acuerdo con el comunicado, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en los próximos días, emitirá el decreto de emergencia para los equipos técnicos y operativos y para la construcción.
Ante esta posible emergencia en el Sistema Penitenciario, que permitiría las compras directas, analistas son de la opinión que este mecanismo puede ser mal utilizado y cometer actos de corrupción, un tema que no es nada nuevo en Honduras.
El Reglamento de la Ley de Contratación del Estado (RLCE), en su artículo 7 indica que la Contratación Directa es “un procedimiento aplicable en situaciones de emergencia”.
Para el abogado Víctor Fernández, del Bufete Estudios Para la Dignidad, las declaratorias de emergencia –que conduce a compras directas— “son el escenario perfecto para profundizar el modelo de corrupción imperante”.
Además, indicó “en cuanto a corrupción, sí vivimos en una permanente emergencia”.
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CONSTRUCCIÓN DE CÁRCELES NO ES SOLUCIÓN
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, destaca que el Sistema Nacional Penitenciario albergaba en promedio 19 mil 842 personas en los 25 centros penitenciarios del país.
En consecuencia, esto representa un índice de hacinamiento de 34.2%, debido en parte a que al menos 51.6% de la población penitenciaria no cuenta con sentencia firme.
Pese a tener un 34.2 % de hacinamiento en los centros penitenciarios, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Javier Acevedo, expresó “realmente no tenemos una emergencia en los centros penales”, en ese sentido el defensor de derechos humanos, explicó en entrevista con Criterio.hn, que para declarar una emergencia por hacinamiento, al menos se deben registras unas 3 mil detenciones.
Analistas refieren que previo a declarar una emergencia para la construcción de nuevos centros penales en Honduras, se deben adoptar otras medidas como las liberaciones de personas que están por cumplir sentencia, la liberación de las personas adultas mayores o personas con enfermedades en fase terminal.
En este mismo orden de ideas el abogado Víctor Fernández, sugirió Implementar una política para la resocialización de las personas condenadas, —como manda la Constitución de la República—, además que el problema del hacinamiento pasa por superar la alta mora de personas procesadas y privadas de su libertad que no sentenciadas, es decir el 51.6% que menciona el OACNUDH.
Otras de las premisas que considera Fernández es “combatir la corrupción en el sistema penitenciario” a fin que el Estado asuma el control, a través de las instancias correspondientes y profesionales. “para que las cárceles dejen de ser un espacio sin ley” enfatizó el abogado.
Sin embargo, ante el anuncio de la emisión del decreto de emergencia, Joaquín Mejía, defensor de derechos humanos, mencionó que, si los mecanismos los permite la ley, el gobierno tiene la libertad de aplicar las medidas más urgentes, en ese sentido recomendó estar vigilante. “Hay que exigir que sean mecanismos con transparencia y rendición de cuentas”.
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REACCIÓN DE ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
El Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), a través de un pronunciamiento hizo de conocimiento as la ciudadanía que esta declaratoria de emergencia es “motivo de preocupación”.
En ese sentido, mencionó que la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro de sus recomendaciones, en reiteradas ocasiones ha señalado que la construcción de cárceles no son una solución idónea a los problemas que enfrenta el sistema penitenciario.
De igual manera, el Comisionado Nacional de los derechos Humanos (CONADEH), reafirmó que el Estado de Honduras debe mejorar las instalaciones penitenciarias existentes, garantizar la seguridad y proteger la vida e integridad de las personas privadas de libertad.
Para ello el CONADEH, enfatiza la implementación de estrategias de prevención y tratamiento de la violencia y un plan nacional para reducir el hacinamiento y disminuir su efecto.
