Capitán que denunció a Tony Hernández enfrentará querella el 7 de septiembre

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa, Honduras.- El capitán retirado, Santos Rodríguez Orellana -quien denunció a Tony Hernández de usar los helicópteros de las FF. AA para traficar cocaína hacia los Estados Unidos- ha sido querellado por denunciar ante los medios de comunicación que el secretario de Defensa, Fredy Santiago Díaz, tiene vínculos con el narcotráfico.

La parte acusadora sostiene que el capitán ha manifestado más de 30 veces ante medios de comunicación que el general Fredy Santiago ha incurrido en delitos de narcotráfico en todas sus formas.

La primera denuncia pública que recordamos del capitán Rodríguez Orellana fue contra Tony Hernández, hermano del presidente Juan Hernández, y le costó evidentemente una baja deshonrosa. Hoy en día Tony Hernández está preso en una cárcel de Nueva York, es culpable de narcotráfico y está a la espera de la lectura de la sentencia por parte de EE. UU.

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El Ministerio Público o la parte administrativa de las Fuerzas Armadas no están investigando a Fredy Santiago Díaz para que explique si tiene nexos con carteles de la droga, en lugar de eso, el próximo lunes 7 de septiembre las autoridades judiciales tienen agendada la audiencia de conciliación contra Santos Orellana en la querella presentada por el secretario de Defensa.

Otros casos judiciales tardan meses en moverse, sin embargo, las acciones contra el capitán Rodríguez Orellana fueron interpuestas a finales de agosto de este año por parte del general Díaz, quien mandó a sus apoderados legales a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para acusar al excapitán de 16 delitos de calumnia. La celeridad del proceso ha sido bastante sorprendente.

Para el abogado Edy Tábora, especialista en libertad de expresión en Honduras, el capitán Santos Rodríguez Orellana no debe probar absolutamente nada sobre las denuncias que ha realizado contra Fredy Díaz.

“Recordemos como Tony Hernández, antes de ser capturado por narcotráfico en EE. UU., amenazaba a todos los medios de prensa de que los iba a querellar si continuaban insistiendo en su participación con el narcotráfico”, expresa Tábora.

El Profesional del derecho agrega que el Ministerio Público debe investigar a Fredy Díaz y no llevar ante la justicia a un hombre que es una fuente de información en periodismo y una persona que ocupó un puesto en las Fuerzas Armadas.

Tábora recuerda el caso del periodista Ariel Armando D´Vicente Jarquín, quien fue querellado y condenado por denunciar un hecho que después fue investigado y comprobado por el Ministerio Público. Además, el caso del periodista David Romero Ellner (Q.D.D.G) en donde el Estado mismo se encargó de hacer publicidad para encarcelarlo y, en donde también, judicialmente se interpretó erróneamente la parte procesal penal.

El experto también mencionó que Honduras ha callado injustamente a otra persona que entra dentro de la misma categoría de Santos Orellana, y es, por supuesto la Comisionada en condición de retiro María Luisa Borjas quien fue llevada ante los tribunales de justicia por ligar a la familia Atala con el asesinato de Berta Cáceres.

El jurista, experto en libertad de expresión, también recordó que Honduras mandó a callar al periodista opositor Julio Ernesto Alvarado (Q.D.D.G), quien enfrentó una querella interpuesta por Belinda Flores de Mendoza, decano de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) en el año 2006, ya que el periodista atendió a docentes que denunciaron tráfico de notas por parte de la querellante.

En el caso de Julio Ernesto Alvarado, tuvo que intervenir una instancia internacional para que el Estado de Honduras no le persiguiera. Ya que recibió una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que obligó al Estado de Honduras a que eliminara dicha sentencia.

El titular Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, no ha hecho nada para defender a estos hondureños que han alzado su voz para denunciar a personas ostentan un enorme poder político y económico dentro del territorio nacional.