Edmundo Orellana, exfiscal general y exsecretario de Transparencia, cuestiona el incumplimiento en la presentación de informes de campaña y uso de subvenciones de las y los candidatos a diputados que buscan ser reelectos
El discurso anticorrupción se desvanece cuando las y los candidatos a cargos de elección popular rehúyen la transparencia sobre el dinero que financia sus campañas
Tegucigalpa, Honduras. -En medio de los discursos anticorrupción que dominan la campaña electoral, una pregunta resuena entre la ciudadanía: ¿cómo confiar en aspirantes a cargos de elección popular que no rinden cuentas sobre el origen del dinero con el que financian sus campañas?
De acuerdo al último informe presentado por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Unidad de Política Limpia, de los 5,557 precandidatos que participaron en las elecciones primarias 1,493 no presentaron sus informes de gastos de campaña.
Según un informe del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) entre los que incumplieron hay 85 candidatos y candidatas [de los partidos Liberal, Nacional y Libre] que resultaron electos y continúan participando en la contienda, sin mayores consecuencias.
La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos establece en su artículo 59 que quienes incumplan con la presentación de informes financieros deben ser declarados inhábiles o inelegibles para participar en las elecciones generales.
Pese a ello, la sanción nunca se ha aplicado. Los aspirantes reinciden en las campañas, mientras la Unidad de Política Limpia apenas logra ejercer una supervisión parcial sobre los gastos y aportes.
La UFTF también revela que, a menos de 50 días de las elecciones, sólo el 35 % de los candidatos ha registrado su cuenta bancaria diferenciada y acreditado un responsable financiero, lo que refleja un 65 % de incumplimiento con la ley de fiscalización electoral.
INCUMPLIMIENTO EN INFORME DE GASTOS DESNUDA OPACIDAD DE CANDIDATOS
El hallazgo no es menor. En procesos anteriores, se ha documentado cómo el dinero del narcotráfico, el crimen organizado y fondos públicos han ingresado a las campañas políticas de los principales partidos, distorsionando la competencia democrática y fortaleciendo redes de corrupción que se perpetúan en las élites políticas.
Históricamente, la ciudadanía ha percibido que la política hondureña se financia con fondos ilícitos y actores indebidos. Sin embargo, fue hasta hace unos ocho años que se identificaron con precisión los modelos de financiamiento ilegal, gracias a las investigaciones judiciales de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y los testimonios de narcotraficantes y exfuncionarios enjuiciados en las cortes federales en Estados Unidos.
Consultado sobre el tema, el exfiscal y exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana, afirmó que la ciudadanía debe asumir un papel más crítico y evitar votar por aquellos que no garantizan transparencia sobre los fondos que utilizan en sus campañas políticas.
En una entrevista brindada a Criterio.hn dijo que tolerar este comportamiento equivale a dar “paso libre a los corruptos” para seguir utilizando fondos públicos en beneficio propio.
Sobre el incumplimiento de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización por parte de quienes buscan reelegirse, Orellana sostuvo que esto revela la ausencia total de voluntad política.
También se refirió a la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de las y los diputados en el uso de subvenciones. Recordó que el propio presidente del Congreso Nacional publicó en su cuenta de X una lista de los diputados beneficiados con millones de lempiras en subvenciones, sin que hasta la fecha se conozca un solo informe público.
“Esa gente no merece nuestro voto”, enfatizó Orellana. A su vez advirtió que la Unidad de Política Limpia tiene la obligación de publicar los nombres de los candidatos que no cumplen con la ley, para que la ciudadanía vote con conocimiento de causa
Cuestionó la credibilidad del discurso anticorrupción de quienes, siendo diputados, bloquearon las reformas legislativas necesarias para la instalación de un mecanismo internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad.
“Ellos se negaron a aprobar los requisitos mínimos establecidos en el memorándum de entendimiento. No derogaron el Código Penal, no aprobaron la ley de colaboración eficaz ni eliminaron la inmunidad parlamentaria. Todo sigue igual”, lamentó.
Por su parte, el director ejecutivo de CESPAD, Gustavo Irías, coincidió en que la confianza ciudadana hacia estos candidatos debería ser nula y se debe analizar los perfiles de quienes participan en el proceso electoral del 30 de noviembre.
Irías explicó que la falta de confianza también se alimenta de la escasa información pública. “No sabemos con certeza quiénes incumplen la ley de financiamiento, porque la Unidad de Política Limpia no proporciona esa información de forma accesible y oportuna”, dijo en una entrevista a este medio digital.
Esa opacidad, añadió, mantiene un círculo vicioso de impunidad electoral que favorece a los mismos actores políticos. Destacó que el problema trasciende el financiamiento: responde a una cultura política tradicional, marcada por el clientelismo, el caudillismo y los bajos valores democráticos.
“En Honduras, el cambio de gobierno en 2022 fue un hecho histórico, pero el sistema de partidos sigue anclado en las mismas prácticas. Por eso, muchos diputados que hoy se dicen anticorrupción no apoyan las leyes que fortalecerían los mecanismos de control”, enfatizó el analista.
Entre esas leyes figuran la colaboración eficaz, la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la creación de un régimen de protección a denunciantes, todas bloqueadas por falta de apoyo en el Legislativo.
El analista concluyó explicando que mientras las y los ciudadanos sigan atrapados en un sistema donde la corrupción electoral se normaliza y la rendición de cuentas sigue siendo una promesa vacía.
