En un desalojo que dejó a muchas familias sin hogar, los campesinos de Agua Blanca Sur claman por justicia. A pesar del apoyo prometido por el gobierno, se sienten abandonados y expuestos al poder de las empresas
Tegucigalpa, Honduras. – La mañana del miércoles la comunidad Agua Blanca Sur en El Progreso, Yoro, amaneció rodeada de un contingente policial y maquinaria pesada lista para destruir todo a su paso.
“En este país los que mandan es la empresa privada, las familias más poderosas de Honduras”, lamentó un campesino mientras recogía trozos de madera y lamina. Lo que había quedado de su vivienda. Al tiempo que remarcó que continuaran con la lucha de recuperación de la tierra.
La maquinaria de la empresa Azucarera de Norte S. A. (Azunosa) destruyó las plantaciones de maíz, frijoles, hortalizas y las casas de los campesinos y campesinas que habían instalado en un terreno en proceso de recuperación a vista y paciencia de la Policía Nacional.
Entre lágrimas, una campesina de al menos 56 años, confesó sentir “una tristeza grande” al ver la milpa destruida. “Aquí trabajamos con gran esfuerzo para sembrar una matita de maíz y un empresario que se alía con el poder viene a destruirlo”, recriminó.
La mujer, parte del movimiento campesino, recordó que mandataria hondureña, Xiomara Castro, prometió en campaña política y en su discurso de toma de posesión, prometió apoyar al campesinado. En ese sentido, envió un mensaje a la presidenta Castro, “ponga manos en este asunto porque sino se le va a salir de las manos, porque este problema ya no lo vamos a dejar aquí, vamos para corte internacional”, sentenció
DENUNCIAS DE VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA Y DERECHOS HUMANOS EN DESALOJO CAMPESINO
En horas de la mañana, Radio Progreso denunció que los elementos policiales inicialmente negaron el ingreso a periodistas quienes intentaban informar el desalojo contra el movimiento de Campesinos sin Tierra.
El padre Ismael Moreno, conocido como Padre Melo, quien permaneció en el lugar del desalojo, recriminó la obstrucción del trabajo periodístico durante un nuevo desalojo en contra del movimiento campesino que únicamente pide tierra para trabajar.
El padre Melo catalogó esta acción como un “desprecio para los campesinos” y una “violación estricta de la libertad de expresión”. En sus declaraciones, enfatizó que esta decisión refleja un contubernio entre la empresa involucrada y las autoridades policiales, lo que constituye un “auténtico abuso”.
Ante la arbitrariedad, el sacerdote jesuita, enfatizó que “El gobierno debería dar una respuesta porque detrás de este conflicto hay una negligencia y falta de voluntad para abordar la conflictividad de la tierra”, afirmó.
SIN PRESENCIA GUBERNAMENTAL
El movimiento campesino en su lucha por la reivindicación de su derecho de acceso a la tierra, en reiteradas ocasiones ha sido desalojado, que además ha resultado en la inacción gubernamental para desarrollar una verdadera reforma agraria.
Ante este abandono, el padre Melo, resaltó que tanto los campesinos como la empresa están en una disputa que debería ser resuelta por el Instituto Nacional Agrario (INA), pero lamentó que el gobierno ha estado ausente en este proceso.
Los campesinos se encuentran en una situación de indefensión, expuestos al poder tanto de las estructuras policiales como de las empresas. El Padre Melo hizo un llamado urgente al gobierno y a organismos como la Secretaría de Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) para que actúen ante esta violencia impuesta por las autoridades y las empresas.
La situación refleja un patrón preocupante en Honduras, donde los desalojos violentos son comunes y las comunidades rurales enfrentan un despojo sistemático de sus tierras.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que este tipo de acciones no sólo vulneran los derechos fundamentales de los campesinos, sino que también limitan severamente la libertad de prensa y el acceso a la información en contextos críticos.
