La ley debería ser reformada para evitar que los políticos utilicen las redes sociales para hacer proselitismo durante el silencio electoral
Tegucigalpa, Honduras. – La propaganda política en Honduras avanza sin restricciones en redes sociales. Aunque la normativa regula el uso de medios tradicionales, las plataformas digitales siguen sin estar contempladas, lo que permite a los candidatos y partidos políticos continuar con la difusión de mensajes proselitistas sin consecuencias, a pesar que a través de esos canales es la manera idónea para alcanzar a más personas con sus desalentadores y populistas discursos.
El artículo 225 de la Ley Electoral de Honduras regula los canales a través de los cuales se puede difundir propaganda política, incluyendo radio, televisión, periódicos, afiches, correos electrónicos y teléfonos, pero no menciona expresamente las redes sociales. Esto ha generado un vacío legal que favorece la promoción política en plataformas como Facebook, X e Instagram.
Este artículo establece que durante el periodo de propaganda electoral pueden utilizarse diversos medios para la difusión política, incluyendo ‘letreros, carteles, vallas publicitarias, radio, televisión, cine, correo electrónico, teléfono y cualquier otro sistema o bien privado’. Sin embargo, no menciona explícitamente las redes sociales, lo que deja abierta la posibilidad de que los candidatos continúen promoviendo su imagen en estas plataformas sin restricciones.
Para Gabriela Blen, integrante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), esta omisión no es accidental. “Estamos en una era digital donde las redes sociales tienen un impacto mucho mayor que los medios tradicionales. Nuestros políticos lo saben y utilizan estas plataformas sin restricciones para manipular a la sociedad”, señaló.
El uso de redes sociales en campañas políticas no es nuevo, pero su falta de regulación en Honduras permite que los aspirantes continúen promocionándose incluso en el silencio electoral, que en este contexto inicia el cuatro de marzo de 2025, cinco días antes de los comicios internos, afectando la equidad del proceso. En otros países, el alcance de estas plataformas ha sido determinante en elecciones presidenciales, como en Estados Unidos con Donald Trump o en Argentina con Javier Milei.
Además, Blen advierte que la desactualización de la ley ha convertido a las redes sociales en la principal herramienta de desinformación durante los procesos electorales. “Los políticos han aprendido que pueden seguir haciendo campaña en estas plataformas sin temor a represalias, dejando en evidencia que las leyes están diseñadas con trampas para beneficiarlos“, precisó.
“El impacto de esta brecha legal no solo permite la prolongación de las campañas, sino que también genera una mayor polarización y desinformación, afectando la capacidad de los votantes para tomar decisiones informadas. En lugar de garantizar un debate con propuestas claras, el escenario político se llena de confrontaciones sin sustancia”, agregó Blen.
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El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Germán Lobo, coincide en que el problema radica en la falta de aplicación efectiva de sanciones. “Durante el proceso electoral de 2021 no se sancionó a ningún político por violar el periodo de propaganda política”, explicó Lobo, confirmando que la normativa electoral sigue sin responder a los desafíos del entorno digital.
Lo señalado por el actual precandidato a diputado del Partido Liberal resulta pertinente. En contiendas electorales previas, ningún aspirante fue sancionado por utilizar redes sociales como canal de difusión durante el periodo de silencio electoral, precisamente debido al vacío normativo que persiste en la legislación.
Sin embargo, esta problemática encierra una paradoja que favorece los intereses de los tres principales partidos políticos del país (Liberal, Nacional y Libertad y Refundación). Las autoridades del organismo responsable de fiscalizar y sancionar estas irregularidades fueron designadas por los mismos diputados que representan a estos partidos. En otras palabras, su nombramiento responde a una estrategia política que prioriza la protección de sus intereses partidarios por encima de la transparencia y la rendición de cuentas.
Lobo también considera que el silencio electoral debería abarcar todas las plataformas de comunicación, incluidas las digitales, para garantizar condiciones más equitativas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado ninguna reforma que contemple esta regulación, lo que deja abierta la posibilidad que los políticos continúen aprovechando las redes para promocionarse hasta el mismo día de las elecciones.
A menos de dos meses de los comicios primarios en Honduras, la ausencia de regulación sobre el uso de redes sociales en campañas políticas evidencia la urgencia de una reforma electoral. No obstante, este cambio sigue siendo una aspiración inalcanzable, ya que el Congreso Nacional continúa priorizando iniciativas que favorecen a la élite política y económica, en detrimento de la transparencia y la rendición de cuentas.
Más aún, el panorama se torna más sombrío si se considera que la mayoría de los diputados en funciones buscan la reelección, lo que garantiza la perpetuación de su dominio por otro período de cuatro años.
En ausencia de modificaciones en la normativa electoral, los procesos democráticos seguirán vulnerables al uso indiscriminado de estrategias digitales que sortean las restricciones impuestas a los medios tradicionales, consolidando una ventaja desproporcionada para quienes tienen el control de la propaganda en estas plataformas.
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MÁS IRREGULARIDADES
A este vacío normativo se suma la falta de transparencia en el financiamiento de las campañas políticas. Un informe del Observatorio de la Democracia revela que, en las últimas décadas, una de las mayores debilidades del sistema electoral ha sido el uso de fondos de origen ilícito para costear campañas, pese a la existencia de la Unidad de Política Limpia.
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Además, los techos de gastos de campaña para las elecciones primarias de 2025 son elevados: hasta 505 millones de lempiras por cada candidatura presidencial y hasta 2,020 millones por partido político. Sin una regulación clara sobre la publicidad en redes sociales, este tipo de inversiones pueden realizarse sin supervisión efectiva.
