Tegucigalpa, Honduras. – Que el Plan Solución Contra el Crimen, aprobado en consejo de ministros en marzo de 2023, esté en su tercera fase, sin claridad sobre cuándo este entró en vigencia, no es una muestra de efectividad. Más bien, podría ser un método adoptado por las autoridades policiales para demostrar que, a medida que cambian de etapa, la criminalidad y violencia orquestadas por el crimen organizado y el narcotráfico están siendo controladas.
“La estrategia (Plan SCC) desde su implementación fue errática y, ahora, cambiando de fase de manera repentina, tratan de transmitir el mensaje a la población de que están ganando la lucha contra la criminalidad y violencia”, opinó el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Nelson Castañeda.
Castañeda reconoció que, de alguna forma, algunas de las 14 medidas comprendidas en el Plan Solución Contra el Crimen han mostrado cierta efectividad en la reducción de homicidios. Sin embargo, la estrategia ha puesto al descubierto falencias significativas en la policía, como la ineficacia en las investigaciones y el abuso de autoridad por parte de los efectivos.
“La Policía sostiene que ha logrado reducir la tasa de homicidios gracias al estado de excepción y otras medidas incluidas en este plan, pero es precisamente esta estrategia la que nos hace conscientes de las deficiencias que afectan a la institución: fallos en los procesos de investigación y un aumento en las violaciones a los derechos humanos”, mencionó Castañeda.
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Lo expuesto por Castañeda tiene sentido. No solo el Comité Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) se ha pronunciado en contra de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por efectivos policiales y militares bajo las facultades que les otorga el estado de excepción, sino que también la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expuesto su posición en contra de prolongar esta medida.
Además, el precario nivel de investigación que tiene la Policía Nacional, a pesar de contar con la Dirección Policial de Investigación (DPI), quedó en evidencia durante los primeros meses de vigencia del estado de excepción en Honduras. Entre diciembre de 2022 y junio de 2023, ocho de cada 10 capturados quedaron en libertad debido a la falta de sustento en las investigaciones presentadas por las autoridades.
Entonces, basándose en estos antecedentes mencionados, Castañeda considera que cambiar de fase de manera repentina en el Plan Solución Contra el Crimen no es realmente sinónimo de efectividad, sino que también podría deberse a que “literalmente no hay una verdadera estrategia; no existe una línea o dirección clara a seguir”.
“El cambio repentino de fases podría obedecer a una reacción; es decir, se enfocan en generar incidencia mediática donde se desencadenan hechos delictivos para simplemente tratar de decir ‘estamos reduciendo la delincuencia’. Intervienen en barrios y colonias después de que en estos se han registrado hechos violentos. Si realmente existiera una estrategia, los intervendrían porque ya tienen ubicados dónde se esconden los líderes de maras y pandillas”, precisó.
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RESULTADOS DE LA TERCERA FASE
De acuerdo con información de la Policía Nacional, al poner en marcha la fase tres del Plan Solución Contra el Crimen, cuya fecha de inicio se desconoce, se han logrado concretar 62 órdenes de captura, realizar 34 allanamientos “positivos”, decomisar ocho armas de fuego y casi un millón de lempiras en droga.
De manera paralela, mientras se puso en marcha esta tercera fase, solo en julio han asesinado a 90 personas. Es decir, 6 hondureños murieron de manera violenta en los primeros 15 días de julio, mientras las autoridades policiales, a través de las redes sociales, alardean de algunos de los “logros” conseguidos durante el tiempo mencionado.
Además, la celebración de estos “logros” obtenidos en la tercera fase del Plan Solución Contra el Crimen se da en el contexto de que, en el norte de Honduras, hay más de 30 personas secuestradas, presuntamente por manos criminales en las que estarían involucrados exelementos de la Policía Militar del Orden Público.
Kenneth Madrid, analista en temas de seguridad, respaldó la postura de Castañeda, explicando además que cuando no se establece un plan integral previo a la ejecución, en este caso del Plan SCC, en el que se tenga un pronóstico de los resultados que se podrían obtener al implementarlo, la efectividad es tardía o no se refleja, como está pasando en la actualidad.
“Mientras la población no tenga la percepción de vivir en un país con menos violencia, las estrategias policiales son inefectivas. A través de este Plan Solución Contra el Crimen se pueden lograr reducir índices de violencia y criminalidad, pero la percepción no cambia”, opinó.
