La caída del TREP, las denuncias de fraude y la falta de declaratoria mantienen al país en un limbo electoral. En ese sentido, la crisis técnica y política del proceso electoral revive temores de 2017 y coloca a Honduras ante la posibilidad de repetir elecciones.
Tegucigalpa, Honduras. –A una semana de las elecciones generales, del 30 de noviembre, Honduras continúa sin resultados oficiales y sin una declaratoria de ganador en el nivel presidencial, en un ambiente marcado por denuncias de irregularidades, fallas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el discurso de fraude impulsado por la candidata de Libre, Rixi Moncada —quien pide anular el proceso— han abierto la posibilidad de una repetición electoral.
Sumado a los fallos y recurrentes caídas del sistema de divulgación de resultados, sumada a la publicación intermitente del TREP, ha profundizado un ambiente de incertidumbre entre la población y sociedad civil, situación que abre el debate sobre posibles salidas constitucionales, incluida la repetición de elecciones.
En el centro de la disputa se encuentra la diferencia mínima entre Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, y Nasry Asfura Zablah, del Partido Nacional, quienes se han alternado el primer lugar en dos ocasiones durante la última semana
Mientras tanto, el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) —ubicado en un distante tercer lugar— acusa que el país enfrenta un “golpe electoral” y ha solicitado la nulidad total de los comicios electorales y su repetición.
Para el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, las interrupciones del sistema TREP representan un golpe directo a la transparencia y credibilidad del proceso electoral del pasado 30 de noviembre.
Aguilar explica que, si bien el TREP no es vinculante para la declaratoria oficial, su interrupción prolongada obstaculiza al organismo electoral en el cumplimiento de sus funciones y alimenta la incertidumbre pública.
De igual manera, aclaró que la ley establece que la declaratoria de resultados debe basarse en el conteo de actas, no en los votos transmitidos preliminarmente, por lo que, si el órgano electoral ya posee las actas, la emisión de resultados es legalmente posible.
Sin embargo, advierte que aún falta la verificación de las actas con inconsistencias, un proceso que constituye la etapa final del escrutinio y que debería resolverse antes del 30 de diciembre, fecha límite que la normativa señala para la declaratoria.
El también exmagistrado del extinto TSE, Dennis Gómez, coincide en que el TREP no posee fuerza legal para invalidar un proceso, pero sí para incidir en la confianza pública. “La transmisión mejoró respecto a 2021, pero la divulgación ha sido un enorme problema”, señaló.
Gómez menciona tres posibles causas de la crisis técnica: incapacidad de la empresa contratada, fallas internas dentro del órgano electoral y presiones políticas sobre la administración electoral.
Según el entrevistado, la estructura actual del CNE opera más “bajo lógicas políticas que técnicas”, un problema que también fue señalado por la Misión de Observación de la Unión Europea (MOE-UE), que advirtió abandono en la etapa postelectoral.
Mientras el oficialista Partido Libre exige la nulidad total, la mínima diferencia entre Nasralla y Asfura aumenta la incertidumbre entre la población.
Vea: Constantes fallas del TREP evidencian irresponsabilidad y abren la puerta a penalizaciones
¿PUEDE HABER REPETICIÓN DE ELECCIONES? LA CLAVE ESTÁ EN LA DECLARATORIA
La Ley Electoral establece mecanismos administrativos y judiciales para impugnaciones y nulidades, pero una repetición total de elecciones es un escenario excepcional.
Augusto Aguilar explicó a Criterio.hn que, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no hace la declaratoria, las elecciones quedan sin efecto, aunque la Constitución de la República indica que, en ausencia del organismo electoral, el Congreso Nacional puede hacerla, pero “este tampoco está sesionando y los nuevos diputados tampoco podrían ser declarados electos.”
La situación, advierte, “podría llevar a un conflicto legal profundo” y abrir la puerta a dos posibles salidas: un gobierno de transición, mientras se convoca a nuevos comicios, o la repetición de las elecciones, siempre que exista un amplio acuerdo nacional.
Por su parte, el exfuncionario electoral Dennis Gómez detalla que las acciones de nulidad están reguladas entre los artículos 297 y 306 de la Ley Electoral. Sin embargo, estas se aplican generalmente a nivel de junta receptora de votos, no a procesos completos.
Añade que “la cultura política hondureña tiende a denunciar sin presentar pruebas”, pero que cualquier solicitud de nulidad debe acompañarse de evidencia documentada, ser evaluada por el CNE y, en segunda instancia, por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Enfatizó que, por ahora, las irregularidades denunciadas —incluyendo fallas técnicas, retrasos y acusaciones cruzadas— no representan por sí mismas causales legales para anular completamente el nivel presidencial.
EL FANTASMA DEL FRAUDE DE 2017: OEA SUGIRIÓ REPETICIÓN DE ELECCIONES
La crisis actual revive inevitablemente la crisis postelectoral de 2017, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que el proceso electoral carecía de garantías suficientes y recomendó repetir las elecciones debido a irregularidades graves y falta de certeza sobre los resultados.
En aquel año, la Misión de Observación Electoral (MOE) denunció falta de transparencia en el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), inconsistencias graves en actas, fallas sistémicas y un ambiente de violencia que dejó muertos y heridos.
El informe preliminar de la OEA concluyó que no existían garantías para determinar con certeza un ganador, lo que llevó al organismo a recomendar nuevas elecciones, una propuesta que nunca fue aceptada por el gobierno de turno.
En aquella ocasión, el país vivió semanas de violencia, suspensión de garantías constitucionales e incluso el asesinato de al menos 33 personas –según informes de organismos de derechos humanos— y denuncias que nunca fueron resueltas con claridad técnica.
Aunque entonces no se repitieron los comicios, la recomendación de la OEA quedó registrada como un precedente internacional sobre la magnitud que puede alcanzar una crisis postelectoral en Honduras.
Hoy, con un sistema de divulgación colapsado y dos candidatos disputando el primer lugar por menos de un punto, el riesgo de una crisis similar vuelve a ser real.
