La víctima intervino en la discusión para calmar los ánimos, pero un efectivo de la Policía Nacional lo convirtió en el principal protagonista al darle un disparo certero en la cabeza que le provocó la muerte
Tegucigalpa, Honduras.- Un disparo certero de un efectivo de la Policía Nacional, el pasado 19 de noviembre, terminó con la vida de un campesino y empresario de 52 años, quien no provocó el conflicto, pero sí fue la víctima, en la aldea Corredero, ubicada en Quimistán, Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.
El hecho sangriento, registrado alrededor de las tres de la tarde, fue la consecuencia de una discusión verbal entre un grupo de personas, supuestos operadores de mototaxis, y efectivos de la institución armada, quienes no titubearon a la hora de hacer uso de sus pistolas reglamentarias.
Julio Cesar Rodríguez Matute, de 52 años, reconocido empresario y ganadero, originario de Quimistán, Santa Bárbara, y residente de la aldea El Pinalejo, llegó hasta el lugar para calmar la situación.
Minutos antes del homicidio, según se puede ver en videos que circulan en redes sociales, al empresario lo estaban intentando esposar, para llevarlo hasta la estación policial.
Él no se rehusó y, mientras era custodiado por los uniformados hasta la unidad policial, preguntaba: “¿Por qué me van a llevar?, si no estoy haciendo nada”, a lo que no tuvo respuesta más que un “¡súbanlo!”, del que encabezó el operativo.
En otro video, también de las redes, en el que parecía que todo se había calmado, se observa cómo, de manera habilidosa, un efectivo de la Policía, toma su fusil reglamentario y dispara en contra del ganadero, quien de inmediato cayó al suelo.
“¡Lo mató!, ¡lo mató!, se lo pelaron”, dijo el encargado de grabar la escena después de escuchar la detonación del arma de fuego.
Tras el hecho criminal, el empresario fue trasladado hasta una clínica privada en San Pedro Sula, norte de Honduras, en donde especialistas informaron sobre su fallecimiento a las cinco de la tarde de ese día, por un disparo en su ceja derecha.
Varias horas después de registrarse el asesinato, la presidenta de Honduras Xiomara Castro, pidió a través de la red social X (antes Twitter) investigar la muerte del ganadero, para que no quede en las carpetas de impunidad, como otros casos.
“El crimen cometido en Pinalejo, Santa Bárbara, será investigado de inmediato y se aplicará la ley. No puede haber seguridad sin justicia. Expresamos nuestra confianza en el señor ministro de seguridad”, escribió la mandataria en sus redes sociales.
Adicional a lo pedido por la mandataria, el diputado del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo “El Chele” Castro, denunció que las autoridades policiales de Santa Bárbara, desde hace varios días vienen cometiendo abuso de autoridad.
“No podemos seguir en manos de la Policía, porque ya días vienen dañando la gente en este municipio. Él reclamó y lo único que consiguió fue la muerte. Ya no podemos protestar porque a cambio lo que vamos a recibir es la muerte”, dijo en medios de comunicación el congresista.
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¿CÓMO AVANZA LA INVESTIGACIÓN?
Tras la directriz de la presidenta Castro, el Ministerio Público (MP), liderado por el fiscal general interino Johel Zelaya, ordenó la captura del funcionario policial que habría sido el encargado de perpetrar el crimen en contra del empresario.
El supuesto asesino es el subcomisionado Vetuel Nacor Alvarado Guevara, quien fue arrestado la mañana de este lunes 20 en Santa Bárbara y después trasladado hasta San Pedro Sula, en donde permanecerá privado de su libertad y a la espera de los resultados de la investigación que está haciendo la Agencia Técnica de Investigación (ATIC).
De acuerdo con el vocero del Ministerio Público en la zona norte, Elvis Guzmán, el caso se había asignado a la Dirección Policial de Investigación (DPI), pero tras encontrar varias irregularidades en los informes, la investigación pasó a manos de la ATIC, la cual promete dar resultados al finalizar este lunes.
“Hay varias hipótesis del caso. En un informe se indica que primero hubo un cruce de disparos (entre los efectivos policiales y el grupo de personas particulares), pero todavía no tenemos la investigación final”, dijo a medios de comunicación Guzmán.
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Lo paradójico del caso, es que este asesinato se dio en medio de un estado de excepción, vigente desde el pasado seis de diciembre de 2022, en el que los uniformados de la institución armada han sido cuestionados en diversas ocasiones por abusar del poder para violar los derechos humanos de la sociedad.
Según datos del Comisionado Nacional para los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), desde el 6 de diciembre de 2022, hasta junio de este año, policías y efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) fueron denunciados en 193 ocasiones por diferentes motivos.
La institución que vela por los derechos humanos, precisa que las fuerzas de seguridad, tras ser denunciadas, exponen que sus actos son amparados en las facultades que les otorga el estado de excepción y lo hacen con el objetivo de servir y proteger para bajar la incidencia delictiva en el país.
De acuerdo con datos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre 2020 y 2023, a efectivos de la Policía Nacional se le han abierto 66 procesos por diferentes delitos, aunque el delito que predomina en las acusaciones es maltrato familiar.
