Investigación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) revela que decretos aprobados en el Congreso Nacional -de mayoría nacionalista- favorecieron con exoneraciones en la tarifa energética a clientes del sistema financiero, comercios, industrias, entre otros
Tegucigalpa, Honduras. –Aplicación de condonaciones y amnistías contempladas en los decretos 129-2017, 51-2018 y 26-2019 asciende a más de 1,836 millones de lempiras, como parte de los hallazgos encontrados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Dichos beneficios a usuarios del servicio de energía eléctrica -especialmente empresas privadas- se dieron entre el 2018 y 2019.
El ente contralor remitió al Ministerio Público un informe que concluye en hallazgos e indicios de responsabilidad penal por irregularidades en la aplicación de exoneraciones. En ese sentido, la fiscalía deberá ampliar las investigaciones a fin de tipificar los delitos que correspondan e individualizar responsables, en el ejercicio de la acción penal pública ante los tribunales de justicia.
Los resultados expuestos en el informe son parte de la Investigación Especial practicada a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y de acuerdo al análisis, revisión y evaluación de la documentación proporcionada por las autoridades de la estatal eléctrica y de la Empresa Energía Honduras (EEH).
El comunicado señala que el TSC pudo constatar en la base de datos de la ENEE la existencia de un grupo de usuarios -no especificó nombres- a los que se les realizó un cambio en el código y/o tarifa, pasando de zona residencial a comercial, gobierno y/o municipalidad. Previo a este cambio, estos usuarios fueron beneficiados con la aplicación de la condonación.
CONDONACIONES Y AMNISTÍAS A EMPRESAS DEJARON COMO RESULTADO MILLONARIO PERJUICIO ECONÓMICO CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS SEGÚN INFORME DEL TSC
El ente contralor notificó el Informe Especial No. P-01-2023-DPC-DCSD-ENEE, que se desprende de la investigación especial de la denuncia registrada con No. 0801-2022-27, practicada en la ENEE, en el período comprendido del 02 de mayo de 2018 al 25 de julio de 2019.
No obstante, expone que dentro de la base de datos aparecen números de clave a nombre de clientes del sistema financiero, comercios, industrias, entre otros; resultando en primera instancia incoherente con lo establecido en las referidas normativas.
“No existe una explicación del porqué se realizó el cambio de tarifa, y si al momento de la aplicación del beneficio realmente tenían derecho a recibirlo”, citó el boletín.
De esta manera, el TSC responde a una denuncia en la cual se señaló una mala gestión de fondos públicos por parte de la ENEE, específicamente en la aplicación irregular de amnistías y condonaciones en el marco de los Decretos Legislativos 129-2017, 51-2018 y 26-2019 aprobados en el Congreso Nacional presido por el nacionalista Mauricio Oliva.
Dicha investigación se realizó con el objetivo de determinar el alcance de los Decretos antes mencionados, verificar su cumplimiento y si existió perjuicio económico contra el Estado.
La base de datos proporcionada por la Energía Honduras al Tribunal Superior de Cuentas señala que el Estado dejó de percibir un total de 1,836 millones 841 mil 524 lempiras con 61 centavos en concepto de amnistías y condonaciones.
De ese total, se dejó de percibir 1,192 millones 417 mil 770 lempiras con 35 centavos por la condonación de capital, recargos, multas e intereses y otros 644 millones 423 mil 754 lempiras con 26 centavos por la amnistía a saldos a pagar sin recargos, multas e intereses.
Las conclusiones de la investigación precisan que la estatal eléctrica suscribió un contrato con el consorcio colombiano Empresa Energía Honduras (EEH) donde se convino desarrollar actividades relacionadas con el suministro de energía eléctrica, entre ellas, la recuperación de la mora acumulada a la fecha de inicio del contrato, pero, es evidente que este pacto no se cumplió por parte de Energía Honduras.
El TSC constató que la ENEE y la EEH no tenían actualizada la base de datos de sus clientes. Sin embargo, el ente contralor no observó que estas empresas, dentro del ámbito de sus responsabilidades, hayan verificado a profundidad el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, a fin de establecer con exactitud que los beneficiarios de la condonación efectivamente pertenecían al sector residencial.
Además, la aprobación para la condonación de capital adeudado por energía consumida y no pagada, benefició a usuarios que no cumplieron con sus obligaciones ante la ENEE. Se determinó la existencia de un grupo de usuarios que arrastra una mora que supera el medio millón de lempiras, perteneciendo estos a una zona residencial, lo cual no es congruente.
Los usuarios de la estatal eléctrica que aplicaron a las amnistías, en su mayoría, no cumplieron con los acuerdos de pago pactados por lo que aún se encuentran en mora y en procesos legales. Por otro lado, los usuarios que aplicaron a amnistías nuevamente se encuentran en mora.
“Aunque se han realizado gestiones de cobro de las cuentas que están en mora, estas no han sido las óptimas para lograr recuperar sustancialmente los valores adeudados”, indica el comunicado.
“BORRÓN Y CUENTA NUEVA” BENEFICIÓ A EMPRESARIOS Y POLÍTICOS
Este acto de corrupción había sido denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en su informe “Borrón y cuenta nueva” donde reveló un perjuicio económico de más de 1,540 millones de lempiras para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por concepto de amnistías y condonaciones.
Dicho informe fue presentado en febrero de 2022, aseguró que el Congreso Nacional mediante decreto 129-2017 aprobó un proyecto denominado “Borrón y cuenta nueva”, iniciativa presentada por el expresidente Juan Orlando Hernández -extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados a la narcoactividad-, con ampliaciones contempladas en los decretos legislativos 51-2018 y 26-2019.
Tras la publicación en el diario oficial La Gaceta entro en vigor un compendio de amnistías que permitió a los clientes de la ENEE pagar sus obligaciones por el servicio de energía consumida sin intereses, multas y otros cargos, con arreglos de pago hasta por un período de tres años.
Inicialmente el proyecto iba dirigido a beneficiar a más de doscientas mil familias hondureñas de escasos recursos, a raíz de las manifestaciones, tomas de carretera y eventos suscitados después del proceso de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017. Sin embargo, el CNA detalla que se favorecieron a empresarios y políticos que cuentan con la liquidez suficiente para saldar sus deudas con la estatal energética.
Por medio de los decretos 51-2018 y 26-2019 se favorecieron clientes cuyo consumo es mayor a 750 kilovatios por hora, siendo este un requisito indispensable, hubo arreglos de pago bajo el decreto 129-2017 no recuperados por la ENEE y se identificaron bases de datos con información desactualizada, además de empresas jurídicas favorecidas como sectores empresariales.
