Quien acompaña la situación de Brasil y el crecimiento del fascismo en el gigante suramericano, no tiene dudas de cuánto el país ha sido destruido por el gobierno actual, no solo la soberanía pero también la vida del pueblo brasileño. Este movimiento de ultraderecha utiliza una primicia moral de una minoría blanca para alinearse con los gobernantes que destruyeron o tienen el control de los seres humanos, los de Polonia e Israel.
El presidente Jair Bolsonaro fue denunciado el 27 de noviembre ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos, por «incitar el genocidio y promover ataques sistemáticos contra los pueblos indígenas en Brasil». ICC seguirá evaluando si va aceptar o no la apertura de un proceso de investigación.
Los denunciantes son el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos (ACHAC), un grupo de abogados que ha actuado en casos de interés público desde 2012, y la Comisión Arns, que reúne a ex ministros de Estado y notables de la sociedad brasileña, están movilizados en torno a la representación, en defensa de los derechos humanos.
En cuanto a la denuncia, se refiere a «estímulos» y «omisiones» de la gestión actual, lo que resultó en la destrucción de la selva amazónica y los ataques a los pueblos tradicionales. Según el informe de la CPI, afirma que «los incendios, que todavía se están perpetuando en la región [del Amazonas], generan daños ambientales y sociales que son difíciles de revertir. Los responsables de la acción que busca penalizar a Bolsonaro subrayan aún que los actos del presidente brasileño «promueven la incitación a cometer genocidio contra los pueblos indígenas y tradicionales brasileños, debido al hecho de que pueden destruir intencionalmente todo o parte de un grupo étnico nacional».
La Corte utiliza el Estatuto de Roma como base, un instrumento legal internacional reconocido por más de 120 países, incluido Brasil. La condena podría ser a la cárcel. Entre otros episodios, las ONG se refieren a situaciones relacionadas con la crisis amazónica en vísperas de la cumbre del G7 en agosto.
En la práctica fascista de negar la realidad denunciada, el contradictorio Bolsonaro cuestiona los datos sobre el aumento de la deforestación en la Amazonia, acusaciones públicas, incluso de otros jefes de estado, como el francés Emmanuel Macron. Como forma de ocultar los datos, dimitió el presidente del INPE (Instituto Nacional de Investigación Especial), responsable por las investigaciones que constataron la constante destrucción de la Amazonia.
Por ahora, el gobierno de Jair Bolsonaro incita a las violaciones y la violencia contra las poblaciones indígenas y tradicionales, debilita las instituciones de control y aplicación de la ley. Tiene una práctica silenciosa frente a los crímenes ambientales en la Amazonia. Ahora es el momento de una advertencia mundial de que Brasil es demasiado grande para permitir una irresponsabilidad que afectará a todo el planeta.
