Por: Redacción CRITERIO
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En una carta enviada al presidente de Honduras, Juan Hernández, Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA), pidió al mandatario el cese inmediato de los asesinatos contra campesinos.
A continuación la misiva enviada
Señor Juan Orlando Hernández
Presidente de la República de Honduras
Tegucigalpa
Su despacho
Ref.: Doble asesinato de dirigentes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted a nombre de nuestras 90 organizaciones afiliadas en 18 países de la región, para expresarle nuestra más profunda indignación ante el brutal asesinato del presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), José Ángel Flores, en el cargo desde enero 2015, y de Silmer Dionisio George, trabajador de una empresa del asentamiento La Confianza, ubicada en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
De acuerdo con las informaciones que trascendieron, el hecho ocurrió a las 6 de la tarde del martes 18 frente a la tienda de consumo del asentamiento, luego que ambos líderes campesinos salieran de una reunión de junta directiva de las Empresas Asociativas de la Confianza, donde participaban alrededor de 40 campesinos.
Sicarios fuertemente armados a bordo de motocicletas, esperaron el fin de la junta para disparar contra los dirigentes que murieron en el lugar.
Su asesinato se suma al de decenas de campesinos organizados, cuya vida fue segada en el marco de un conflicto agrario originado por la expansión sin control del monocultivo de palma africana, la falta de acceso a la tierra para miles de familias del medio rural y la impunidad reinante en su país.
Señor presidente, ambos líderes campesinos gozaban de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde mayo de 2014 pero esto no valió de nada.
Como bien sabrá, las Naciones Unidas han reafirmado su profunda preocupación ante este escenario de creciente violencia, subrayando la urgente necesidad de que su gobierno dé pasos concretos para traducir ante la justicia los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos y atentados de los últimos meses.
Esta situación se vuelve aún más preocupante si consideramos que a siete meses del asesinato de la dirigente indígena y coordinadora del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, y a tres del de Lesbia Urquia, activista y luchadora social también vinculada al Copinh, dicha organización y sus respectivas familias siguen clamando por la creación de una comisión de investigación independiente e imparcial.
