Tegucigalpa, Honduras.- Desde la cúpula de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) sostienen que respetarán la nómina entregada por la Junta Proponente y, de igual manera, estar listos para comenzar los consensos y elegir al próximo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP) que deberían asumir los cargos a partir del próximo uno de septiembre.
Lo anterior lo aseguró el diputado oficialista que representa al departamento de Olancho en el Congreso Nacional, Rafael Sarmiento, al mismo tiempo, precisó que el objetivo de la oposición es que no se lleve a cabo la elección de la fiscalía para perjudicar la imagen del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
“De esa lista (entregada por la Junta Proponente) va a salir el nuevo fiscal general y adjunto. No tenemos cartas bajo la mesa, vamos a seguir construyendo consensos para alcanzar acuerdos por el bien de Honduras”, mencionó en medios de comunicación Sarmiento, quien integra la comisión de Seguridad del Congreso Nacional.
Agregó que “no vamos a permitir que intereses del golpismo pretendan imponer agendas ocultas defendiendo los grupos de poder, quienes se caracterizaron por auspiciar un golpe de Estado en 2009 y, además, pretenden boicotear el gobierno de la presidenta Xiomara Castro”.
Asimismo, aseguró que de la forma que “respetaron” la nómina de 45 candidatos que entregó la Junta Nominadora en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo harán con el listado que entregaron los proponentes el pasado primero de agosto de 2023.
“Ni con abogados que están fuera de la lista, ni con menos de 86 votos se elegirán a las autoridades de la fiscalía, tenemos que cumplir ahora en agosto con el mandato constitucional para elegir al fiscal general y adjunto, las bancadas estamos comenzando a conocer los perfiles de cada uno de los integrantes”, precisó.
“Posteriormente empezaremos a hacer acercamientos con las distintas fuerzas políticas para alcanzar la mayoría calificada y elegir a las nuevas autoridades que van a dirigir por cinco años el Ministerio Público para devolverle la paz al pueblo”, añadió.
Aunque lo expuesto por Sarmiento, en la práctica fue distinto, respetaron la nómina de 45 profesionales del derecho entregada por la Junta Nominadora, pero entre las bancadas mayoritarias dilataron por tres semanas el proceso tras no lograr llegar a ningún tipo de consensos.
Es decir, en febrero de 2023, en la elección de los magistrados, uno de los posibles escenarios era que no iban a escoger a ningún abogado que estaba en la lista y existían grandes posibilidades de meter a otros que estaban fuera del listado entregado por los nominadores.
La única manera que se logró escoger a los 15 magistrados del Poder Judicial fue gracias al acuerdo tripartito que pactaron las bancadas con mayor número de diputados en el Congreso (Nacional, Liberal y Libre) para, de esa manera, poner en cada cargo a personas que obedecieran a los intereses de la clase política y económica.
Los nuevos magistrados que estarán hasta 2030, fueron elegidos cinco días después que los anteriores, encabezados por el afín al Partido Nacional, Rolando Edgardo Argueta, uno de los aliados del expresidente Juan Orlando Hernández.
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NACIONALISTAS ENTORPECERÁN ELECCIÓN
Por ese antecedente y pese a tener un acuerdo, el director legal de Asociación Para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, considera que desde la cúpula del Partido Nacional buscarán extender el proceso de elección de la fiscalía porque el oficialismo no les ha cumplido en algunas decisiones que se han tomado en la agenda legislativa.
“El Partido Nacional estaba dispuesto a cooperar en todas las derogatorias, pero la falta de consensos y que no se les tome en consideración para generar una agenda en el Congreso trae consecuencias nefastas como entorpecer la elección del fiscal general”, analizó Madrid.
“Entonces, como no se les toma en cuenta en la derogatoria de decretos hechos en la administración anterior, no se prestarán para llegar a consensos en este proceso de elección y buscarán que el actual fiscal general (Óscar Fernando Chinchilla) continúe en el cargo”, añadió.
De acuerdo con Madrid, que el Congreso Nacional presidido por el diputado Luis Redondo, haya derogado, por ejemplo, el decreto 116-2019, mejor conocido como “Fondo Departamental”, aprobado en la administración del congresista Mauricio Oliva, provocaría que los nacionalistas no acuerpen en los consensos para la elección de la fiscalía.
El pasado dos de agosto el Congreso Nacional derogó dicho decreto y lo paradójico del caso, en contraste con lo expuesto por Madrid, es que la mayor parte de la bancada nacionalista no apoyó la derogación que se logró materializar con la mayoría de votos de Libre, liberales y Partido Salvador de Honduras (PSH).
Desde la bancada del Partido Nacional mantienen la postura que será difícil llegar a consensos porque, según sus argumentos, el oficialismo busca tener el séptimo fiscal a su medida, en palabras sencillas, que no investigue implicados en casos de corrupción e impunidad del actual gobierno.
Entonces, para que el primero de septiembre haya nuevas autoridades en la fiscalía, como lo manda la Constitución de la República, las dos personas que asumirán las máximas autoridades, tendrán que ser electas con la mayoría calificada de votos, es decir 86, y para ello debe existir unanimidad en la decisión tanto en la bancada de Libre, como en la nacionalista porque son las fuerzas con mayor número de diputados en el Poder Legislativo.
