La bancada del partido Libre asegura que no han propuesto nombrar una comisión de transición en el Ministerio Público, mientras diputados nacionalistas sostienen que el partido de gobierno tiene hasta un esquema jurídico para poner en marcha el supuesto plan
Tegucigalpa, Honduras.- Ante las constantes denuncias de los partidos políticos de oposición, diputados del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) aseguran que no han ni valorado la idea de declarar en emergencia el Ministerio Público (MP) para, de manera consecuente, nombrar una comisión de transición que esté integrada por los cinco abogados candidatos a llevar las riendas del ente investigador.
“Esta no es una propuesta avalada por la bancada del partido Libre, no nos hemos reunido para impulsar ese asunto (declarar en emergencia el Ministerio Público). Nosotros seguimos impulsando la elección del fiscal general y fiscal adjunto bajo el procedimiento establecido”, dijo a Criterio.hn el diputado suplente de Libre José Oved López.
El procedimiento que establece la ley para elegir a las nuevas autoridades del MP, se basa en un proceso de elección en el Congreso Nacional. Los diputados tienen la tarea de escoger de, entre cinco abogados, a los dos que cumplan con todas las exigencias para llevar las tiendas del ente investigador.
El proceso se concreta cuando unas de las mociones nominativas presentadas, en este caso dos (la oficialista y oposición en consenso), logra obtener el favor de la mayoría calificada de diputados, es decir, 86 votos, contrario a lo que ha pasado en los últimos 48 días en el Poder Legislativo.
Aunque López haya desestimado ese escenario, que sólo desataría una crisis en el ente investigador, el diputado Ramón Barrios que uno de los escenarios probables y que podrían estar impulsado es nombrar la comisión de transición por seis meses y que esta sea integrada por los abogados que propuso la extinta Junta Proponente.
“Si algún diputado de Libre lo ha expresado, ha sido bajo su propio análisis, no representando la postura de Libre. Además, con conocimiento de primera mano, le digo que esa idea no ha salido tampoco de la Junta Directiva del Congreso Nacional, como lo quieren hacer ver”, sostuvo el diputado López, suplente del vicepresidente del Poder Legislativo Rasel Tomé.
Criterio.hn trató de comunicarse con el diputado Ramón Barrios, que integra la comisión que investiga las irregularidades cometidas por el exfiscal general Óscar Fernando Chinchilla y el exfiscal adjunto Daniel Sibrián, para conocer cómo sería el proceso de nombrar esa comisión y sobre su legalidad, pero hasta la publicación de este artículo no respondió ni llamadas ni mensajes.
De igual manera, López confesó que, quien se encargó de hacer la propuesta de formar una comisión de transición en el Ministerio Público, fue el Partido Nacional, en una de las reuniones que sostuvieron para lograr consensos en el tema de la elección de las nuevas autoridades.
“Reitero que a nivel de bancada no hemos pensado en una comisión de transición, pero tengo entendido que esa propuesta originalmente salió de la boca de los diputados del Partido Nacional en la mesa de diálogo”, aseveró López, pero sin mostrar algún tipo de evidencia que confirmara su argumento.
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ARGUMENTOS DE LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN
Sin embargo, desde la cúpula de la bancada del Partido Nacional, integrada por diputados que han sido salpicados en emblemáticos casos de corrupción, sostienen que es el oficialismo el que pretende implementar esta medida, que sólo sumaría a la desestabilización en el legislativo.
“Esta directiva ilegal quiere declarar un estado de emergencia a lo interno del Ministerio Público y tomar una decisión para sustituir a las autoridades actuales con 65 votos”, dijo el jefe de la bancada del Partido Nacional Tomás Zambrano.
De acuerdo con Zambrano, el partido Libre y la Junta Directiva del Poder Legislativo, ya tienen hasta el escenario jurídico para establecer esta comisión de transición. “Eso es ilegal, sería un delito más atentar contra el Ministerio Público y sería darle un golpe técnico a esta institución”.
Además, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, días atrás denunció el supuesto plan que tiene orquestado el partido en el poder. Sin embargo, lo cierto es que, esto sólo se podría llevar a cabo mediante una sesión legislativa y con el apoyo de la mayoría simple (65) votos.
“(Nombrar comisiones) es totalmente ilegal; es inconstitucional y si hay diputados que voten por eso, le garantizo al pueblo hondureño que los iré a denunciar al Ministerio Público, porque esa no es una facultad que tenemos, establecer comisión de transición”, opinó la congresista.
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SIN POSIBILIDADES DE CONVOCAR A SESIONES
Pese a los posibles escenarios que podrían rodear el empantanamiento de la elección del fiscal, la Junta Directiva tiene 48 días sin convocar a sesiones, lo que ha desencadenado una parálisis legislativa que podría dilatar hasta la llegada la prometida misión anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al país.
Lo anterior, porque en el memorándum de entendimiento firmado por el gobierno hondureño y la Organización de Naciones Unidas en diciembre de 2022, ambas partes establecieron que el Congreso Nacional debe derogar algunos decretos que blindan y protegen a los corruptos, y aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, lo que no se ha cumplido en su totalidad. Y, mientras eso no suceda, el ente internacional anticorrupción no llegará al país.
Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, aunque es diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), respalda la posición del partido de gobierno, de no convocar a sesiones hasta que exista pleno consensos para llevar a cabo la elección de las nuevas autoridades de la fiscalía, que tendrían que haber sido nombradas desde el pasado uno de agosto.
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Otra consecuencia que ha provocado la ineficacia de los diputados, es que, ante el fallido proceso de elección, las riendas del Ministerio Público las quedó llevando, de manera momentánea, el abogado Daniel Sibrián, quien fue el principal cómplice de las estrategias ilegales que dirigió el exfiscal general Óscar Fernando Chinchilla, que desde el uno de agosto se marchó a Nicaragua, país que refugia a exfuncionarios nacionalistas que se encargaron de saquear las arcas del Estado en los últimos 12 años.
