Entrevista a Mario Argueta
Por: Daniel Vásquez
La vuelta del «zelayismo» al poder, después del golpe de Estado de 2009, ha abierto un nuevo ciclo político en Honduras. En medio de la resistencia de las elites y tendencias caudillistas del propio partido Libertad y Refundación (LIBRE), el gobiernos se enfrenta a múltiples desafíos, entre ellos la expandida corrupción, la penetración del narcotráfico y fuertes desafíos ambientales.
Honduras ha conocido importantes mutaciones políticas en el transcurso del último año. El tradicional Partido Nacional no solo perdió la Presidencia de la República luego de tres mandatos consecutivos, sino que también perdió a la mayoría de diputados. Acusado de participar activamente en las redes del narcotráfico, el ex-presidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos, donde se encuentra a la espera de su juicio. La familia Zelaya regresó a la Casa Presidencial tras una década de hábiles negociaciones políticas, subordinando bajo su mando a las mismas Fuerzas Armadas que derrocaron a Manuel Zelaya mediante un golpe de Estado en 2009. Xiomara Castro, esposa de Zelaya, inicia el segundo año de su mandato bajo el lema de «socialismo democrático», en un país polarizado y empobrecido.
Mario R. Argueta, historiador y bibliotecólogo, es uno de los principales observadores de los fenómenos sociales hondureños. Fundador de la Colección Hondureña de la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde también se desempeñó como docente, ha escrito decenas de estudios sobre historiografía hondureña, relaciones políticas con Estados Unidos, jefes de Estado, movimientos sociales y redes artísticas e intelectuales, entre los que se destacan Historia de los sin historia (1992); La gran huelga bananera. Los 69 días que conmovieron a Honduras (1995) y Tiburcio Carias Andino: anatomía de una época (2008). Su último libro, de próxima aparición, se centra en el general Oswaldo López Arellano, que gobernó Honduras entre 1963 y 1975 en el marco de un régimen militar. Es columnista de El Heraldo y reside en Tegucigalpa.
Argueta analiza en esta entrevista al primer año de gobierno de Xiomara Castro, quien maneja el poder ejecutivo con el apoyo del partido Libertad y Refundación (LIBRE), fundado por Zelaya.
¿Cómo caracterizaría al gobierno de Xiomara Castro y qué papel juega Manuel Zelaya en él?
Se trata, en mi opinión, de un gobierno de izquierda moderada, hasta ahora confinada en el plano discursivo. Falta que de las palabras se pase a los hechos. Hay que tener en cuenta el alto conservadurismo de las elites económicas y políticas de oposición, que perciben cualquier intención de modernización social como una amenaza frontal a sus privilegios de siempre, heredados y consolidados de generación en generación. El estilo de gobierno es similar al de Manuel Zelaya (2006-2009), que se apoyó en los maestros, campesinos sin tierra, militares y policías, con un discurso populista, pero en esta etapa ajustado a las lecciones derivadas del golpe de Estado. El respaldo venezolano, durante la presidencia de Hugo Chávez, ya no existe, pero sí hay buenas relaciones con otros mandatarios, entre los que se destaca el brasileño [Luiz Inácio] Lula da Silva.
El gobierno continúa con la política social de asistencialismo, tradicional en los regímenes anteriores al actual. ¿La razón? Se carece de una política estatal de transformación que conlleve cambios de fondo en favor de las mayorías, que sin ser radicales podrían impactar favorablemente en las dos terceras partes de la población, inmersas en la pobreza y la miseria.
Si el Partido Liberal (PL) se inspiró en la socialdemocracia costarricense de José Figueres y en los programas aperturistas de la Alianza para el Progreso de John Fitzgerald Kennedy, LIBRE pretende por su parte ubicarse en el mapa de la izquierda latinoamericana, sin un programa ideológico definido y coherente, por lo que se le ha calificado de «populista de izquierda». Manuel Zelaya, esposo de la presidenta Xiomara Castro, es oficialmente su principal asesor. Su influencia sobre su consorte es evidente, tanto en lo personal como en el terreno político oficial. Militante del PL, que lo postuló como su candidato a la Presidencia logrando la victoria electoral en 2005, una vez en el poder se fue desmarcando de su partido. ¿A qué se debió ese cambio y evolución ideológica? Se atribuye a su cercana colaboradora Patricia Rodas, hija del caudillo liberal y presidente del Congreso durante el régimen villedista (1957-1963) Modesto Rodas, y promotora de la prédica populista de Chávez.
Hace falta una biografía política de Zelaya. Su habilidad para superar a sus adversarios externos e internos es reconocida, pese a no poseer habilidades oratorias. Su influencia entre sus seguidores continúa vigente, aunque con menor grado de aceptación incondicional entre la intelectualidad de su partido, que critica un protagonismo oficial que hace sombra a la gestión presidencial de su esposa. Su estilo y sus estrategias continúan la tradición caudillista del pasado, con arreglos y negociaciones bajo la mesa, y con habilidad para atraer lealtades a cambio de favores de diverso tipo.
La presente administración continúa practicando el legado patrimonialista que caracteriza al sistema político hondureño. Los nombramientos de altos funcionarios y mandos intermedios se basan, en lo fundamental, en la lealtad hacia el caudillo y hacia la facción dominante dentro del partido hoy en el poder. LIBRE privilegia el apoyo incondicional por sobre la capacidad y la competencia en el desempeño del cargo público, práctica de todos los partidos políticos hondureños que llegan al poder o adquieren una cuota de él.
El nepotismo es una de las prácticas características del sistema político, lo que lleva a confiar los puestos claves en la administración a familiares cercanos. Ello se repite en el actual gobierno: dos hijos de Xiomara Castro fungen como sus asesores, uno de ellos es su secretario privado. Su sobrino es el ministro de Defensa. Su esposo es su principal asesor. Su cuñado es secretario del Congreso. Y una hija de la pareja presidencial es diputada.
El candidato nacionalista Nasry Asfura admitió la abrumadora derrota que sufrió su partido mediante un apretón de manos en casa de Xiomara Castro a pocos días de la jornada electoral de noviembre de 2021. Semanas después, una súbita y violenta crisis política se gestó en el seno de LIBRE, que condujo a la expulsión de casi la mitad de sus diputados. Días antes de la toma de posesión presidencial, Castro hizo un llamado a sus bases a ocupar el Poder Legislativo con el propósito de interferir en la conformación de la nueva Junta Directiva del Congreso. Hoy sucede algo similar con la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué manera se ha reorganizado recientemente el tablero político?
Desde el momento en que se han aprobado decretos con los votos de mayorías legislativas, independientemente de su filiación partidaria, se le ha dado legitimidad a la actual Junta Directiva del Congreso, más allá de si su integración inicial cumplió o no con los procedimientos contemplados en la ley respectiva. En el Congreso, LIBRE ha forjado alianza a medias con el otro partido que contribuyó a la victoria electoral de noviembre de 2021: el Partido Salvador de Honduras (PSH). Tales alianzas no son sólidas, varían dependiendo del tema que se discute. Ningún partido, por sí solo, cuenta con mayoría en el Congreso, por lo que es necesario forjar alianzas ad hoc con diputados afiliados a otros partidos políticos. La Junta Directiva se integró con diputados afiliados a LIBRE y al PSH.
La relación entre las cúpulas de ambos partidos se ha ido deteriorando en la medida en que sus dos caudillos, Manuel Zelaya y Salvador Nasralla, han ahondado sus discrepancias. Sin embargo, Nasralla ya no tiene control total sobre los diputados de su partido, lo que se refleja en las votaciones para aprobar legislación promovida por LIBRE: unos votan a favor y otros en contra. El presidente del Congreso Nacional, diputado afiliado al PSH, otorga su apoyo a LIBRE antes que a su propio partido.
LIBRE ha sido capaz, pese al divisionismo interno entre la facción mayoritaria -fiel a los Zelaya- y la minoritaria -disidente en algunos temas-, de forjar alianzas con el PL, que ha ido perdiendo caudal electoral, a punto tal de quedar relegado a un tercer lugar en las elecciones de 2013, 2017 y 2021. La más reciente victoria para LIBRE fue la aprobación del presupuesto general, que no había podido ser aprobado en diciembre de 2022 por no contar con suficientes votos. ¿Qué concesiones le facilitó LIBRE al PL para que le otorgara sus votos en el Legislativo? Se ignora, ya que tales arreglos continúan cubiertos por el secretismo, otro rasgo del sistema político hondureño.
El otorgamiento de fondos a los diputados de los distintos partidos políticos por parte del actual presidente del Congreso se inserta en una práctica previa de cooptación, lo que contribuye a inclinar la balanza, al momento de las votaciones, a favor de las iniciativas de ley promovidas por el partido que controla la Junta Directiva.
La integración de magistrados en la Corte Suprema de Justicia entre los dos partidos históricos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional, fue parte de la política habitual de reparto proporcional de los puestos claves en el Estado. La actual elección de los miembros de la próxima Corte Suprema de Justicia establecerá hasta qué punto las alianzas mencionadas son coyunturales o no. Así, el PN queda aislado en el seno del Congreso, al menos por ahora. Veremos cómo cambia la correlación de fuerzas políticas este año.
Las Fuerzas Armadas y la embajada estadounidense han fungido, en mayor o menor medida, como el poder tutelar del sistema político hondureño, intervienen en los asuntos públicos del país en forma discrecional y en ocasiones sirven de mediadores entre los apetitos de los contendientes en disputa. Tras ocho años de alianzas con el ex-presidente Juan Orlando Hernández, ¿cómo se perfilan las relaciones entre los militares, la embajada estadounidense y el gobierno zelayista?
Las relaciones entre el gobierno y el Ejército hasta el momento son correctas, sin aparentes tensiones entre ambos. Las Fuerzas Armadas son recompensadas con un incremento en su presupuesto anual para este 2023, a expensas del gasto social en salud. Su papel político continúa vigente, su influencia en la política hondureña es hoy más discreta pero no por ello menos efectiva. Los gobiernos civiles saben de esta realidad. Los militares generalmente actúan con prudencia y, dependiendo de quien ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo, con previa consulta con la alta oficialidad castrense y con Washington.
Es un hecho que altos oficiales militares y policiales han estado involucrados en el narcotráfico, derivando beneficios de la protección otorgada a quienes trafican con drogas con destino a Estados Unidos. Llama la atención que este país no haya pedido la extradición de ningún alto oficial militar hasta el presente.
Con respecto al gobierno estadounidense, una delegación civil y militar visitó Honduras este mes de enero y se reunió tanto con la presidenta cómo con sus colaboradores cercanos. Oficialmente, las reuniones tenían como objetivo coordinar acciones que tiendan a reducir la migración indocumentada de hondureños hacia Estados Unidos, así como reducir los niveles de corrupción e inseguridad ciudadana que afectan cotidianamente a la población. Las peticiones de extradición de compatriotas involucrados en el narcotráfico prosiguen. El actual gobierno continúa explorando, a su vez, la posibilidad de forjar lazos diplomáticos con China, quien las rechaza en tanto no rompa relaciones con Taiwán, algo que no es bien visto por Washington.
La relación entre Honduras y Estados Unidos se inscribe en el hecho de que nuestro país forma parte de lo que tradicionalmente Washington considera su «patio trasero», sumado a la posición geográfica clave de Honduras en el centro del istmo centroamericano, con fronteras terrestres con tres naciones: Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Además, las principales exportaciones hondureñas van dirigidas al mercado estadounidense, y el mayor volumen de importaciones proviene de él. Se estima que cerca de un millón de hondureños, documentados e indocumentados, residen en Estados Unidos. Los envíos de remesas a sus familiares en Honduras constituyen la principal fuente de captación de divisas que llega a nuestro país, superando el total de las exportaciones. Ideológica y culturalmente, las elites y clases medias están altamente influenciadas por Estados Unidos.
Según el último informe del Observatorio Nacional de la Violencia, entre enero y octubre de 2022 se registraron 252 muertes violentas de mujeres. La noche del 11 de enero, un joven de 19 años fue asesinado por múltiples disparos frente a la Casa Presidencial, en medio de un nuevo «estado de excepción» promulgado por el Ejecutivo. ¿Qué opinión le merecen la suspensión de las garantías constitucionales y el incremento de las facultades de las fuerzas del orden, al estilo salvadoreño, como disposiciones frente al fenómeno de la violencia?
En la última década, Honduras se ha convertido de forma creciente en un narcoestado, generador de violencia en las disputas internas por el control del comercio y de las rutas que conducen hacia Guatemala, desde donde la droga, proveniente de Colombia y Venezuela, es trasladada a México, con destino final Estados Unidos.
Paralelamente, las organizaciones delictivas conocidas como «maras» controlan cada vez en mayor medida las zonas urbanas marginadas, en donde imponen su voluntad, con el respaldo de policías corruptos que las alertan cuando se van a realizar operativos policiales. También cuentan con la complicidad de jueces venales que les extienden cartas de libertad, pese a las pruebas presentadas por la Policía. Ello genera sentimientos de frustración e impotencia en la población, que en ocasiones ha tomado la aplicación de la justicia en sus manos en el combate de la delincuencia común.
La violencia se desarrolla también en otras modalidades: disputas por tierras, por venganzas entre familias, violencia doméstica. A la vez, el Estado se ve a menudo superado por las bandas organizadas, y tomando como modelo lo implementado como reacción represiva estatal impulsada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, donde se han suspendido algunas garantías constitucionales, pero hasta ahora su resultado ha sido limitado en la reducción de la violencia, particularmente en áreas rurales de difícil acceso en las que la influencia del narcotráfico es poderosa.
Durante la administración de Hernández, se destinaron efectivos de la Policía Militar para ejercer labores policiales pese a no contar con entrenamiento previo para el desempeño de nuevas e inéditas funciones de vigilancia, y ese antecedente de remilitarización continúa vigente hasta la actualidad.
El pasado 7 de enero fueron asesinados Jairo Bonilla y Ali Domínguez, defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, y del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, ubicados en el norte del país. La policía aduce que el crimen se produjo en el contexto de un robo común, mientras que el Comité Municipal en Defensa del Ambiente en Tocoa invoca argumentos de tipo político. Una reciente investigación vincula a altos funcionarios del gobierno con los empresarios detrás del megaproyecto minero contra el que luchaban los ambientalistas. ¿Cuáles son las relaciones entre el gobierno y los diversos movimientos sociales? ¿Se puede esperar una mejoría en las condiciones de trabajo de los defensores de los bienes comunes?
Los defensores del medio ambiente y los patrimonios comunales continúan expuestos a ser víctimas de acoso, cárcel y asesinato. Esto incluye tanto a personas mestizas, indígenas, como afrodescendientes en distintos puntos del país, en donde se ubican bosques, ríos, depósitos minerales, o las tierras ubicadas en la costa caribeña por su potencial turístico.
Las relaciones entre el gobierno y los movimientos sociales son correctas, en tanto ya no se produce la represión oficial que se evidenció en los regímenes que gobernaron al país entre 2009 y 2021. Sin embargo, los reclamos de activistas ambientalistas que protestan por la continuidad de los megaproyectos mineros no reciben una respuesta estatal rápida y positiva, lo que desalienta y frustra a quienes exponen sus vidas para evitar la contaminación de los ríos y suelos en sus comunidades.
Si bien el asesinato de Berta Cáceres tuvo repercusión internacional, la realidad es que antes y después de ese crimen han ocurrido y siguen ocurriendo otros, no solo contra ambientalistas que rechazan el modelo extractivista concesionario impulsado por el Estado hondureño, sino también en contra de personas LGTBI+, de los defensores de los derechos ancestrales de los pueblos originarios, de los derechos de las mujeres y de la libertad de expresión, con autoría intelectual de poderosos intereses económicos con fuertes vínculos políticos. La gran mayoría de estos hechos no son judicializados y quedan así en total impunidad.
¿Cuáles son las expectativas respecto a la anunciada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e inspirada por la CICIG implementada hace unos años en Guatemala?
La justicia hondureña está sumamente desacreditada, tanto por la corrupción del sistema judicial como por la ineficacia en la impartición de justicia equitativa, independientemente de las consideraciones de clase y la posición socioeconómica de los imputados, por lo que el regreso de una comisión internacional dedicada al combate de la corrupción e impunidad es muy bienvenida por la ciudadanía, que recuerda la anterior, que en el corto tiempo que permaneció en Honduras realizó investigaciones de fondo que involucraron a altos funcionarios públicos. La frustración colectiva radica en la demora con la que llega la nueva comisión, esta vez ya no bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA), sino de la ONU.
